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Item Inadecuada aplicación del Art. 42 Núm. 1 literal B, del Código Orgánico Integral Penal dentro de la Causa No. 02202-2023-00570, por la participación del menor infractor como autor por omisión del delito de asesinato, causa sustanciada en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Guaranda.(Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. Carrera de Derecho. Abogado de los Tribunales de la República., 2024-05) Águila Sánchez, Byron Joel; Bazantes Escobar, Washington JavierEl presente caso versa sobre la comisión del delito de asesinato, hecho ocurrido en la Provincia Bolívar, en el sector denominado La Copa, a 200 metros del ingreso a la Comunidad de Guanto Cruz, perteneciente a la Parroquia Guanujo, lugar donde sucedieron los hechos; en el mismo se encuentra involucradas cuatro personas; entre ellas, un menor de edad de nacionalidad venezolana, quien es puesto a órdenes de la justicia, para que se inicie con el respectivo procedimiento. Desde el momento de la aprehensión del adolescente Ramos Gabriel Alvarado Rojas, le fueron violentados algunos derechos constitucionales, entre ellos fue no dar lectura el Artículo 77 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, siendo así que los agentes de policía omitieron ese error en torno al procedimiento; no obstante, fue subsanado por el fiscal en la Audiencia de Calificación de Flagrancia. Procediendo el juez especializado de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia a calificar la flagrancia y emitir la medida de internamiento preventivo, con la finalidad de que el menor asista a todas las diligencias y también Audiencia de Juicio. En la Audiencia de Evaluación y Preparatoria de Juicio se dictó auto de llamamiento a juicio en contra del menor infractor, por existir grandes presunciones de ser el COAUTOR del delito de asesinato, mismo que se encuentra contemplado en el Art. 140 numerales 4, 5, 6, del Código Orgánico Integral Penal, además guarda relación con el Art. 42, numeral 3 de la norma en mención y dentro de la audiencia el juez ratifica las medidas cautelares personales dictadas en la Audiencia de Calificación de Flagrancia y Formulación de Cargos. Finalmente, en la Audiencia de Juicio, el juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia resolvió que el adolescente Ramos Gabriel Alvarado Rojas, debió realizar alguna conducta para impedir que el victimario Valencia Rosember dispare contra la humanidad de Galarza Salas Alexander, y que simplemente se limitó a observar, y el juez de manera expresa y motivada en la sentencia estableció que: “El deber jurídico tiene su raíz en la propia conciencia ética del hombre ciudadano”; no obstante, se denota la vulneración al derecho a la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y demás derechos constitucionales, realizando una mala interpretación de la ley, ya que en audiencia de juicio se ha declarado culpable y se dictó sentencia condenatoria en contra del menor infractor llamado Ramos Gabriel Alvarado Rojas; ya que para el juez, la conducta del adolescente ha encajado en el Artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal en los numerales 4 y 5; así como también respondería por autoría directa por no haber impedido que se ejecute los disparos, teniendo el deber jurídico de hacerlo, “siendo una obligación que debe ser respetada por todos los individuos”; - es lo que indica el juez- justificando su conducta y que el menor infractor respondería por autoría directa conforme lo establecido en el artículo 42 numeral 1, literal b, del Código Orgánico Integral Penal.Item La responsabilidad subjetiva de los menores de edad frente al delito de sicariato en el Ecuador año 2022.(Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. Carrera de Derecho. Abogada de los Tribunales de la República., 2024-04) Piñaloza Gaglay, Rosa Luzmila; Chávez Taco, Marco VinicioEn el año 2022, Ecuador enfrentó un preocupante aumento en los casos de sicariato, un delito que involucra el asesinato por encargo. Uno de los aspectos más desafiantes de este problema fue la participación de menores de edad en actividades relacionadas con el sicariato. Este resumen ejecutivo aborda la cuestión de la responsabilidad subjetiva de los menores de edad en relación con este delito en Ecuador durante el año 2022. El sicariato es un delito grave que pone en peligro la seguridad y el bienestar de la sociedad. En el contexto ecuatoriano, se observó un aumento alarmante en los casos de sicariato, y las autoridades identificaron que algunos de los perpetradores eran menores de edad. Esto plantea interrogantes sobre cómo abordar la responsabilidad de los menores en relación con estos actos delictivos. El sistema de enjuiciamiento penal ecuatoriano establece que los menores de edad tienen una responsabilidad subjetiva reducida en comparación con los adultos. Sin embargo, frente a delitos graves como el sicariato entendido que en el Código Orgánico Integral Penal, este tipo penal está construido desde el punto de la calificación jurídica del sujeto activo que vendría a ser cualquier persona (mayor de edad), el mismo que tiene la calidad de autor directo y que mate a otra por precio, pago, recompensa, promesa remuneratoria u otra forma de beneficio, para sí o un tercero, o el denominado autor mediato quien en forma directa o por intermediación, encargue u ordene el cometimiento de este ilícito. Existe un debate sobre la necesidad de revisar y adaptar la legislación vigente para abordar de manera más efectiva la participación de los menores en estas actividades delictivas, que para el año 2022, no existía. Pero en la actualidad, mediante reforma constante en el Registro Oficial Suplemento No. 279, del 29 de marzo del 2023, y para tratar de abordar el problema se 3 reforma el COIP, y se establece un nuevo tipo penal que sanciona el reclutamiento de menores de edad para diferentes delitos. Esta infracción será sancionada con 10 a 13 años prisión, pero la condena se eleva hasta los 16 años “si el reclutamiento tiene relación con el cometimiento de tráfico de drogas, delitos contra la propiedad, contra la vida, contra la integridad sexual y reproductiva, delincuencia organizada, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, sicariato, extorsión, robo o terrorismo”, esto como mediada para fortalecer la legislación relacionada con la responsabilidad penal de los menores de edad. Se reconoce que aún se requiere un esfuerzo legislativo continuo para abordar de manera efectiva la participación de los menores en el sicariato y garantizar la seguridad y el bienestar de la sociedad. Consecuentemente para llevar de manera exitosa la pretensión investigativa se ayuda del el enfoque cualitativo con un alcance descriptivo documental para establecer la relación de responsabilidad entre el autor directo que en la presente investigación es un menor de edad y autor mediato del sicariato, aplicando la metodología bibliográfica documental y de campo; como instrumentos de recolección de información se aplicará las entrevistas Jueces Garantistas en materia penal, Fiscales y Abogados en libre ejercicio, cuyos criterios permitirán obtener información importante de la investigación.Item La extralimitación de funciones de los miembros de las Fuerzas Armadas y la vulneración de derechos en la frontera del Ecuador con Colombia, 2019.(Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. Carrera de Derecho. Abogada de los Tribunales de la República., 2024-03) Villarroel Chávez, Ana Teresa; Chávez Taco, Marco VinicioEn la provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio, Parroquia General Farfán, sector la Balastrera a orillas del Rio San Miguel, frontera con Colombia, existe varias actividades propias para dinamizar la economía de los pobladores, en este sector fronterizo del Ecuador, la custodia de la seguridad del territorio ecuatoriano está a cargo de las Fuerzas Armadas del Ecuador, además del control de armas, municiones y explosivos. La Constitución de la República del Ecuador, establece que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial y la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional, entendible que estas dos instituciones tienen misiones constitucionales diferentes. Entonces las F.F.A.A, de la lectura de carta magna, su competencia se reduce a la defensa de la soberanía de nuestro estado, y solo cuando exista un estado de excepción su colaboración con la Policía Nacional del Ecuador se relacionará con la seguridad interna, razón por la cual la justificación de la presente investigación se centra en el análisis objetivo del rol constitucional de las Fuerzas Armadas y su relación con los derechos de los ciudadanos en la frontera del Ecuador con Colombia, esto a propósito de un caso suscitado en el año 2019, concretamente en el sector fronterizo con Colombia, en la Balestrera, cerca de la orilla del río San Miguel, cantón Lago Agrio, ciudadanos se encontraban realizando fletes en canoa, cruzando personas y motos del lado Ecuatoriano al lado Colombiano y observaron que venían a carrera cuatro militares, uno de ellos conductor de una camioneta por tener un cilindro de gas se adentra al rio, en ese momento se escucha disparos resultando una persona fallecida. De las investigaciones dos militares fueron acusados por el delito de ejecución extrajudicial. Al efecto, se realiza una investigación aplicada con enfoque cualitativo y cuantitativo en razón de que se aplicará la técnica de la revisión bibliográfica y la encuesta que permitirá recabar información para su análisis e interpretación, cuyos resultados conlleven a entender el uso de la fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus funciones. Con esta investigación se pretende evidenciar el rol de las F.F.A.A, frente al cometimiento de delitos por parte de personas, y que los derechos como la propiedad y la vida son protegidos por la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos, en los cuales estos últimos exigen que los estados miembros entre ellos el Ecuador, se vean en la obligación de prevenir las violaciones de estos derechos fundamentales por parte de agentes del estado, imponerles una sanción pertinente y asegurar a las víctimas las reparaciones integrales.Item Análisis de la Causa No. 02571-2019-00182G, por el delito de tentativa de femicidio tramitado en la Unidad Judicial Penal del Cantón Guaranda, provincia de Bolívar, respecto a la indebida aplicación del principio non reformatio in peius.(Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. Carrera de Derecho. Abogado de los Tribunales de la República., 2024-01-09) Amangandi Ramírez, David Alexander; Chávez Taco, Marco VinicioEn el presente trabajo tiene por objeto poder analizar el principio de nom reformatio in peius como parte de un derecho penal mínimo del cual se derivan garantías básicas para el desarrollo del debido proceso penal, que han sido recogidas por el legislador en la constitución de Montecristi del año 2008, dentro de su artículo 77 numeral 14 en concordancia con lo estipulado por el Código Orgánico Integral Penal, en el Art. 5 numeral 7 en las que las disposiciones constitucionales y legales se ratifican en no poder empeorar la situación de del recurrente, al resolver una impugnación, en ese sentido es necesario poder estudiar las decisiones judiciales del proceso penal No. 02571-2019-00182G, por el delito de femicidio en grado de tentativa en torno de la aplicación del principio descrito como “nom reformatio in peius”. En el caso sometido a estudio dentro de su recurso de apelación se llegó a quebrantar las garantías que rigen el proceso penal, agravando la pena del recurrente con base a la recurrencia de la acusadora particular por lo que se modificó la pena de primera instancia que siete años y tres meses, a la de diecisiete años y tres meses contraviniendo lo expresado por la norma constitucional y legal donde además es contradictoria a la Sentencia No. 768-15-EP/20 desarrollada por la Corte Constitucional con referencia al principio de nom reformatio in peius como jurisprudencia de estricta aplicación, donde se desarrollan los derechos del acusador particular al interponer un recurso. La falta de una correcta aplicación de las garantías constitucionales que rigen el marco del desarrollo del proceso penal sobre esencialmente en la garantía de no empeorar la situación del recurrente en apelación, como se describe en el caso planteado, donde se refleja una expansión de la facultad punitiva de los administradores de justicia que terminan en decisiones arbitrarias, que necesariamente necesitan ser estudiadas a través del presente estudio de caso.Item El delito de abigeato en la parroquia San Vicente del cantón San Miguel de Bolívar en el año 2021.(Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. Carrera de Derecho. Abogado de los Tribunales de la República., 2023-12-05) Galeas Estrada, Luis Miguel; Noboa Larrea, Gonzalo EnriqueEn Ecuador, el ganado tiene gran trascendencia e importancia social y económica, es por ello que la normativa ecuatoriana ha tipificado al abigeato al manifestarse como una conducta penalmente relevante, atentando gravemente un bien jurídico protegido por el Estado, la propiedad. Ante lo cual, el Código Orgánico Integral Penal para esta conducta determinado un delito y una contravención, dentro de los delitos y contravenciones contra el derecho a la propiedad. Es por ello que la presente investigación se basará en el estudio de la del Código Orgánico Integral Penal, tras el estudio y valoración del comportamiento típico, sus elementos, el estudio de la parroquia San Vicente como una zona de mayor vulnerabilidad y todo lo que esta conducta punible de abigeato presenta. Con el tema investigado se trata de determinar si se garantiza el derecho a la propiedad, la seguridad y protección pública que este derecho requiere.Item La vulneración al principio constitucional del derecho a la presunción de inocencia frente a la crisis carcelaria del Ecuador en el año 2020.(Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. Carrera de Derecho. Abogado de los Tribunales de la República., 2023-11-09) Arguello Guamán, Ángel Alexis; Flores Pillajo, Robert EnriqueLa vulneración al principio de inocencia se ha evidenciado en el ecuador, cuyo factor que está en aumento y mucho más crítico este aspecto se vio reflejado en la crisis carcelaria del país en el año 2020, crisis que dejo al país muchos hogares destruidos y una débil administración de justicia ante el país y la región. Este trabajo se plantea como primer punto el estudio sobre el principio constitucional de presunción de inocencia y los requisitos normativos necesarios para que este derecho no sea tomado solo como una hoja mojada y sin valor. Además de los requisitos legales para delimitar el derecho a la libertad. Partiendo del conocimiento que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contario y deberá ser tratada con el estado de inocencia, dicho estado de inocencia se ve perdido con el pronunciamiento de una orden ejecutoriada o sentencia firme que ratifique su estado por parte del juez de garantías penales. Por lo tanto, este principio constitucional inscrito en la constitución del Ecuador es una garantía primordial para el respeto estricto al derecho a la libertad y demás derechos conexos a este. Principio constitucional Se entiende como principio constitucional a los preceptos que norman y tienen fuerza vinculante, cuya eficacia y posterior aplicación esta conexa al desarrollo normativo complementario. Además, son las prescripciones que delimitan el alcance axiológico y político de un orden jurídico, tienen como fin garantizar y asegurar la permanencia y el sentido de obligación del contenido de la constitución. La presente investigación se revelará si efectivamente existe la vulneración al principio constitucional a la presunción de inocencia en el sistema carcelario del ecuador en el año 2020, la postura acerca del tema es que se evidencia la falta de compromiso por 3 parte de los fiscales y jueces de garantías penales ya que estos son los encargados en recabar y decidir previo análisis la situación jurídica del procesado. Más bien tienen a la figura de prisión preventiva como un recurso que a todos procesado se le aplicará, cuando su verdadero fin y comisión solo se la contemplará de ultima ratio. Precautelando así el derecho fundamental a la vida y el derecho a la libertad; entendiéndose que la libertad se define como un derecho fundamental, sagrado e imprescriptible que todo ser humano posee, es decir es la facultad o cualidad del ser humano en actuar según su voluntad siempre y cuando respetando las leyes y de la misma manera el derecho de un tercero. Frente a la deplorable administración carcelaria del país que cuyo fruto podrido fue la matanza de gente inocente por un mal dictamen o una mala interpretación de la norma constitucional y penal del país. Esta investigación se facultará focalizando el problema, buscando y resolviendo las interrogantes y la naturaleza del surgimiento del problema. Además, con esto se logrará encontrará posibles soluciones, conclusiones y posteriores recomendaciones del tema a desarrollar. El método utilizado en este trabajo es el método científico ya que busca descifrar la verdad a través de los hechos, como así también el método histórico que permite entender y comprender la realidad de los acontecimientos puestos a estudios y por último los métodos inductivo y deductivo para obtener una sólida conclusión y entendimiento del tema.Item Análisis de la Causa No. 02332-2017-00421, por el delito de violencia psicológica en el Tribunal de Garantías penales de Bolívar relacionado con el principio de responsabilidad, celeridad y obligatoriedad de administrar justicia.(Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. Carrera de Derecho. Abogada de los Tribunales de la República., 2023-07) Ramírez Melena, Jacqueline Tamara; Chávez Taco, Marco VinicioEl presente análisis de la causa No. 02332-2017-00421 del delito violencia psicológica en contra de la mujer y miembros del núcleo familia en el Tribunal de Garantías Penales de Bolívar, sujetos procesales determinados en el proceso la victima señora Rebeca Patricia Arboleda Mora , el procesado señor Tonny Joselito Villagómez García y Fiscalía General de Estado, este delito está tipificado y sancionado en el ordenamiento jurídico ecuatoriano y en el Código Orgánico Integral Penal (antes de las reformas R.O. 175S, 05 II 2018.) en el art 127 numeral 1 manifiesta si la persona provoca daño leve, será sancionado con pena privativa de libertad de treinta a sesenta días. El proceso inicia con la presentación de la denuncia el día 15 de noviembre del 2015, que se suscita en las calles Guayas y Juan Pio de Mora del Cantón San Miguel Provincia de Bolívar, luego que la víctima se habría encontrado en su negocio, el señor Tonny Joselito Villagómez García, procede a agredir verbalmente a la ofendida, con fecha 3 de diciembre la primera fase del proceso penal lo realiza el fiscal como titular de la acción penal pública, tomando en cuenta los hechos presumibles constitutivos de delito, el fiscal solicita medidas de protección las pericias de reconocimiento de lugar en los hechos informe del entorno social y la importante valoración psicológica Luego de la petición del fiscal señala para el día 22 de mayo del 2017 la audiencia de formulación de cargos, el fiscal enuncia cargos por el delito de violencia psicológica al señor Tonny Joselito Villagómez García responsable del hecho. Se convocó para el día 25 de septiembre de 2017 a fin de que tenga lugar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, dictándose auto de llamamiento a juicio en contra del procesado antes nombrado por ser el presunto autor del delito de violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar, conducta tipificada en el Art. 157.1 del COIP. El Tribunal señala AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO, para el día 26 de marzo del 2020 en la que se decidirá la situación jurídica del procesado, cabe mencionar que se convocan once veces audiencia de juzgamiento con fecha 23 de febrero del 2022, fecha que se reinstala la audiencia y se resuelve, el tribunal declara al procesado responsable del delito de Violencia Psicológica contra la Mujer o miembros del núcleo familiar y se le impone una pena privativa de libertad de 30 días de prisión y multa de un salario básico unificado del trabajador en general; como reparación integral se fija como monto indemnizatorio el valor de doscientos dólares para la víctima. El procesado Tonny Villagómez, interpone recurso de apelación sobre la sentencia y el Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar, resuelven en fecha 19 de abril del ratificar íntegramente la sentencia. El procesado interpone recurso de casación sobre la sentencia expedida por la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar; este tribunal declara extinguida la acción penal, por haber operado la prescripción de la misma y se ordena el archivo de la causa. En el presente análisis de la causa es importante mencionar que para la investigación hemos establecido el método descriptivo porque permite examinar, el caso detalladamente determinamos la realidad presente en cuanto a los hechos, nos hemos apoyado para la fundamentación del estudio con el método Bibliográfico.Item El delito de terrorismo y sabotaje en Ecuador.(Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. Carrera de Derecho. Abogado de los Tribunales de la República., 2023-07) Rivera Cedeño, Luis Enrique; Calero Jaramillo, Eduardo EfraínLos delitos de terrorismo y sabotaje se enmarcan a nivel mundial como situaciones dañosas, que atentan contra la dignidad del Estado y generalmente de gente que resulta ser inocente. Sin embargo, en Ecuador se han tipificado actos como la protesta social, la participación ciudadana, la rebelión bajo estas figuras, particularmente en la época de mandato del ex presidente Rafael Correa, entre los años 2008 y 2013. En el presente trabajo de investigación se analiza a modo de observación a través del análisis sintético, algunos casos de esta temática, donde la justicia social y la libertad de expresión pudieron verse opacadas bajo el secuestro de la justicia y autonomía de poderes del ex mandatario. A pesar de contar con una normativa jurídica considerablemente nueva del año 2008, se evidencia tras esta investigación que se pudieron haber violado derechos de ciudadanos tras la máscara de criminalizar el derecho de opinar. Es importante indicar que la criminalización a la protesta social se la ha realizado para mantener a los grupos minoritarios del país silenciado por el no acceso oportuno a los derechos constitucionales, por lo que la libertad de expresión ha sido cuartada en muchos casos por los diferentes gobiernos de turno, donde se ha iniciado con procesos penales los cuales no han contado con fundamentos legales. Es menester hacer énfasis a la importancia de la libertad de expresión, derecho que ha sido consagrado en la Carta Magna Ecuatoriana, tratados y convenios 2 internacionales, ya que desde la Declaratoria de Derechos del Hombre y del Ciudadano en el año de 1789 en el artículo 11 donde se establece que: “La libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más valiosos del Hombre; por Consiguiente, cualquier Ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, siempre y cuando responda del abuso de esta libertad en los casos determinados por la Ley”. 1Item Análisis de la Causa N°02281-2021-00026, por el presunto delito de homicidio tipificado en el Artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, sustanciado en la ciudad de Guaranda, Provincia de Bolívar.(Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. Carrera de Derecho. Abogado de los Tribunales de la República., 2023-07) Erazo Gavilánez, David Israel; Bazantes Escobar, Washington JavierEn el presente caso de estudio se analizó el estudio de la criminología como ciencia interdisciplinaria la cual tiene un objeto multipartidista, tratando de estudiar al crimen, la víctima y el delincuente buscando estructurar un control social que atienda a las realidades criminales existentes en el país y el mundo. Partiendo de que la criminología nace de la antropología, psicología y la sociología creando de esta manera un término sólido el cual tiene como objeto principal buscar el problema y solución a la criminalidad ya que el delito es la consecuencia de factores sociales, económicos y políticos en el país. De tal manera los gobiernos han buscado regular las diferentes conductas antijurídicas, tratando de proteger a los diferentes bienes jurídicos y en el caso de que exista daño o lesión a estos bienes jurídicos buscar la reparación integral a la víctima y una rehabilitación y reinserción social para el delincuente. En el presente estudio se analizó como el Tribunal de Garantías Penales, impone una reparación básica sin considerar el perjuicio económico y emocional a la familia de víctima, ya que en la sentencia se estipula como reparación integral que el condenado pague a la familia de la víctima, la cantidad de MIL DÓLARES AMERICANOS ($1000, oo), considerando la vida productiva de la víctima. Y es ahí donde vale preguntarse ¿La vida de una familia vale $1000?00 dólares? Partiendo de que el Ecuador vive una ola de inseguridad en los últimos años teniendo, unos aumentos en el año 2020 se suscitaron 1372, asesinatos, 185 más que en el año 2019, en el año 2022 se registran 2.785 muertes violentas en los primeros ocho 15 meses del año, por el delito de asesinato fuero 2.521 casos, 186 por delitos de homicidio, 56 por femicidio y 22 por sicariato. Existiendo una percepción negativa de inseguridad por parte de la población ecuatoriana que va aumentando con el paso de los días, ya que en el territorio operan alrededor de veinte bandas criminales con decenas de miles de integrantes a lo largo y ancho del país. La metodología utilizada en el trabajo de estudio de caso, es un diseño no experimental con un tipo de estudio explicativo. Para el desarrollo de la investigación se utilizó el método histórico lógico el cual ha permitido encontrar los procedimientos aplicados a lo largo de la política criminal dentro de la causa N° 02281-2021-00026.Item Análisis de la Causa N° 02281-2017-00270G de la Unidad Penal del cantón Guaranda, por el delito de violación, respecto a la vulneración al derecho a la defensa, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica.(Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. Carrera de Derecho. Abogada de los Tribunales de la República., 2023-06) Erazo Velastegui, Alejandra Stefania; Chávez Taco, Marco VinicioEn el presente estudio de caso analiza la vulneración al Derecho a la Defensa, Tutela Judicial Efectiva y Seguridad Jurídica, por parte de quien ejerce la titularidad del ejercicio de la acción penal pública siendo esta la Fiscalía mediante el Agente Fiscal, no realizo una investigación apegado a lo que dentro de sus atribuciones conferidas en el ordenamiento jurídico debe realizar la “investigación pre procesal y procesal penal, de oficio o a petición de parte, labor que debe desempeñarla bajos los principios de oportunidad y mínima intervención penal” (2014). Acciones que dentro de la causa N° 02281-2017-00270G, por el delito de violación, se enmarcan en una vulneración al Derecho a la Defensa, Tutela Judicial Efectiva y Seguridad Jurídica que cuenta el procesado, ya que al mismo no se ha negado el derecho a la defensa al no requerir su versión que pueda contradecir lo manifestado con la víctima y los resultados de las investigaciones, mencionando además que el principio de contradicción es un principio fundamental del derecho penal y de la realización de un juicio justo. Todo el Sistema de la Administración de Justicia debe regirse en base a los principios y reglas previamente establecidos los cuales permiten que no se lleguen a determinar posibles vulneraciones de Derechos como son que se analizará en el presente estudio de caso. El Sistema en el que se halla consagrado la Administración de Justicia en el País, no permite la intromisión o el impulso de los jueces dentro de los procesos judiciales ya que el Sistema Acusatorio Adversarial abre la posibilidad que sean las partes quienes como adversarios siendo una de ellas acusador en el caso de Fiscalía, den impulso al proceso. En el marco del ejercicio de las funciones de la Fiscalía, deberá ser siempre con una mirada objetiva en el que su criterio no se debe inclinar , ni dejarse llevar, por dadivas, ni lágrimas, la objetivad como un principio fundamental de Derecho Penal y de la labor Fiscal, permite que se realice una investigación en la que se encuentren elementos de cargo y de 14 descargo, ya que su función no solo es acusatorio, y en si buscar los elementos para poder emitir su acusación, su función debe estar orientada a la búsqueda de la verdad de lo que realmente aconteció en la relación de los hechos. En el estudio de caso se manejó las siguientes metodologías de investigación, documental, descriptiva y cualitativa, siendo estas a las adecuadas para la realización del estudio del presente caso en donde se analiza la vulneración del Derecho a la Defensa, Tutela Judicial Efectiva y Seguridad Jurídica, es por esta razón que el uso de la metodología documental permitió la búsqueda y posterior análisis de información localizada en libros, revistas, artículos, trabajos de investigación de conocimiento jurídico, que permitió en mejor entendimiento jurídico y doctrinario de Derecho a la Defensa, Tutela Judicial Efectiva y Seguridad Jurídica, que va de la mano con la metodología de investigación descriptiva que permitió la descripción de los fenómenos o problemas existentes en el estudio de caso, en relación a la actividad del órgano jurisdiccional encargado del conocimiento y análisis objetivo de la causa para su resolución en el presente caso de violación a una menor de edad con discapacidad, siendo necesaria la apreciación de las dimensiones, características y las cualidades que tiene el objeto de estudio, que permitió llegar a una comprensión absoluta en torno al impacto de los resultados obtenidos.