Estudio de la Causa N° 02202-2019-00677, para la aplicación del principio del interés superior del niño, niña, para determinar la competencia del juzgador en los juicios de tenencia, cantón Guaranda provincia Bolívar.

Abstract

En el presente proyecto de titulación, en su modalidad estudio o análisis de caso tiene por objeto estudiar el principio del interés superior del niño, niña, para determinar la competencia del juzgador en los juicios de tenencia, provincia Bolívar, dentro de la causa asignada con el N° 02202-2019-00677. Caso que se desarrolló en el Cantón Guaranda con la participación del actor Cesar Aurelio Chulco Punina y la demandada Rosa Elvira Moya Barriga, por lo tanto se realizará un estudio sobre el principio del interés superior del niño y la competencia del juzgador dentro del caso de tenencia, el interés superior del niño se encuentra en el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador y en el artículo 11 del Código Orgánico de la niñez y Adolescencia, el mismo que establece, Es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales, a las instituciones públicas y privadas el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. La Constitución de la República del Ecuador dispone en el art.11, numeral 1. Que el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento. Para que el Estado logre tener una estabilidad Política, segura, justa y para que sus habitantes puedan tener una paz social es necesario la intervención de la seguridad jurídica, ya que en si es una herramienta básica con la cual dispone el país, para que todo

IX el sistema jurídico funcione de una manera correcta y a través de las y los juzgadores interpongan justicia aplicando las disposiciones vigentes dentro de la ley. “define este principio como un bien jurídico protegido por las legislaciones, que se hace tangible a la hora de tomar decisiones relativas a los derechos de la niñez y la adolescencia. Éste sirve como una fuente de herramienta jurídica cuando se produce algún tipo de antagonismo o contraposición entre los derechos del menor y los de otra persona, ante esta situación la autoridad competente tiene la responsabilidad y obligación de resolver de la manera más justa y efectiva, pero siempre garantizando los derechos del niño, niña o adolescente” (Montejo, 2017, pág. 3)

Tenemos que el Código Orgánico General de Procesos, dispone en su Art.9 “Competencia territorial. Por regla general será competente, en razón del territorio y conforme con la especialización respectiva, la o el juzgador del lugar donde tenga su domicilio la persona demandada” (Código Orgánico General de Procesos , 2019,art.9)

El artículo 156, del Código Orgánico de la Función Judicial, “nos manifiesta que la competencia es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está distribuida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las personas, de la materia y de los grados” (Código Orgánico de la Función Judicial, 2017,art.156) Es decir que la competencia es la capacidad legal de ejercer jurisdicción, es la potestad que tienen los jueces para resolver en una causa concreta y determinada.