El estado constitucional de derecho en la legislación ecuatoriana y la crisis de la función judicial en la actualidad.

Abstract

En el año 2008, se marcó un hito en la historia del estado ecuatoriano; pues desde que se dictó la última Constitución que aún está vigente se declaró al Ecuador como un “estado constitucional de derechos y de Justicia social”; premisa legal que abarca varios aspectos, ante los cuales se encuentra uno de los más relevantes que es la equidad al impartir justicia a través de los órganos jurisdiccionales pertinentes y facultados por la Constitución y la ley correspondiente; situación que en los últimos tiempos ha perdido peso y ha ganado el espacio de la falta de credibilidad en la ciudadanía. Es así que el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece que ‘’El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible’’. (Ecuador, 2008) Se establece un ideal importante de lo que debe ser el Estado ecuatoriano en términos de derechos y justicia. Sin embargo, la realización de estos principios enfrenta 3 desafíos significativos en la práctica. Para superar la crisis de la función judicial, es esencial promover reformas que fortalezcan la independencia judicial, mejoren el acceso a la justicia para todos los ciudadanos, y aumenten la eficiencia y transparencia del sistema judicial. Solo así se podrá avanzar hacia un verdadero Estado constitucional de derechos y justicia. La función judicial es uno de los cinco poderes del estado que se encuentran establecidos en la Constitución del 2008, la cual se encarga de velar por la seguridad jurídica, el cumplimiento de la ley y otorgarle a cada quien lo que le corresponde conforme a derecho; la importancia de su independencia, su transparencia, legalidad, imparcialidad y tutela judicial efectiva al momento de resolver las causas son importantísimas tanto para el desenvolvimiento interno social dentro del Estado como para la visión que demos en el exterior como país que respeta esta declaratoria solemne de Estado Constitucional de Derechos y de Justicia Social. En la última década se ha ido trastocando la función que cumplen el organismo de la función judicial, lo cual ha sido evidente pues varios escándalos han rodeado el accionar de sus funcionarios, creando un ambiente de inestabilidad institucional y falta de credibilidad en la ciudadanía acerca de sus actuaciones como ya se enfatizó en líneas anteriores; lo que ha traído consigo consecuencias nefastas entre una de ellas la más relevante la inseguridad y los altos índices de violencia en el estado ecuatoriano. Por lo expuesto es importante que este análisis permita determinar causas y consecuencias de la actual crisis de la Función Judicial y cómo esta contradice la declaratoria plasmada en la Constitución del 2008 acerca del estado de derechos y justicia social. Este trabajo se enfoca en un análisis crítico basándonos en doctrina, principios básicos declarados para el funcionamiento de la Función Judicial y su sistema procesal, 4 siendo necesario tratar de evidenciar las causas y las consecuencias de esta crisis jamás antes vista en nuestro país. La metodología que se va aplicar en esta investigación es la descriptiva y explicativa, pues es necesario describir el fenómeno social investigando bibliografía, norma legal y casos prácticos que ya se han suscitado en el Ecuador acerca de esta temática; complementándolo con lo explicativo que permitirá establecer causa y efecto el fenómeno estudiado, a hacer relaciones y concluir además con el método dogmático e interpretativo de la norma constitucional y legal, pues a través de estos métodos se ofrece una respuesta al problema tratado.