Estudio doctrinario y jurídico en el procedimiento abreviado como un mecanismo de protección de derechos o de criminalización, en la Unidad Judicial Penal del cantón Guaranda, provincia de Bolívar, año 2021.

Abstract

La investigación está orientada en un estudio jurídico y doctrinario de lo que implica el procedimiento abreviado, este procedimiento ha recibido críticas negativas y positivas en lo que respecta a su aplicación, pues para que el procesado sea sancionado por el procedimiento abreviado debe aceptar la comisión del delito del que se le acusa, este procedimiento especial contiene requisitos que muchas de las veces no son aplicados con el debido control de legalidad, de tal manera que se lo ha tomado como tema de investigación, es así que desde la doctrina y legislación se establece si este procedimiento especial constituye un mecanismo violatorio de derechos a su vez protector de los mismos. La finalidad con la que se implementó el procedimiento abreviado en el sistema penal ecuatoriano fue para descongestionar la carga laboral de las Unidades Judiciales Penales, este procedimiento está conformado por los principios de celeridad y economía procesal, su objetivo es lograr en lo posible que el poder punitivo del Estado no sea aplicado en su totalidad, cabe resaltar que este procedimiento se contrapone al concepto del principio constitucional de presunción de inocencia, mismo principio que determina que toda persona es inocente hasta que se demuestre mediante un juicio justo que es responsable de la comisión de un delito. El tema principal de la investigación es constatar si el procedimiento abreviado es criminalizador o un mecanismo de protección de derechos, por ende, en este sentido se puede afirmar que este procedimiento es un instrumento de protección de derechos cuando existe suficientes elementos de convicción recabados por Fiscalía en los cuales de manera visible se demuestre la culpabilidad del procesado, por lo tanto, acogerse al procedimiento abreviado sería beneficioso para el procesado ya que obtendría como sanción una pena reducida, en lo referente a la víctima de ser el caso esta tendrá un reparación integral más rápida sin entrar en un juicio largo. Es criminalizador cuando Fiscalía no logra recabar los elementos de convicción necesarios que pueda deducir una posible responsabilidad penal, en tal caso se vulnera las garantías del debido proceso. Someterse a este procedimiento resulta ser un beneficio parcial para el procesado, ya que no se le libera de la pena que se aplicará en su contra, además el juzgador como garantista de derechos deberá determinar si es aplicable el procedimiento abreviado para el procesado, pues al respecto deberá realizar una valoración de los elementos de convicción.