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Análisis de la Causa No. 02281-2019-00242 daño a bien ajeno (sobre el actuar de la Fiscalía como ente investigador en la fase (investigación previa) y sus etapas (instrucción, evaluación y preparatoria de juicio y juicio), en el cantón Guaranda, provincia de Bolívar.
(Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. Carrera de Derecho. Abogado de los Tribunales de la República., 2021) Rochina Rochina, Javier Fabián; Ballesteros Jiménez, Rocío de las Mercedes
El presente estudio y/o análisis de caso, signado con el N°02281-2019-00242, por el delito de Daño a Bien Ajeno sobre el actuar de la Fiscalía como ente investigador se evidencio falencias durante la fase de investigación previa y etapas dentro del proceso penal, desarrollado en la ciudad de Guaranda en el Tribunal de Garantías Penales de Bolívar en el que se obtuvo la sentencia absolutoria, en el cual se ratifica el estado de inocencia. Llego a conocimiento de la fiscalía el presunto delito de Daño a bien Ajeno, mediante denuncia por parte de la víctima, de esta manera iniciando la investigación previa en la que se tramito mediante procedimiento ordinario. En la fase de investigación previa reunión los elementos de convicción suficiente que llevaron al Fiscal a solicitar la respectiva Audiencia de Formulación de Cargos, donde se dio inicio a la etapa de Instrucción fiscal, en esta audiencia se solicitó Medidas Cautelares, según lo dispuesto en el artículo 519 del Código Orgánico Integral Penal en que se establece que el juez podrá ordenar una o varias medidas cautelares y de protección con la finalidad de proteger los derechos de la víctima y demás participantes en el proceso penal, así mismo en su numeral 2 hace alusión, que esta se da para garantizar la comparecencia de la persona al proceso penal, el cumplimiento de la pena reparación integra en su numeral tres es con el propósito de evitar que la persona acusada pueda destruir u obstaculizar la práctica de la pruebas, que desaparezcan elementos de convicción y por último tenemos que la finalidad es de garantizar la reparación integral del daño causado a la víctima. En la audiencia de Formulación de Cargos se dictó medidas cautelares en base al artículo 522 del COIP, entre ellas prohibición de ausentarse del país y la presentación periódica de la persona procesada, también se dispuso la medida cautelar prevista en el artículo 555 del ya mencionado cuerpo legal, la cual es la prohibición de enajenar de sus bienes, esta media fue notificada al Registrador de la Propiedad del Cantón Guaranda, provincia Bolívar. Es menester mencionar que en el presente caso la duración de la Instrucción Fiscal fue de 60 días, al concluir este tiempo el Fiscal solicita señalar día y hora para que se lleve efecto la Audiencia de Evaluación y Preparatoria de Juicio, la misma que se señala para el 19 de junio del 2019 a la 14H30. En la audiencia de Evaluación y Preparatoria de Juicio, comparecieron la fiscalía y la victima asistido por su Abogado patrocinador, también el procesado con su defensa técnica, en el cual el Fiscal presento su Dictamen Acusatorio en contra del señor Cesar Aníbal Chulco Pacha por el delito establecido en el artículo 204 inciso 2 del Código Orgánico Integral Penal, esto es por el delito de Daño a Bien Ajeno, siendo su sustento las versiones de personas que conocieron el hecho, así también basándose en el Reconocimiento del lugar de los hechos, perito debidamente Acreditado por el Consejo de la Judicatura.
Análisis de la causa N° 02202-2013-5127 sobre vulneración de derechos constitucionales relacionados con el interés superior del menor
(Universidad Estatal de Bolívar.Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, Carrera de Derecho, 2020) Moreira Alvarado, Yulexsy Adelita; Ballesteros Jiménez, Rocío de las Mercedes
El interés superior del menor está reconocido en la Constitución de la República del Ecuador y en las demás normas jurídicas vigentes en nuestro país, establece que los administradores de justicia tienen la obligación de garantizar la protección integral del menor; es por esa razón que en este contexto nos centraremos en el análisis de la causa N° 02202-2013-5127, sobre vulneración de derechos constitucionales relacionados con el interés superior del menor. Las pensiones alimenticias son un derecho de los hijos y un deber de los progenitores, ya que la pensión alimenticia permite cubrir los gastos del menor, es por ello que mencionaremos que desde que inició el juicio de alimentos el demandado ha incurrido en constantes atrasos de los pagos de las pensiones alimenticias, según se puede observar en los archivos de la Unidad Judicial y en el sistema SUPA; además existe solicitudes de apremio personal y de acuerdos de pago que fueron incumplidos, demostrando así el demandado su irresponsabilidad para con el menor, su hijo. Por tal motivo, dejando a un lado el sentido de humanidad, la parte actora procedió a reclamar los derechos del menor como lo establece la Ley. Es así que el juzgador mediante auto interlocutorio ordena el apremio personal del demandado por incumplimiento de pago de las pensiones alimenticias y del acuerdo de pago; posteriormente el juzgador deja sin efecto la orden de apremio en contra del demandado y ordena su inmediata libertad por considerar que este se encuentra al día en el pago de las obligaciones, siendo falsa esta situación. La sentencia N. 17-SIN-CC, de fecha 10 de Mayo de 2017, emitido por la Corte Constitucional, en la cual, proceden a reformar el artículo 137 del Código Orgánico General de Procesos, sentencia que es de obligatorio cumplimiento para los administradores de justicia como son los jueces en calidad de garantistas de derechos en el caso en mención de las niñas, niños y adolescencia, la parte medular de la reforma legal del artículo antes referido describe y consagra lo siguiente: Previo a disponer la libertad de la o el alimentante, la o el juzgador requerirá la liquidación de la totalidad de lo adeudado y receptará el pago en efectivo, como cheque certificado o mediante la verificación de los documentos que justifiquen el pago. Pagada la totalidad de la obligación, la o el juzgador dispondrá su libertad inmediata y de ser el caso. (SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR, 2020, art. 137). Situación jurídica que el juez no ha dado cumplimiento, por cuanto, pese a encontrarse por pagaduría un informe que se encuentra adeudando montos por concepto de pensiones alimenticias, y acuerdo de pago; no obstante, el juez de la causa procede a incumplir la sentencia constitucional No. 17-SIN-CC, conforme dispone en su contenido jurídico la misma.
Análisis dogmático jurídico de la legalización de la Unión de Hecho en sede notarial, frente a los principios constitucionales de celeridad y economía procesal.
(Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. Carrera de Derecho. Abogado de los Tribunales de la República., 2022) Coronel Carrión, Angel David; Ballesteros Jiménez, Rocío de las Mercedes
La presente investigación tiene como objetivo principal el realizar un análisis dogmático jurídico de lo que implica la legalización de la unión de hecho en sede notarial y la incidencia de los principios constitucionales de celeridad y economía procesal en la legalización de la misma. En la legislación ecuatoriana se realiza un reconocimiento de la unión de hecho y se desarrolla con los mismos derechos y obligaciones que posee la institución del matrimonio, para lo cual se ha determinado requisitos y procedimiento muy sencillo que permite a las parejas acceder a legalizar su unión de hecho de forma rápida. Para el desarrollo de la investigación se utilizó el método deductivo con el cual se descompone el tema de estudio en partes, el método jurídico permitió analizar la Constitución de la República, Código Civil y Ley Notarial, el método analítico, el cual ayudo con el análisis de los elementos básicos de la Unión de Hecho y la incidencia de los principios constitucionales y legales. El resultado que se obtiene de la investigación tras el análisis jurídico, dogmático y el derecho comparado es que la legalización de la unión de hecho en la legislación ecuatoriana se consolida como expedita, de modo que se ajusta a los principios de celeridad y economía procesal.
La aplicación del principio del interés superior del niño en el proceso de divorcio por mutuo acuerdo en sede notarial.
(Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. Carrera de Derecho. Abogado de los Tribunales de la República., 2023-11) Baño Ballesteros, Marcelo Ricardo; Ballesteros Jiménez, Rocío de las Mercedes
Históricamente, las personas menores de edad han sido invisibles, considerados incapaces, sus necesidades específicas desconocidas y por lo tanto, desatendidas. El desarrollo normativo en materia de niñez y adolescencia cobró importancia apenas hace treinta años atrás. Si bien en 1959, setenta y ocho Estados parte de la Organización de Naciones Unidas suscriben la Declaración de los Derechos del Niño, esbozan la institución jurídica del interés superior del niño, pero no es hasta 1989 con la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) que éste y otros pilares de la protección a la niñez y adolescencia son vinculantes para los Estados signatarios. Al hablar de “niño” en la presente investigación, se refiere al niño, niña o adolescente, pues así lo establece la Declaración antes referida. En este contexto, la investigación tiene como finalidad realizar un análisis sobre el interés superior del niño en el proceso de divorcio cuando éste se realiza en sede notarial, dado que en este tipo de trámites la condición sine qua nom es el mutuo acuerdo de las partes siempre y cuando los cónyuges hayan definido previamente la pensión alimenticia, la patria potestad y el régimen de visitas, anteponiendo en todo el interés superior del niño. El interés superior del niño, principio constitucional establecido en la Carta Magna, establece que se debe proveerle al niño o adolescente de las condiciones mínimas para vivir una vida digna dentro de un entorno familiar. A través de este principio el niño o adolescente tiene derecho a que cuando exista un conflicto entre una u otra norma legal, se aplique la norma en su beneficio. La metodología que se aplicó fue a través de la exploración. Por tratarse de una investigación cualitativa donde el estudio es a través del análisis del principio del interés superior del niño en el proceso de divorcio de sus padres en sede notarial, no existe población a encuestar. La transferencia de resultados de la presente investigación será mediante la disertación a efectuarse al momento de mi defensa así como también cuando esta investigación sea ingresada al archivo digital de la Universidad Estatal de Bolívar para conocimiento público.
La ausencia de la facultad sancionadora de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor vulnera el derecho del acceso a los servicios públicos de los ciudadanos, cantón Guaranda, provincia, Bolívar, año 2020.
(Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. Carrera de Derecho. Abogada de los Tribunales de la República., 2022) Manobanda Núñez, Ana Fionela; Ballesteros Jiménez, Rocío de las Mercedes
Los consumidores y los usuarios gozan de Derechos Constitucionales como la libre opinión a la libertad, al estudio, a la vida, entre otros, los cuales están garantizados en los artículos 52, 53 y 54 de la Carta Magna. El problema radica en que la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor (LODC), es insuficiente, porque la función subjetiva es “solicitar juzgamiento y sanción ante la autoridad competente al incumplimiento de las medidas”, de carácter obligatorio emitidas por la Defensoría del Pueblo, estas son regímenes débiles dentro de la Institución Jurídica. Ante ello, se puede determinar que el desarrollo legislativo LODC, el sancionador no desarrolló en su plenitud el derecho tutelar de los usuarios y consumidores, consumándose la debilidad de esta Institución Jurídica. La esencia del trabajo es la interpretación evolutiva y los textos normativos como instrumentos vivos: no tiene como finalidad la Reforma de las Normas Legales o Constitucionales; sino más bien, la interpretación evolutiva contribuye en poner la norma en un contexto actual y global. Por la interpretación evolutiva que considera que los textos normativos son instrumentos vivos, la voluntad de quienes hicieron la norma puede variar y lo que tiene que mirar la persona intérprete es el contexto actual y procurar que la norma cumpla con su objetivo y fin que es la protección y el cumplimiento de los Derechos de los Consumidores. La investigadora tiene la finalidad de determinar que las normas jurídicas sean cumplidas dentro de todas las Instituciones públicas, ya que ante problemas de sobreprecios en las facturas, se debe buscar solucionar los conflictos ante la Ley de Defensa del Consumidor, ya que las personas en concreto y en contexto histórico; deben proteger los Derechos Constitucionales de tutela judicial efectiva, entendiéndose que los Derechos de los Consumidores se deben cumplir a cabalidad como los reclamos o quejas ante la incompetencia de algunos servidores públicos. La metodología que se utilizó en la presente investigación permitió determinar la debilidad de esta función supletoria otorgada a la Defensoría del Pueblo; para ello, la investigadora propuso realizar encuestas a los ciudadanos de la ciudad de Guaranda quienes han sido afectados durante mucho tiempo, en los servicios básicos públicos de agua, luz y xi servicio de telefonía con el objeto de demostrar la existente de la “debilidad de la Institución Jurídica” (Institución Supletoria).El método aplicado en la investigación es el Inductivo, que consiste en la recopilación de información sobre Jurisprudencia, Doctrina y Dogmática Jurídica para cumplir con la hipótesis planteada y dar efectividad a los resultados de la aplicación de las encuestas diseñadas para los consumidores o usuarios que utilizan los servicios básicos domiciliarios. El resultado esperado de la investigación es dar mayor objetividad Institucional Jurídica a los Derechos de los Consumidores (convertir los Derechos Subjetivos de los usuarios en Derechos Objetivos: automáticos y primarios), por medio del desarrollo evolutivo de la interpretación contextual de la norma.
El control del gasto en las pensiones alimenticias de quien ejerce la tenencia frente al derecho de supervivencia de niños, niñas y adolescentes.
(Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. Carrera de Derecho. Abogada de los Tribunales de la República., 2023-06) Mariño Saltos, Kerly Brigitte; Ballesteros Jiménez, Rocío de las Mercedes
Contexto: La presente investigación tiene como objetivo analizar el control en el gasto de las pensiones alimenticias para garantizar el pleno y adecuado acceso al derecho de alimentos íntimamente relacionado con el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo integral. Objetivo: Analizar la influencia de la falta de control del gasto en las pensiones alimenticias frente a los efectos al derecho de supervivencia de niños, niñas y adolescentes. Diseño: Estudio, descriptivo y transversal. Metodología: La información fue recabada mediante la realización de encuestas a las personas que reciban pensiones alimenticias para sus hijos mediante el SUPA. Resultados: Se ha determinado en qué consiste y cómo funciona el derecho de alimentos en el Ecuador además de su importancia y su clara relación con el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, en clara concordancia con la Doctrina de Protección integral. Se establece que la utilización inadecuada de la pensión alimenticia constituye en un acto de violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes alimentados.
Derecho ambiental para la recuperación y conservación de la naturaleza en la parroquia Salinas, cantón Guaranda, provincia Bolívar
(Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, Carrera de Derecho, 2016) Cadena Pungaña, Jimmy Xavier; Ballesteros Jiménez, Rocío de las Mercedes
La presente investigación se realiza porque la justicia ambiental es una área del derecho compleja porque establece normas tanto para las personas sin mirar su procedencia, situación particular, socio-económica, racial, étnica o sexual, como para el medio ambiente determinando de manera desproporcionada la carga del deterioro ambiental provocado por las acciones u omisiones de las personas o por la aplicación de políticas o programas gubernamentales o independientes. En la presente investigación el concepto de acceso a la justicia ambiental se enmarca en la obtención de soluciones para las autoridades judiciales en un conflicto jurídico de naturaleza ambiental, ya que todas las personas están en igualdad de condiciones para acceder a la justicia y para obtener resultados individual o socialmente justos, sin desconocer que en la lucha por la justicia ambiental, individuos y colectivos afectados hacen uso de estrategias diversas como movilizaciones, presión política y la resolución de conflictos a través de la mediación y el arbitraje. En la investigación que a continuación me permito detallar, se ha hecho énfasis en cómo obtener la justicia ambiental mediante la aplicación de la ley de la materia tomando en consideración que la actual Constitución de la República no solo reconoce el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sino que además reconoce a la naturaleza como titular de derechos. La metodología aplicada en esta investigación ha sido el método descriptivo mediante el cual se describió desde lo particular de la problemática hasta la generalidad de la justicia ambiental, utilizando para ello la observación, recolección de datos, entrevistas y encuestas a los entes involucrados en ésta investigación. Los resultados obtenidos en este proyecto de investigación demuestran los problemas ambientales que existen en la parroquia Salinas, cantón Guaranda, provincia Bolívar así como también el nivel conocimiento de los pobladores de dicha parroquia para el acceso a la justicia con la finalidad de lograr la recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de un ambiente sostenible y sustentable
Derechos de los niños frente al pago atrasado de las pensiones alimenticias.
(Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. Carrera de Derecho. Abogada de los Tribunales de la República., 2023-10-02) Arellano Mullo, Dolores Guadalupe; Ballesteros Jiménez, Rocío de las Mercedes
El tema de investigación: “Los derechos de los niños frente al pago atrasado de las pensiones alimenticias” Se compone de dos variables, la primera hace referencia a los Derechos de la Niñez y Adolescencia, cuales están claramente enunciados en la Constitución de la República del Ecuador, pero entre los cuales se destaca principalmente el derecho al desarrollo integral que, implica el despliegue de las facultades en la crianza, la que evidentemente requiere de los medios económicos suficientes para su realización. Por otra parte, la investigación aborda el pago de la pensión alimenticia, como elemento sustancial que provee los medios económicos para la consecución de cualquier derecho del grupo de atención prioritaria, en espera que se concrete su desarrollo integral, no obstante, cuando la pensión alimenticia fijada no se cancela de forma oportuna evidentemente esto repercute negativamente en los derechos de la niñez y la adolescencia. Es por estas consideraciones que, el presente tema de investigación plantea el objetivo general de determinar, en qué forma el pago atrasado de las pensiones alimenticias afecta los derechos de los niños, anticipando que su repercusión afecta todos sus derechos, obstaculizándose en gran medida su desarrollo integral. La importancia de la presente investigación se evidencia por los sujetos directos, cuales pertenecen a los grupos de atención prioritaria, cuyos derechos no deberían ser vulnerados porque esto conlleva una especial gravedad. Metodología: El enfoque de la investigación es de tipo cualitativo, el alcance es de carácter descriptivo. El método que prima es el interpretativo, principalmente en cuanto a lo literal de la documentación a ser utilizada y de interpretación sistemática a fin de abordar todos los aspectos del tema central. El diseño de la investigación es no experimental y su tipo corresponde a una investigación de revisión bibliográfica y documental. Finalmente, dentro de la técnica de investigación, se utilizará las encuestas para 2 validar la investigación tomando en consideración la opinión de expertos; y, la técnica de investigación que se utilizo es la encuesta mediante la aplicación de un cuestionario. Finalmente, se llegó a las conclusiones.
El Delito de Defraudación Tributaria en el pago del Impuesto a los Consumos Especiales ICE en el cantón Guaranda, provincia Bolívar en el año 2017
(Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políoticas,Carrera de Derecho, 2018) Tupe Panti, Shirley Carina; Ballesteros Jiménez, Rocío de las Mercedes
El presente trabajo de investigación determinará el impacto social y económico del delito de defraudación tributaria en el pago del Impuesto a los Consumos Especiales en el cantón Guaranda. Con este análisis se determinará si hay la existencia de ciertos parámetros en los cuales los contribuyentes se estén apegando para realizar la defraudación tributaria y de esta manera reducir el ingreso de recursos a la balanza del Presupuesto General del Estado perjudicando enormemente al financiamiento del gasto público del país, además con este tipo de mecanismos de defraudación se estaría cometiendo una notable competencia desleal medible desde toda perspectiva para quienes pagan sus impuestos apegados a principios de respeto y cumplimiento a las leyes que rigen al Estado ecuatoriano. Es por esta razón que se deben poner en marcha modelos de control que estén pegados tanto al marco legal como al tributario y así brindar la fortaleza necesaria al Servicio de Rentas Internas para que sean quienes normen el comportamiento equivoco de los contribuyentes que estén afectando al fisco y crear en toda la ciudadanía una verdadera cultura tributaria basada en conocimientos tributarios con contenidos jurídicos. Se recurrirá a la doctrina y a las leyes para determinar a través de definiciones lo que es el delito de defraudación tributaria en el pago del ICE, así también la realización de entrevistas, encuestas, datos de información recogida de la población y de esta manera como parte culminante llegar a determinar conclusiones y recomendaciones.
El Derecho de Petición, la Garantía Constitucional que le protege a todo ciudadano en el territorio ecuatoriano. consecuencias Jurídicas de la Omisión por la emisión de la debida respuesta motivada generando el silencio administrativo
(Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políoticas,Carrera de Derecho, 2018) Veloz Egas, María Natividad; Ballesteros Jiménez, Rocío de las Mercedes
El Art. 66 de la Constitución de la República, en su parte pertinente dispone “Se reconoce y garantizará a las personas: …23. El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a nombre del pueblo”. Se trata de uno de los hechos fundamentales, cuya efectividad resulta indispensable para el logro de los fines esenciales del Estado, particularmente del servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad general, la garantía de los principios, derechos y obligaciones consagradas en la Constitución de la República, y fundamentalmente la participación de todos los ciudadanos, en las decisiones que nos afectan, así como para asegurar que las autoridades cumplan las funciones para las cuales han sido instituidas, pues solo de este modo se va hacer realidad el proceso de cambio en el país y la existencia del Estado Constitucional de Derechos y Justicia. En este contexto, me permití realizar el presente proyecto de investigación contenido en cuatro capítulos: El primer capítulo trata sobre el problema que se genera por la falta de despacho de funcionarios públicos ante un requerimiento basado en el derecho de petición. En el segundo capítulo consta el marco teórico, en el cual se realiza una recopilación y análisis de información basada en la doctrina y la ley sobre el tema del presente proyecto. En el tercer capítulo consta la descripción del trabajo investigo, detallando el tipo de investigación efectuada, así como también las técnicas e instrumentos utilizados. En el cuarto capítulo constan los resultados de las encuestas aplicadas a los profesionales del Derecho del cantón Guaranda con su respectiva graficación y análisis. Con esta breve introducción, espero que el presente trabajo de investigación satisfaga las expectativas de la Universidad Estatal de Bolívar y además constituya un documento que sirve de base para que el legislador realice reformas a diferentes cuerpos legales que incluyen en su contenido el derecho de petición.
El procedimiento abreviado en el Código Orgánico Integral Penal vulnera el Derecho Constitucional a la no autoincriminación en la unidad judicial penal del cantón Guaranda, año 2017”
(Universidad Estatal de Bolívar.Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, Carrera de Derecho, 2018) Montalvo Gutiérrez, Wilmer Patricio; Ballesteros Jiménez, Rocío de las Mercedes
El Procedimiento Abreviado como procedimiento especial en materia penal, principalmente en Latinoamérica se perpetro a partir de los años 80’s, para en lo posterior irse incursionando a otras legislaciones a nivel de Sudamérica, conocidos en el ámbito penal como procedimientos especiales los cuales buscan a través de su aplicación mejorar y agilitar el sistema procesal penal. El procedimiento abreviado ha sido objeto de diversos debates entre jurisconsultos ya que implica la vulneración de preceptos penales doctrinarios y por ende antinomias legales. Es así que cuando con la oferta por parte de la Fiscalía General del Estado a través de sus agentes fiscales en cada jurisdicción, con el ofrecimiento de rebaja de pena, previo el acuerdo entre el Fiscal y el imputado acompañado de su defensor, aparentemente y teóricamente este procedimiento especial descongestiona el aparataje de justicia y la carga procesal en las dependencias judiciales penales, procedimiento que ha contravenido a preceptos constitucionales y legales, rompiendo totalmente con la esencia del procedimiento penal en su conjunto. En relación a lo acotado el derecho comparado señala que: el procedimiento abreviado no es más que una negociación del fiscal y el imputado a cambio de la rebaja de la pena cumpliendo con los requisitos legales establecidos y que se lleva a efecto ante el Juez de Garantías Penales, indicando que en la mayoría de legislaciones es susceptible el procesado de acogerse a este procedimiento solo en delitos que no sobrepasen los diez años y siempre y cuando no sean delitos en contra del Estado o de índole Intrafamiliar. Alrededor del año 2001, en la legislación penal ecuatoriana se incorpora este procedimiento mediante el Registro Oficial N° 360 de enero del año 2000 entrando íntegramente en vigencia a partir del 13 de julio del 2001, procedimiento que ha sido tomado de otras legislaciones tanto americanas como europeas con la premisa de que con su aplicación se descongestiona la carga procesal y por ende aparentemente se hace pronta justicia cumpliendo con el principio de celeridad procesal. La Constitución de la República en su artículo 76 numeral 7 literal a. manifiesta que la persona acusada dentro de un proceso penal en el cual está siendo investigada, X dentro de la investigación en curso rendirá su declaración, para lo cual deberá ser ilustrada sobre sus derechos constitucionales, como el de no declarar en su contra y no auto incriminarse.1 Es así que el presente proyecto tiene la finalidad de efectuar un estudio doctrinal acerca de la aplicación del Procedimiento Abreviado implementado en nuestra legislación ecuatoriana y aplicado por los Juzgados de Garantías Penales, en la presente investigación en la Unidad Judicial del Catón Guaranda, el cual rompe con preceptos constitucionales creando antinomias con la ley penal, transgrediendo el derecho a la no autoincriminación y el derecho al debido proceso, haciendo énfasis en que este procedimiento penal está regulado por el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 6352 pero que en su aplicación, tomando en cuenta que estamos en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia y al manifestarlo expresamente nuestra Carta Magna en su artículo 77 numeral 7 literal c) 3 que nadie puede ser forzado a declarar en cintra de sí mismo sobre asuntos que puedan acarrear su responsabilidad penal, cabe denotar que no se está aplicando la jerarquía normativa establecida en los artículos 424 y 425 de norma suprema que es la Constitución de la República del Ecuador. Por lo expuesto, es evidente que no solo en materia penal se hace caso omiso a la aplicación jerárquica normativa, mientras que los órganos autónomos de la Función Judicial como lo es la Fiscalía General del Estado y Defensoría Pública a través de sus representantes que son Agentes Fiscales y Defensores Públicos, así como también los Jueces de Garantías Penales deben ser los precursores y responsables de una adecuada aplicación de la constitución y las leyes en toda su magnitud, siendo incluso los que tienen la responsabilidad ética y profesional de hacer conocer estás falencias al legislador para que tomen los correctivos necesarios y no seguir transgrediendo a diestra y siniestra principios, derechos y garantías constitucionales que a la postra afectan a la sociedad en su conjunto, teniendo en cuanta que la aplicación del Procedimiento Abreviado realmente no exime de carga procesal a las Unidades Judiciales Penales, no se hace justicia pronta y mucho menos se cumple con el 1 Registro Oficial Nro. 449, 20/10/ 2008 - Constitución de la República del Ecuador. (2008) 2 Código Orgánico Integral Penal. (2014). 3 Registro Oficial Nro. 180 - Constitución de la República del Ecuador. (2008) XI principio de celeridad procesal, sino que más bien lesiona la Seguridad Jurídica que poseen los procesados.
“La declaración judicial de la paternidad y maternidad en la legislación ecuatoriana, y sus consecuencias legales en el cantón San Miguel, provincia Bolívar, en el año 2012.”
(Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, Carrera de Derecho. Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador, 2014) Jarrín Sánchez, Diana Valeria; Ballesteros Jiménez, Rocío de las Mercedes
El presente trabajo investigativo responde a un problema jurídico que tiene que ver con la declaración j Desde esta perspectiva jurídica se realiza un estudio que demuestra la importancia de reformar los artículos 135 y 147.15 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia referentes a la negativa tácita o expresa para el sometimiento de la prueba del examen comparativo de los patrones de bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN), con la finalidad de evitar perjuicios y vulneración a los derechos de los niños, niñas y adolescentes por parte de los presuntos padres quienes se resisten al reconocimiento voluntario. Además que permita incorporar una norma que no sea causa de impugnación a la declaración de filiación o parentesco por cuerda separada en nuestra legislación civil ecuatoriana. Esta investigación determina la problemática que actualmente tiene el País y concretamente se evidencia en la Unidad de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y en el Juzgado Sexto de lo Civil ubicados en el cantón San Miguel de Bolívar, perteneciente a la provincia Bolívar; esto es, por la negativa que tiene el alimentante de practicarse el referido examen de ADN, la jueza o juez competente no puede declarar la filiación o el parentesco con relación al alimentado, lo que atenta contra el derecho constitucional a la identidad e identificación que tiene el menor; y, por otro lado, de hacerlo sin los resultados de la ya mencionada prueba científica (ADN), el alimentante puede presentar por cuerda separada la demanda de impugnación de paternidad ante la jueza o juez de lo civil. El problema planteado exige la necesidad de formular objetivos que mantengan coherencia con las variables del problema, de igual manera el referente científico y legal se constituye en la columna vertebral de este estudio, en cuya luz se ha orientado todo el proceso de investigación, especialmente de gran utilidad para la indagación de campo. Dada la investigación teórica y de campo en mi propuesta jurídica puntualizo la importancia de actualizar los instrumentos legales civiles en materia de paternidad y maternidad, adecuándolos a los derechos constitucionales de la niñez y de la administración de justicia, que está sujeta a jueces especializados en Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, quienes tienen competencia en todo lo relacionado a la familia, a los derechos y obligaciones entre padres e hijos; por lo tanto, el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia debería contemplar estos derechos previstos en el Código Civil desde el Título del Matrimonio hasta la correspondiente Remoción de Tutores y Curadores y las materias comprendidas en el Libro Tercero del citado código, conforme lo dispone el Art. 234 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Por lo que, este documento jurídico de análisis crítico constituye una fuente de información para aquellas personas conocedores del derecho que dan importancia y supremacía al derecho de los niños, niñas y adolescentes con respecto al derecho constitucional de identidad e identificación, siguiendo los preceptos constitucionales y legales que viabilizan y garantizan estos derechos.
La eliminación de centros educativos tradicionales, vulnera el derecho de acceso a la educación escolar propia de los pueblos indígenas en la comunidad de Linderoloma, parroquia Guanujo, cantón Guaranda, provincia Bolívar. julio 2018
(Universidad Estata de Bolivar. Facultad de Jurisprudencia., Carrera de Derecho, 2018) Yanzaguano Bayas, Janneth Beatriz; Ballesteros Jiménez, Rocío de las Mercedes
La presente investigación pretende determinar las necesidades de educación básica existentes en la comunidad de Linderoloma, parroquia Guanujo, cantón Guaranda, provincia Bolívar así como también la vulneración de los derechos constitucionales que tienen los niños, niñas indígenas para el acceso a la educación en su comunidad. Partiendo de ésta temática, con la presente investigación se puede demostrar la situación difícil que al momento viven los niños, niñas de la comunidad de Linderoloma por cuanto en la mayoría no pueden estudiar ya que el centro educativo al que asistíanfue cerrado para ser remplazado por una Unidad Educativa del Milenio, la cual no se encuentra en Linderoloma sino en otro lugar distante como es la parroquia Salinas, alacual toma el tiempo de una hora caminando para llegar a dicha unidad educativa. Esta situación ha generado mucho descontento en la comunidad de Linderoloma porque los niños, niñas que son el futuro de la patria, se ven limitados a continuar sus estudios porque quienes son de edades muy pequeñas, no pueden llegar por sus propios medios a la unidad educativa, lo que incrementa la deserciónescolar y por tanto el analfabetismo, problema social que en vez de erradicarlo, va en aumento. Las políticas gubernamentales adoptadas en el gobierno anterior en lo referente a la educación no fueron las más adecuadas; pues el cierre de varios centros educativos, fue una constante en el sector rural, vulnerando con ello derechos constitucionales establecidos en la Carta Magna en perjuicio de una parte de la población ecuatoriana que es la más vulnerable: los niños y niñas Cabe recalcar que la presente investigación es una observación general de la situación de la educación rural en la comunidad de Linderoloma, jurisdicción de la parroquia Guanujo, cantón Guaranda, provincia Bolívar, ya que la información recopilada no permite llegar a mayor detalle sobre la temática rural. La identificación de un diagnóstico a profundidad requiere de mayor tiempo y recursos que permitirían obtener información más específica para este nivel de educación, más aun si se consideran las numerosas variables que inciden en el ámbito rural.
La minería legal e ilegal en el cantón Chillanes: discusiones del escenario socio- jurídico y sus repercusiones durante el año 2020.
(Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, Carrera de Derecho. Abogado de los Tribunales de la República., 2021) Trujillo Naucin, María José; Ballesteros Jiménez, Rocío de las Mercedes
El Ecuador al igual que diferentes países latinoamericanos obedece a un modelo extractivista como fuente de desarrollo y sustento económico, pues al basarse la dinámica global en el uso, aprovechamiento y consumo de bienes y servicios, se emplea materias primas para la fabricación de dichos productos y/o bienes industriales, químicos y tecnológicos que demanda el crecimiento poblacional. Por tal razón, esta actividad extractivista de recursos naturales no renovables, que en este caso se refiere a la minería, constituye un pilar fundamental para las economías de los países en vías de desarrollo, dado que permite atraer la inversión extranjera y su productividad genera ingresos económicos al Estado, para que a su vez, éste pueda cumplir con sus objetivos, programas y planes de mejoría social. En ese sentido, las actividades mineras en el cantón Chillanes se lo viene realizando desde varios años atrás, a través de dos aristas, ya sea partiendo desde el punto de vista legal como el de la ilegalidad; por ende, es aquí donde comienza el análisis y/o discusión del escenario socio-jurídico y las repercusiones que cada una conlleva, puesto que por un lado existen personas que estigmatizan el sector minero, y por otro, la consideran como fuente de riqueza y crecimiento monetario. Si bien es cierto, en el cantón Chillanes hay indicios de explotación minera ilegal, siendo así, que los sectores y comunidades donde se genera esta actividad han sufrido consecuencias ambientales, sociales, jurídicas y hasta culturales, debido que al no estar reguladas ni controladas por los organismos competentes, como la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), por citar un ejemplo, se ha desencadenado abruptamente impactos agresivos contra la naturaleza y sociedad. Frente a esto, es preciso indicar que no queda de lado los impactos que la minería legal también ha llegado a ocasionar, mismos que se determinan dentro de esta investigación, y al ser este proyecto teórico/dogmático, la información extraída se la obtuvo de revistas científicas, artículos indexados, periódicos, opiniones públicas, libros y documentos en línea que permitieron abarcar de forma significativa y trascendental del tema planteado. Asimismo, dentro de la metodología se utilizó métodos y técnicas que se adhieren a un enfoque de investigación cualitativa, con diseño no experimental y longitudinal, por motivo de que esta investigación es teórica/dogmática cimentada en los métodos inductivo, deductivo y analítico-sintético, y a su vez, a los niveles de indagación exploratorio, relacional y explicativo.
La responsabilidad legal de los propietarios de inmuebles frente a la justicia ordinaria en la vulneración de los derechos de la naturaleza.
(Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, Carrera de Derecho. Abogado de los Tribunales de la República., 2021) Moya Bayas, Priscila Ivannova; Ballesteros Jiménez, Rocío de las Mercedes
El presente trabajo de investigación surge de la necesidad de comprender la magnitud de las diversas consecuencias jurídicas en relación a la responsabilidad de los propietarios de bienes inmuebles cuando por descuido o negligencia provocan grandes incendios tanto en los predios urbanos como rurales y la consecuente vulneración de derechos hacia la naturaleza. Cabe mencionar que el Art. 321 de la Constitución de la República del Ecuador en su parte pertinente hace referencia al reconocimiento de todo tipo de propiedad sea pública o privada, en tal virtud se entiende que, al ser un derecho de rango constitucional, también se deja claro la existencia de la responsabilidad por parte del propietario para mantener la armonía con la sociedad y el medio ambiente. Debemos recordar además que con la puesta en vigencia de la Constitución de la República del Ecuador, la naturaleza es considerada como sujeto de derechos tal cual se encuentra estipulado en su cuerpo normativo, específicamente en su Art. 71 donde se hace hincapié la restauración de la naturaleza por cualquier tipo de daño y la obligación que tienen quienes transgreden tales derechos, conjuntamente con el articulado siguiente donde la naturaleza tiene el derecho a la restauración. Hay que recordar que según varios doctrinarios entre ellos Gussoli quien ya en el año 2014 había afirmado que a nivel mundial “la Carta Magna de nuestro país es la única en el mundo donde son reconocidos los derechos de la naturaleza” por lo tanto es menester y trascendental conocer cuáles son las consecuencias legales que tienen los propietarios frente a la vulneración de derechos de la naturaleza. Es conocido que en esta materia es necesario revisar materia en derecho civil, constitucional, ambiental, y porque no también en materia penal para de este modo llegar a una mejor comprensión del tema; así también establecer si en nuestra provincia, cantones existen ordenanzas donde se estipule si dichos propietarios tienen responsabilidad frente a la vulneración de derechos de la madre tierra; es así que existen incendios, contaminación del suelo, aguas y otras agentes que provocan un daño a la naturaleza y en general a la población. X Así mismo han existido varios estudios de distintas universidades y de instituciones, tanto públicas como privadas que han tratado el tema desde un punto subjetivo, sin embargo la poca información hace necesaria la presente investigación. En relación a los métodos de investigación tenemos al método deductivo, inductivo, dialectico, bibliográfico entre otros, ya que ellos permitirán dilucidar la información precisa para poner en conocimiento de la colectividad la importancia del respeto a la naturaleza y así también las obligaciones de los propietarios de bienes inmuebles por el uso indebido, falta de preocupación por mantener dichos predios en buen estado sin afectar el bienestar colectivo coadyuvando con ello al buen vivir.
Las decisiones administrativas arbitrarias e Inconstitucionales en el caso Teleamazonas, vulneran los derechos constitucionales subjetivos. efectos de la negativa del derecho a la doble instancia. caso no. 0021-11-cn”
(Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políoticas,Carrera de Derecho, 2018) Velarde Huilca, Anita Mercedes; Ballesteros Jiménez, Rocío de las Mercedes
En el Ecuador, en el año 2009 varios ciudadanos ecuatorianos se movilizaron en defensa del canal de televisión TELEAMAZONAS, lo que preocupó a las más altas autoridades del Gobierno, por una noticia difundida en el Noticiero 24 Horas sobre la explotación de gas en la Isla Puná y su paralización por un determinado tiempo; y también porque transmitió una noticia basada en el funcionamiento de un supuesto “Centro Clandestino” del Consejo Nacional Electoral, ubicado en la ciudad de Guayaquil. Esto acarreó que el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL) y la Superintendencia de Telecomunicaciones procedan a realizar el respectivo juzgamiento administrativo a las estaciones de televisión abierta concesionadas a favor de las personas jurídicas “Teleamazonas-Cratel C.A.” y “Teleamazonas Guayaquil S.A.”, ocasionando el cierre temporal y la negativa del derecho a la doble instancia. Estas sanciones emitidas mediante resoluciones administrativas fueron la causa para que la Compañía Centro de Radio y Televisión, CRATEL S.A., concesionaria del canal 4 VHF denominada “TELEAMAZONAS” tomara acciones legales en contra de dichas resoluciones, basándose en argumentos constantes en las garantías constitucionales y el derecho a la acción de protección y a la doble instancia.
Las políticas públicas de acción afirmativa, su contexto e incumplimiento frente a la desigualdad social, cantón Guaranda, provincia Bolívar.
(Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, Carrera de Derecho. Abogado de los Tribunales de la República., 2021) Carrillo Villagrán, Raúl Vinicio; Ballesteros Jiménez, Rocío de las Mercedes
El presente trabajo de investigación se centra en el análisis de las políticas públicas de acción afirmativa y su incumplimiento frente a la desigualdad social, puesto que es la discriminación que hoy en día está más vigente en todos los ámbitos sociales. Sin embargo, la pertinencia de este trabajo radica no sólo en el estudio teórico dogmático de igualdad de género, sino que, de la información recabada, podría ser considerada para otro tipo de grupos que, hoy en día, también son discriminados y mantienen condiciones de desigualdad social y que, además, son poblaciones objetivo de acciones afirmativas cada vez, con mayor frecuencia. Con este preámbulo se realiza la presente introducción resumiendo el contenido de los Capítulos de la presente investigación. En el Capítulo I se realiza en detalle una conceptualización del problema, los objetivos y la justificación de la presente investigación en lo referente al cumplimiento o incumplimiento de las políticas públicas en la administración pública y privada ecuatoriana; en el Capítulo II consta la esencia del proyecto de investigación; es decir, el marco teórico. Aquí se hace un análisis doctrinal y dogmático de la aplicación de las políticas públicas de acción afirmativa y las consecuencias que de ello se derivan; el Capítulo III se refiere a la metodología aplicada en la presente investigación, así como también las técnicas e instrumentos utilizados; y, en el Capítulo IV constan los resultados obtenidos; los beneficiarios; y, el impacto de la presente investigación.
El pago inoportuno de las pensiones alimenticias y la ponderación de derechos del alimentado y el alimentante, vulnera el principio constitucional del interés superior del niño/a y adolescente.
(Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. Carrera de Derecho. Abogada de los Tribunales de la República., 2023) Cisneros Cisneros, María Amparo; Ballesteros Jiménez, Rocío de las Mercedes
Desde el Derecho Romano, la obligación de prestar alimentos está incursa en los deberes que se derivan de las instituciones del matrimonio, la patria potestad, el parentesco, la tutela y la curatela. La dogmática jurídica recoge el deber de alimentos conforme al cual: “Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en los que legalmente proceda”, en lo que resulta destacable la especial referencia que se realiza en la norma constitucional a los alimentos debidos a los hijos menores de edad. Esta investigación viene a enriquecer una parte del Derecho de Familia, como el realizado por la autora, que constituye sin duda un avance en el conocimiento y la investigación en el marco de los estudios jurídicos, al propio tiempo que está llamado a suscitar un notable interés entre los estudiosos de otras disciplinas jurídicas, de forma singular entre los civilistas, con lo que de ello deviene una conexión entre la investigación histórica y la dogmática moderna, tan necesaria para el progreso de la ciencia del derecho. El interés superior del niño constituye un principio constitucional establecido en la Carta Magna, cuyo objetivo es dotarle al niño/a o adolescente de las condiciones 2 mínimas para vivir una vida digna dentro de un entorno familiar. A través de este principio el niño/a o adolescente tiene derecho a que cuando exista un conflicto entre una u otra norma legal, se aplique la norma en su beneficio. El desarrollo de la investigación nos permitirá conocer la naturaleza jurídica de los alimentos y todo lo que respecta s sus características; también se determinará quienes tienen derecho a los alimentos y quiénes son los obligados al mismo. Se analizará los elementos necesarios que debe reunir una persona para ser beneficiario del derecho a los alimentos; las condiciones para el pago; las consecuencias del pago inoportuno de la pensión alimenticia donde se estudiará las diferentes medidas cautelares para hacer efectivo el pago de la pensión alimenticia, todo esto, haciendo un análisis sobre la ponderación de los derechos con la finalidad de garantizar una vida digna y seguridad jurídica de los alimentados frente al alimentante. En la presente investigación se analizará de manera cualitativa las causas que conllevan al pago inoportuno de la pensión alimenticia por parte del alimentante a fin de determinar si es la falta de trabajo o es el entorno familiar o social el que le impide que cumpla con la obligación de manera oportuna. La metodología a utilizar será a través de la exploración. La población de estudio estará compuesta por las madres de familia bajo quienes se encuentra la patria potestad de sus hijos menores de edad, en el cantón Guaranda, provincia Bolívar. La transferencia de resultados será mediante la exposición efectuada al momento de la defensa así como también cuando esta investigación sea ingresada al archivo digital de la Universidad Estatal de Bolívar.
Procedimiento administrativo para implementar la Comisaría del Ambiente en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia Bolívar con la finalidad de precautelar los derechos de la naturaleza.
(Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, Carrera de Derecho. Abogado de los Tribunales de la República., 2021) Ilvis Estrada, Cristhian Fernando; Ballesteros Jiménez, Rocío de las Mercedes
El presente trabajo establece la necesidad de mediante acto normativo implementar la Comisaría Ambiental como un órgano administrativo encargado de velar por los derechos de la naturaleza, tomando en consideración que provincias como Guayas, Tungurahua, Esmeraldas, Imbabura entre otras disponen de dicho órgano administrativo. Cabe mencionar que el GAD Provincial de Bolívar dispone del Departamento Ambiental mismo que sirve únicamente para prestar asesoría y otras actividades, pero no para ejercer la potestad sancionadora del cual estaría revestida la Comisaría Ambiental. La Constitución de la República del Ecuador en el año 2008, el Art. 14 reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; además la naturaleza es un sujeto de derechos así lo estipula el Art. 71 donde se hace hincapié que la restauración de la naturaleza por cualquier tipo de daño y de la obligación que tienen quienes transgreden tales derechos, además del capítulo relacionado al Buen Vivir, tomando en consideración normativa internacional en materia ambiental donde la naturaleza tiene su protección. Mencionada la importancia de la implementación de la Comisaria Ambiental; el presente trabajo se encuentra dividido por capítulos, siendo el primero una descripción del problema, su formulación, así también la delimitación de objetivos y la justificación correspondiente que le reviste de importancia la presente investigación. Con respecto al segundo capítulo, el mismo describe la importancia del marco teórico, pues constituye el fundamento doctrinario y jurídico, en él se menciona la importancia que tiene el derecho administrativo en la vida de las instituciones de carácter público, los derechos de la naturaleza, la importancia de los organismos en relación a la potestad sancionadora; todo esto con la finalidad de garantizar la protección del medio ambiente; se establece además el desarrollo de la hipótesis y variables puesto que éstas permiten establecer la investigación desde el punto de vista correlacional. En relación al tercer capítulo, éste describe el tipo de investigación y su metodología para el desarrollo del presente proyecto de investigación. Para finalizar, en el capítulo cuarto refiere a la presentación de los resultados de la investigación, en este X caso se pone a consideración de nuestra Alma Máter, el GAD Provincial de Bolívar y la colectividad en general un modelo de ordenanza que permitirá la creación de la Comisaría Ambiental; para finalizar se da a conocer las conclusiones y recomendaciones a seguir para que el presente trabajo sea de aplicación. Se realiza el estudio de la potestad sancionadora misma que recoge el procedimiento establecido en el Código Orgánico Administrativo y su relación con el Código Orgánico Ambiental toda vez que la Autoridad Ambiental en la Provincia es la Prefectura; de igual manera se vincula a la sociedad que haciendo uso de la denuncia puede poner en conocimiento infracciones en materia ambiental. Respecto a la metodología de la investigación se hará uso del método inductivo como la génesis del presente proyecto; a más de éste, el deductivo, dialectico, bibliográfico entre otros, con el objetivo de plasmar un documento en base a la aplicación correcta del derecho, además de la información precisa para poner en conocimiento de la entidad pública y la colectividad.
El régimen de visitas y los conflictos interpersonales entre padres frente al interés superior del niño y su normal crecimiento y desarrollo.
(Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. Carrera de Derecho. Abogado de los Tribunales de la República., 2023-06) Prado Llanos, Anthony Fernando; Ballesteros Jiménez, Rocío de las Mercedes
Contexto: La presente investigación analiza el régimen de visitas y los conflictos interpersonales entre padres frente al interés superior del niño y su normal crecimiento y desarrollo, permitiendo así que se respeten los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente el derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones afectivas, personales, permanentes y regulares con los mismos. Desde el aspecto jurídico el régimen de visitas es un derecho irrenunciable, por el cual se concede al progenitor la posibilidad de permanecer con el hijo con quien vive separado, un tiempo prudencial, en un ámbito de privacidad, para mantener una relación regular y directa fomentando una comunicación adecuada entre padre e hijo. Objetivo: Determinar la influencia del régimen de visitas y los conflictos interpersonales entre padres, frente al interés superior del niño y su normal crecimiento y desarrollo. Diseño: Estudio, descriptivo y transversal. Metodología: La información fue recabada mediante la realización de encuestas a los ex cónyuges en base de preguntas sobre el régimen de visitas y la existencia de conflictos interpersonales. Resultados: El incumplimiento del régimen de visitas ha ocasionado que a más de quebrantar continuamente con una resolución judicial también se deje a la deriva los derechos de los niños, niñas y adolescentes, quienes han tenido que lidiar no únicamente con la separación de sus padres sino también con el impedimento de mantener contacto y relación permanente con ambos progenitores.