Derecho al buen vivir y la inseguridad ciudadana en el cantón Guaranda en el año 2021.

Abstract

La celeridad procesal como norma constitucional es un principio que debe ser aplicado por los órganos jurisdiccionales, a fin de que todos los delincuentes que deban evacuarse en una contienda judicial sean rápidas y eficaces. Nuestra constitución del Ecuador determina el principio de celeridad, la misma que debe ser expedita y efectiva, debemos analizar si este principio se cumple a cabalidad y poder comprobar si su aplicación, hoy en día al alto porcentaje de delincuencial, ha llevado a que la justicia se encuentre sometida a estos grupos quedando la celeridad procesal como utopía. Actualmente con la implementación de los principios de inmediación y concentración se pretende mejorar la administración de justicia. El ordenamiento jurídico ecuatoriano, establece tutela judicial efectiva como un derecho de protección del estado ecuatoriano para los ciudadanos, sin embargo se observa un sistema judicial viciado con tramites sin la debida aplicación de la tutela efectiva ya que los procesados son puesto en libertad lo más rápido posible, es decir una vez que son detenidos y puestos a órdenes del fiscal por la falta de formulación de cargos o aplicación indebida de las personas que intervienen en los juicios lesionan los derechos de quienes necesitan acudir a los órganos judiciales en búsqueda de tutela judicial efectiva para solucionar los inconvenientes que se susciten según el caso. Es irónico acudir a la justicia en busca de ella, y encontrarse con todo lo contrario, un sistema judicial viciado que no facilita la aplicación de los principios constitucionales y la garantía a la seguridad jurídica.