El proceso de legalización de tierras rurales estatales: análisis de su alcance, eficiencia y seguridad jurídica en el marco normativo vigente.

Abstract

La tierra rural estatal en el estado ecuatoriano representa un componente esencial dentro del régimen agrario y de desarrollo rural, al constituirse como un recurso estratégico para garantizar el acceso equitativo a la tierra, promover la soberanía alimentaria y consolidar los derechos de las poblaciones campesinas y ancestrales; gran parte de la tierra aún en los actuales momentos se encuentra sin un legítimo propietario o a la vez están siendo trabajadas y usufructuadas por habitantes de la zona rural, quienes para acceder a beneficios y apoyos estatales requieren legalizar su propiedad. El presente trabajo de investigación titulado “El Proceso de Legalización de Tierras Rurales Estatales: Análisis de su Alcance, Eficiencia y Seguridad Jurídica en el Marco Normativo Vigente”, tiene como propósito analizar el proceso jurídico y administrativo mediante el cual el estado ecuatoriano adjudica estas tierras a quienes las poseen y trabajan, evaluando su efectividad y las garantías jurídicas que ofrece a los beneficiarios; pues una de las obligaciones del estado es planificar la organización del territorio nacional de manera ordenada y legal, propendiendo a brindar facilidades a los ciudadanos para legalizar aquellos predios que se encuentran sin dueño y tiene potencial para aportar a la soberanía alimentaria del país. El régimen de tierras rurales a través de la historia ha estado marcado por procesos de concentración de la propiedad y conflictos agrarios que motivaron la implementación de las reformas agrarias de 1964 y 1973; estos procesos, si bien buscaron democratizar el acceso a la tierra, dejaron a su paso situaciones de ocupación y uso de tierras estatales sin títulos formales, dando origen a un fenómeno de informalidad jurídica en el campo. Posteriormente, con la Constitución del año 2008 y la promulgación de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales en 2016, el estado asumió el deber de regular y garantizar la adjudicación de estos predios bajo principios de equidad, productividad y respeto a los derechos colectivos e individuales. En este contexto, el presente trabajo de investigación aborda el análisis integral del proceso de legalización de tierras rurales estatales, considerando su marco legal, su aplicación práctica y las dificultades que enfrentan los usuarios para obtener la titularidad sobre los predios que históricamente han trabajado; se identifican como elementos centrales la participación de instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Sistema Nacional de Información de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales; y, los registros de la propiedad, actores encargados de viabilizar el proceso de adjudicación y formalización. Para realizar el presente trabajo de investigación se utilizó una metodología cualitativa y documental, complementada con entrevistas a expertos, funcionarios públicos y representantes de comunidades rurales, con el fin de obtener una visión integral de la problemática; asimismo, mi trabajo permitirá reflexionar sobre la eficiencia del proceso en la garantía del derecho al acceso a la tierra y su incidencia en el desarrollo rural sostenible. Se propone identificar las principales falencias del procedimiento actual y plantear recomendaciones orientadas a fortalecer la seguridad jurídica de los beneficiarios y así optimizar la gestión estatal referente a las tierras rurales. Con este trabajo de investigación busco también aportar al debate académico y jurídico sobre la importancia de garantizar procesos de legalización ágiles, seguros y efectivos, que permitan a los ciudadanos ejercer plenamente sus derechos sobre la tierra, contribuyendo así a la justicia social, la reducción de la pobreza rural y el fortalecimiento del sector agrícola en nuestro País.