El derecho a recibir pensiones alimenticias y su incidencia en conductas infractoras de los adolescentes, cantón Guaranda, año 2024.

Abstract

El derecho a recibir pensiones alimenticias es considerado un derecho fundamental, en tanto se encuentra estrechamente vinculado con la satisfacción de las necesidades básicas de niños, niñas y adolescentes, garantizando así una vida digna y el respeto al principio del interés superior del niño y del adolescente. Es por eso que nuestra normativa vigente, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, la Constitución de la República del Ecuador, establece de manera clara la obligación del pago de las pensiones alimenticias, no se encuentra limitada unicamente a la alimentación sino que también comprende los gastos que se relacionan con la educación, la salud entre otros aspectos que son esenciales para el fortalecer el desarrollo integral del menor. Este derecho tiene una duración hasta los dieciocho años de edad, con un posibilidad pequeña de extenderse hasta los veintiún años como la ley dispone. La falta de recibir la pensión de alimenticia, tiene un vínculo directo con la manifestación de conductas infractoras en los adolescentes, por lo cual se configura como un problema social de gran magnitud. Esto produce una condición de vulnerabilidad debido a que las carencias en su hogar, puede generar ambientes en el cual el menor se obligue a cometer conductas delictivas para obtener algo para su casa. En este sentido, la presente investigación sostiene que el cumplimiento adecuado y oportuno del pago de la pensión alimenticia, conforme a la tabla de pensiones establecida, contribuye de manera significativa a la estabilidad socioeconómica del menor, favoreciendo condiciones de vida dignas, un desarrollo integral y la prevención de conductas infractoras. Con todo lo que se ha expuesto, el cumplimiento del derecho a alimentos no solo es una obligación por parte del progenitor, sino también es un deber del Estado, para que, a través del sistema judicial, se garantice la efectividad de este derecho y así se de facilidades para cobrar y en caso de no hacerlo se establezca sanciones para quienes incumplan con este deber. Con el objetivo de proteger a los menores y evitar que sean vulnerables para cometer estas conductas delictivas. Por lo tanto, la vulneración de este derecho, no solo afecta al ámbito económico, sino que afecta a la exposición de los adolescentes a lugares inseguros, provocando así desajustes emocionales y conflictos familiares. Esto puede provocar la aparición de conductas infractoras, se dan como una repuesta a la carencia en su entorno familiar.