Análisis jurídico de la informalidad laboral y las consecuencias jurídicas de la falta de afiliación a la seguridad social en el sector informal, en el cantón Guaranda, año 2024.

Abstract

La informalidad laboral configura un fenómeno de carácter social, que parte de la ausencia de un vínculo laboral formal; que inhibe al trabajador el goce de un contrato, afiliación al seguro social, de salarios y beneficios contemplados en el Código de Trabajo, así también, en los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales. En esta situación, la informalidad trae consigo desafíos de orden jurídico que se traducen en la desprotección social; afectando a los trabajadores al dejarlos al margen del sistema contributivo, para beneficios como salud, pensiones y riesgos de trabajo. Por otra parte, y abriendo un poco el panorama, el impacto no sólo es para el trabajador en sí, sino, que se menoscaba la financiación del sistema fiscal y de seguridad social, siendo susceptible a la evasión tributaria de pequeñas empresas informales, ya que, en la generalidad de los casos, estas relaciones no se documentan, perjudicando la economía interna. Bajo este contexto, las consecuencias jurídicas dentro del sector informal son complejas y de gran impacto para un porcentaje significativo de la población económicamente activa, ya que no pueden acceder a cobertura de salud, pensiones, gastos por accidentes, etc., quedando desprotegidos por la falta de previsión social. Por su parte, el Estado, tiene la responsabilidad obligatoria de diseñar medidas o programas que fomenten el trabajo y por ende la afiliación al seguro social, por lo que, es un derecho constitucional y de orden público, en donde la estructura del sistema se complementa: el Estado requiere de las aportaciones de los trabajadores para dinamizar la economía y, a su vez, los trabajadores necesitan tener ese respaldo que les permita mejorar su calidad de vida. El Estado, a través del gobierno de turno, debe enfocarse por recuperar la confianza en sus instituciones, entre ellas el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; con el fin de que quienes se encuentren en informalidad, coticen los servicios de protección social, derrumbando barreras como altos costos de contribución, desconocimiento de los beneficios de la afiliación y la incertidumbre causada por la deficiencia en la administración y control del sistema. La informalidad, a más de ser un fenómeno económico, es un problema jurídico y social que afecta el equilibrio y la sostenibilidad del sistema. En el caso del cantón Guaranda, el trabajo informal afecta a una parte significativa de sus habitantes, los cuales realizan formas de trabajo autónomo o eventuales, provocando inestabilidad en los ingresos de las familias y consecuentemente, pobreza y vulnerabilidad.