La ausencia de una tipificación específica en el Código Orgánico Integral Penal sobre la desprotección de las víctimas de delitos de contenido falso, o “deepfakes.

Abstract

La investigación examina la ausencia de una tipificación penal específica en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador frente a los deepfakes y los efectos que ese vacío produce sobre la tutela de bienes jurídicos como la intimidad, la imagen, la honra, la identidad, la privacidad y la integridad personal. El inconveniente jurídico se advierte en que la legislación penal vigente incluye figuras afines a la materia, pero no elabora una descripción típica que considere de forma explícita la creación, manipulación o utilización de contenido sintético atribuido falsamente a una determinada persona identificable. A partir de aquí, el objetivo general fue analizar esa falta normativa y elaborar un marco regulatorio para su sanción. La investigación se desarrolló con un enfoque cualitativo y recurrió al método documental, al método interpretativo y al análisis jurídico; y como técnica principal se aplicó la revisión documental de fuentes normativas, doctrinales, jurisprudenciales y comparadas, entrelazadas con entrevistas a una jueza de garantías penales, un fiscal y un defensor público. Se tuvo la capacidad de la investigación para llegar a la conclusión de que el Código Orgánico Integral Penal no establece de manera directa la creación sintética de contenido falso mediante inteligencia artificial, dejando así sin encaje específico el núcleo comisivo del deepfake. Se corroboró que el artículo 178 del mismo cuerpo legal ofrece un nivel parcial de cobertura respecto de aquellos hechos de acceso, reproducción o difusión de contenido preexistente, sin entrar a mencionar la fabricación sintética del contenido. A ello, además, se añaden las dificultades probatorias en lo que se refiere a la autenticidad del archivo, a la trazabilidad, a la determinación de autoría y a la verificación forense. En esas condiciones, la falta de una tipificación específica supone una limitación de la respuesta penal clara y suficiente, favorece problemas de subsunción y debilita el resguardo de los bienes jurídicos comprometidos, por lo que se hace necesaria una reforma legislativa vinculada con un refuerzo institucional en la investigación digital y en la pericia forense.