Intervención militar estatal frente a minería ilegal: Eficacia y reparación de los derechos de la naturaleza, Buenos Aires, Imbabura, 2023–2025.

Abstract

La investigación que se presenta a continuación aborda la intervención militar estatal para la atención de la minería ilegal en la parroquia La Merced de Buenos Aires, cantón Urcuquí, provincia de Imbabura, en el periodo 2023-2025, y la intención de constatar si esta es efectiva para la garantía de derechos de la naturaleza y de la reparación integral del daño ambiental; con base en el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos en el Ecuador, en especial del derecho a la restauración, que también se encuentra reconocida en el artículo 72 de la Constitución de la República; a partir de esta revisión, el presente estudio dedicará un espacio para estudiar la tensión entre el reconocimiento normativo de derechos de la naturaleza y el derecho a la reparación ambiental, versus su efectiva aplicación en territorios donde la minería ilegal ha establecido su dominio. La minería ilegal es tratada como un problema tanto jurídico, como medioambiental, social e institucional, pues no sólo genera la degradación de los ecosistemas, la contaminación de las fuentes hídricas, la afectación del suelo y la pérdida de la biodiversidad, sino que también hace parte de las dinámicas de inseguridad territorial, las economías ilícitas, el crimen organizado y la escasa capacidad estatal de control. En este sentido, la intervención de las Fuerzas Armadas aparece como una respuesta estatal para intentar restablecer el orden, controlar el territorio y hacer frente a la expansión de la actividad minera. Sin embargo, su eficacia no puede ser medida solamente en la realización de operativos, decomisos o desalojos, sino que debe medirse más bien en la consideración del impacto que naturalmente tiene y puede tener para la protección medioambiental y para la restauración de los ecosistemas afectados, así como para garantizar la no repetición. Metodológicamente, la investigación adopta un enfoque cualitativo y se articula en torno a los métodos jurídico-dogmático, descriptivo, documental, deductivo, inductivo, comparativo y casuístico. Para la recolección y análisis de la información se hacen uso de técnicas de análisis documental, la entrevista semiestructurada u observación, por ejemplo, lo cual permite abordar el fenómeno investigado según un enfoque más normativo, institucional y territorial. Se concluye que los operativos militares pueden estar en capacidad de hacer frente al control inmediato de la minería ilegal y a la contención de los efectos más visibles de esta, pero son insuficientes si no se articulan a unas medidas permanentes de restauración ambiental, reconstitución integral, seguimiento institucional, sanción efectiva y políticas públicas de prevención; de ahí que aflore la necesidad de fortalecer la coordinación entre la seguridad estatal, la justicia ambiental, las autoridades locales y los órganos de control para hacer efectivos en los territorios vulnerables los derechos de la naturaleza.