Violación al principio de objetividad respecto del juicio de tipicidad dentro de la Causa N° 02332-2018-00069G, por el delito de estafa en el cantón San Miguel, Bolívar.

Abstract

El presente trabajo de titulación, bajo la modalidad de estudio de caso, pretende evidenciar como la falta de objetividad por parte de quien dirige la investigación pre procesal y procesal penal, afecta a la tipicidad de un delito, vulnerando los derechos de la víctima, y del procesado, a pesar de que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 195 refiere, que la Fiscalía dirigirá de oficio la investigación preprocesal y procesal penal , con especial atención al interés público y a los derechos de la víctimas, y si es que se hallase méritos se acusará a los presuntos infractores e impulsará la acusación en el juicio. A pesar de ser clara, y precisa la norma legal, tal como refiere el articulado de la seguridad jurídica, así como de la competencia de la Fiscalía, y el articulo 5 numeral 21 del Código Orgánico Integral Penal, como parte de sus principios a positivado a la objetividad como aquel instrumento primordial en un proceso legal, sin embargo, los agentes fiscales hacen caso omiso de la disposición legal y sustancian causas que comprometen dos aristas, una desde el enfoque de la víctima a través de un proceso sin asidero legal y sustancial para la reparación de los daños, y otro al sospechoso que luego se transforma en procesado, a quien se le priva de su derecho humano como es la libertad. En este contexto y a fin de demostrar prácticamente que estos casos suceden a diario, se ha tomado como ejemplo al proceso judicial N° 02332-2018-00069G, por el presunto delito de Estafa, se sustanció hasta la última etapa procesal como es la audiencia de juicio, y a pesar que desde el inicio existieron inconsistencias, incluso, abusando del derecho se priva de la libertad al sospechoso, sin garantizarle el debido proceso, y tutela judicial efectiva, lamentablemente, la justicia en el Estado ecuatoriano, no es eficiente al cien por ciento, pues incluso, paso privado de su libertad más de un año, lo que llevo a la caducidad de prisión preventiva, evidenciándose que no existe una correcta Administración de Justicia, y a pesar de que se han determinado un sinnúmero de principios procesales, quedan simplemente en letra muerta, afectando los derechos de las partes procesales.