Análisis de la Causa N. 02332-2019-00342G, respecto al principio de prohibición de autoincriminación, su relación con la prueba ilícita, por delito de asesinato, en el cantón San Miguel, provincia Bolívar.

Abstract

La prueba es un presupuesto jurídico elemental, porque esta permite demostrar algo que se presume, la pertinencia de la prueba en la actividad procesal, es con la única finalidad de alcanzar la certeza judicial, sin embargo, dentro de la Constitución de la República se ha previsto una serie de garantías constitucionales que amparan la obtención de dichas pruebas y uno de ellas es el consentimiento para la extracción de muestras fluidos y demás, esto permite obtener una prueba lícita. En este sentido, el presente estudio de caso refleja las inconsistencias jurídicas, respecto a la obtención de la prueba ilícita, y la autoincriminación por parte del procesado, quien, al momento de ser sometido a la extracción de rastros de pólvora de sus manos sin la presencia de un abogado, se vulneró uno de sus derechos constitucionales, determinados en el art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador. Ahora bien, los errores judiciales, en el presente caso denotan la “eficiencia” de la administración de justicia, ya que, en la Sentencia del Tribunal de Garantías Penales de Bolívar, por un error tipográfico, el cual no fue rectificado a tiempo se declara la nulidad de la audiencia de juzgamiento, debiendo conocer otro Tribunal, quien desde su objetividad declara inocente al procesado, por no arribar a la certeza de los hechos que se le imputan. Estas falencias judiciales, permiten demostrar que la Justicia, no siempre es justa, porque a pesar de conocer cuáles son los lineamientos establecidos en el ordenamiento jurídico, muchas veces se hacen los de la vista “gorda”, y cometen injusticias, obteniendo pruebas ilícitas, incidiendo en la autoincriminación del sospechoso, con la única finalidad de que quien dirige la investigación pre procesal y procesal penal, llegue a “ganar” a través de su supuesta teoría.