Análisis de la Causa No. 02281-2019-00730 por daños materiales en el delito de tránsito en la aplicación del principio procesal de objetividad, cantón Guaranda provincia Bolívar.

Abstract

El Código Orgánico Integral Penal tiene el propósito de normar el ius puniendi o poder punitivo del Estado, ante la desobediencia de los ciudadanos en las leyes el Estado tiene la facultad de castigar a los individuos por el cometimiento de delitos imponiendo sanciones adecuadas, en el código antes mencionado se encuentran tipificadas las infracciones penales producidas por las acciones y omisiones de los individuos. Además, en esta norma jurídica penal se establece cada uno de los procedimientos a seguir para cada delito con aplicación y observancia del debido proceso constitucional, promoviendo la rehabilitación de aquellas personas que han sido previamente sentenciadas y garantizando una reparación a las víctimas en la vulneración a sus bienes jurídicos protegidos. El estudio de caso que nos incumbe es la causa No. 02281-2019-00730 por daños materiales en el delito de tránsito, con un enfoque en el principio de objetividad aplicado por parte del agente fiscal, la objetividad permite que el agente fiscal pueda adecuar los hechos ocurridos a un criterio objetivo, relacionando la acción del individuo a delitos que se encuentran establecidos en la ley penal, para posteriormente poder emitir una acusación en contra del sospechoso. El rol que cumple el fiscal en las investigaciones es muy importante, es el encargado de reunir todos los elementos de convicción realizando las diligencias y buscan elementos tanto de cargo como de descargo para demostrar la existencia de una actuación imparcial por su parte en las investigaciones que estén bajo su cargo. Los delitos de tránsito con daños materiales, ameritan la misma importancia e investigación que cualquier otro delito establecido en el Código Orgánico Integral Penal, ya que estos también se producen por la desobediencia de la normativa, por lo que se analiza el caso para determinar el procedimiento y actuaciones fiscales y judiciales realizadas en la causa para determinar la influencia que tiene el principio de objetividad.