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UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y 
POLÍTICAS 

CARRERA DE DERECHO 

ESTUDIO DE CASO PREVIO A LA OBTENCION DEL TÍTULO 
DE ABOGADO DE LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS DE LA 
REPÚBLICA. 

 

TEMA: 

“ANÁLISIS DE LA CAUSA N.º 02281-2019-00313 TRAMITADO 
EN LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DEL CANTÓN GUARANDA 
POR EL DELITO DE DAÑOS MATERIALES, RESPECTO A LA 
AFECTACIÓN AL DERECHO A LA DEFENSA Y EL ACTUAR 
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO COMO TITULAR 
DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA” 

 

AUTOR: 

MARCO DAMIAN MELÉNDEZ MONTERO 

 

TUTOR 

 DRA. ANA DIDIAN GONZÁLEZ ALBERTERIS 

 

GUARANDA – ECUADOR 


CERTIFICACIÓN DE AUTORÍA 

 

Yo, Dra. Ana Didian González Alberteris, en mi calidad de Tutor del Estudio de Caso 
como modalidad de titulación contemplada legalmente en el Reglamento de la Unidad 
de Titulación de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas; 
designado mediante Resolución de Consejo Directivo, bajo juramento CERTIFICO: 
que el señor MARCO DAMIAN MELÉNDEZ MONTERO, egresado de la 
Universidad Estatal de Bolívar, Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y 
Políticas, Escuela de Derecho, ha cumplido los requerimientos del caso en todo lo que 
respecta al Análisis o Estudio de Caso previo a la obtención del título de Abogado de 
los Tribunales y Juzgados de la República; con el tema: “ANÁLISIS DE LA CAUSA 
N.º 02281-2019-00313 TRAMITADO EN LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DEL 
CANTÓN GUARANDA POR EL DELITO DE DAÑOS MATERIALES, 
RESPECTO A LA AFECTACIÓN AL DERECHO A LA DEFENSA Y EL 
ACTUAR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO COMO TITULAR DE 
LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA”; habiendo trabajado conjuntamente en el 
desarrollo del mismo con la investigación constatando que el trabajo realizado es de 
autoría del tutoriado por lo que se aprueba el mismo. 

Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad, facultando al interesado a hacer uso 
de la presente, así como también se autoriza la presentación para la calificación por 
parte del jurado respectivo. 

 

Atentamente: 

 

 

Dra. Ana Didian González Alberteris 

DOCENTE TUTOR 


 


 


AGRADECIMIENTO 

 

A mi Dios por ser mi fortaleza y refugio cuando más lo necesito, por ayudarme en los 
momentos más difíciles y levantarme a seguir adelante por su amor incondicional 
gracias porque me ha permitido culminar mi carrera universitaria. 

 

A mis maestros quienes con paciencia y dedicación contribuyeron en mi formación 
académica impartiéndome sus conocimientos y experiencia. 

 

A mis padres por su apoyo incondicional en todas y cada una de mis decisiones, por 
inculcarme valores y enseñarme a seguir adelante y luchar por mis metas a pesar de 
los obstáculos que se presenten, por brindarme la oportunidad de tener una formación 
integra y por creer en mí siempre. 

 

A mi esposa e hijos por ser ese pilar fundamental que me ha dado fuerzas para seguir 
adelante y motivado a lograr conseguir mis objetivos, por estar siempre apoyándome 
y ayudándome a ser y dar lo mejor en todas las circunstancias que se nos han 
presentado en este trayecto. 

 

A mis hermanas por enseñarme que la unión y el amor de la familia es la base de la 
felicidad por ese cariño y amor fraterno que sin duda siempre será así. 

 

A mis amigos y compañeros que estuvieron en cada momento a lo largo de nuestra 
formación. 

 

A todos y cada uno de ellos gracias por compartir conmigo uno de mis más grandes 
logros. 

 


DEDICATORIA 

 

A mi Dios Todopoderoso que siempre escucha nuestras peticiones, por haberme 
otorgado fortaleza y perseverancia por guiarme y cuidarme en este recorrido que lleno 
de altibajos con mucha fe y esperanza me ha ayudado a concluir mis estudios 
universitarios. 

 

A mis Padres por apoyarme siempre y llenarme de amor el mismo que me dio la 
confianza de seguir adelante, su apoyo y valores impartidos me ayudaron a enfrentar 
mis metas planteadas hasta llegar a cumplirlas, se los dedico mis logros y trabajo como 
muestra de mi eterna gratitud y admiración. 

 

A mi Esposa e hijos por ser mi inspiración y motivación para lograr ver concluido un 
sueño, un anhelo que, con mucho esfuerzo y sacrificio, podemos verlo realizado. Con 
todo mi amor y cariño por y para ustedes, los amo. 

 

A mis hermanas por estar siempre presentes en las buenas y en las malas por 
aconsejarme y apoyarme a lo largo de esta etapa de mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO 

 

ANÁLISIS DE LA CAUSA N.º 02281-2019-00313 TRAMITADO EN LA 
UNIDAD JUDICIAL PENAL DEL CANTÓN GUARANDA POR EL DELITO 
DE DAÑOS MATERIALES, RESPECTO A LA AFECTACIÓN AL 
DERECHO A LA DEFENSA Y EL ACTUAR DE LA FISCALÍA GENERAL 
DEL ESTADO COMO TITULAR DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CONTENIDO 

 
CERTIFICACIÓN DE AUTORÍA ........................................................................ I 
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE AUTORÍA .......... Error! Bookmark not 
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ESCRITURA PÚBLICA – DECLARACIÓN JURAMENTADA ...............Error! 
Bookmark not defined. 
AGRADECIMIENTO ......................................................................................... IV 
DEDICATORIA .................................................................................................... V 
TÍTULO ............................................................................................................... VI 
RESUMEN DEL CASO ........................................................................................ X 
GLOSARIO DE TÉRMINOS ............................................................................. XI 
INTRODUCCIÓN ............................................................................................. XIII 
CAPÍTULO I ......................................................................................................... 1 
PLANTEAMIENTO DEL CASO A SER INVESTIGADO ............................. 1 
1.1 Presentación del Caso ................................................................................... 2 
1.2 Objetivos del Análisis o Estudio de Caso ..................................................... 4 
1.2.1 Objetivo General: ................................................................................... 4 
1.2.2 Objetivos Específicos: ............................................................................ 4 
CAPÍTULO II ........................................................................................................ 5 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL CASO ............................................................ 5 
2.1 Antecedentes del Caso .................................................................................. 7 
2.2 Fundamentación Teórica del Caso ..............................................................16 
2.2.1 El Delito de Daños Materiales en Accidentes de Tránsito ...................16 
2.2.2 La Fiscalía como titular de la Acción Penal Pública ............................17 
2.2.3 La Mínima Intervención Penal en el actuar de la Fiscalía como titular 
de la acción penal pública ..............................................................................23 
2.2.4 El Principio de Objetividad en el actuar de la Fiscalía como titular de 
la acción penal pública ...................................................................................27 
2.2.5 El Debido Proceso .................................................................................28 
2.2.6 La Tutela Judicial Efectiva ...................................................................31 
2.2.7 El Derecho a la Defensa ........................................................................33 
2.2.8 La Nulidad por violación al debido proceso .........................................38 
2.2.9 El Sobreseimiento ..................................................................................41 
CAPÍTULO III .....................................................................................................44 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO INVESTIGATIVO REALIZADO ............44 
3.1 Redacción del Cuerpo de Estudio de Caso .................................................44 
3.2 Métodos de Investigación utilizados en el Estudio de Caso .......................61 
3.2.1 Método científico ...................................................................................61 
3.2.2 Método analítico ....................................................................................62 
3.3 Tipos de investigación utilizados en el Estudio de Caso .............................62 
3.3.1 Investigación Histórica ..........................................................................62 
3.3.2 Investigación Bibliográfica ...................................................................62 
3.4 Técnicas de Investigación utilizados en el Estudio de Caso .......................63 
3.4.1 Lectura Científica .................................................................................63 
3.4.2 Observación ...........................................................................................63 
3.5 Respuestas a las interrogantes planteadas en el Estudio de Caso ..............63 
3.5.1 ¿En el presente caso el rol que cumple la Fiscalía como titular de la 
Acción Penal Pública estuvo acorde a lo determinado en la norma penal? .63 
3.5.2 ¿En el presente caso de estudio se ha respetado el debido proceso como 
una garantía constitucional? .........................................................................64 
3.5.3 ¿En el presente caso de estudio se ha respetado el derecho a la 
defensa? ..........................................................................................................64 
3.5.4 ¿En la presente causa existió completo convencimiento por parte del 
Fiscal al momento de emitir dictamen acusatorio? ......................................64 
3.5.5 ¿En la presente causa el juzgador competente tiene la potestad de 
emitir auto de sobreseimiento? ......................................................................65 
CAPÍTULO IV ......................................................................................................66 
RESULTADOS ..................................................................................................66 
4.1 Resultados del Estudio de Caso ...................................................................66 
4.2 Impacto de los resultados del Estudio de Caso ...........................................66 
CONCLUSIONES ................................................................................................67 
BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................68 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

RESUMEN DEL CASO 

 

El presente estudio de caso se enfoca en realizar un análisis minucioso del 
proceso judicial N.º 02281-2019-00313 tramitado en la Unidad Judicial Penal del 
Cantón Guaranda por el delito de daños materiales, respecto a la afectación al derecho 
a la defensa del procesado y el actuar de la Fiscalía General del Estado como titular de 
la acción penal pública. 

Como primer punto es necesario partir indicando detalles específicos sobre el 
accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de Guaranda, donde Fiscalía por medio del 
conocimiento de un parte policial apertura una investigación previa por el presunto 
delito de daños materiales, infracción la cual se encuentra tipificada y sancionada en 
el Art. 380 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

Por otro lado, es oportuno tomar en consideración toda la actuación ejercida 
por la Fiscalía como titular de la acción penal pública, donde el agente fiscal debe 
actuar con objetividad tal y cual como lo determina la norma penal. 

El desarrollo de la presente investigación radica en analizar concretamente una 
afectación existente sobre el derecho a la defensa del procesado lo cual vulnera 
directamente el debido proceso penal. 

El presente estudio de caso se encuentra conformado por cuatro capítulos: El 
primer capítulo abarca el planteamiento del caso a ser investigado apareciendo el tema 
de daños materiales el cual forma parte de un delito culposo de tránsito, tramitado en 
la Unidad Judicial Penal del Cantón Guaranda, Provincia de Bolívar. En el segundo 
capítulo se desarrollará la contextualización del caso objeto de análisis en la cual se 
analizarán temas sobre el actuar de la Fiscalía como titular de la acción penal pública, 
el derecho a la defensa y el debido proceso. En el tercer capítulo se mostrará una 
descripción minuciosa del trabajo investigativo realizado en donde se determinará los 
métodos, técnicas e instrumentos de investigación que fueron utilizados para el análisis 
de la causa objeto de estudio, además se podrá responder ciertas interrogantes 
planteadas dentro de la investigación. En el cuarto y último capítulo se recogerán los 


resultados de la investigación realizada dentro del proceso judicial número 02281-
2019-00313. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Daño: El Diccionario Jurídico Elemental define al daño como aquel que: ‘‘Puede 
provenir de dolo, de culpa o de caso fortuito, según el grado de malicia, negligencia 
o casualidad entre el autor y el efecto. En principio, el daño doloso obliga al 
resarcimiento y acarrea una sanción penal; el culposo suele llevar consigo tan sólo 
indemnización (…)’’ (Cabanellas, 1993, págs. 88 - 89). 

Defensa en Juicio: El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales hace 
mención que la defensa en juicio es un: ‘‘Derecho a recurrir a los tribunales para la 
solución de un litigio u oponerse a cualquier pretensión aducida en juicio por la parte 
contraria (…)’’ (Ossorio, 2006, pág. 268). 

Delinquir: El Diccionario Jurídico Elemental define al delinquir como: ‘‘Cometer un 
delito. Infringir voluntariamente y dolosamente una norma jurídica, cuando la acción 
u omisión se encuentren sancionadas en la ley penal (…)’’ (Cabanellas, 1993, pág. 
93). 

Delito de Acción Pública: El Diccionario Jurídico Elemental define el delito de acción 
penal publica como: ‘‘Aquel que, por interesar al orden público, a de ser perseguido 
de oficio’’ (Cabanellas, 1993, pág. 94). 

Denuncia: El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales define a la 
denuncia como: ‘‘Acto de poner en conocimiento del funcionario competente (juez, 
ministerio público o agentes policiales) la comisión de un hecho delictuoso, sujeto a 
acción pública, del que se hubiere tenido noticia por cualquier medio (…)’’ (Ossorio, 
2006, pág. 290). 

Derechos y Garantías: El Diccionario Jurídico Elemental define a los derechos y 
garantías como: ‘‘El conjunto de declaraciones solemnes por lo general, aunque 
atenuadas por su entrega a leyes especiales donde a veces se desnaturalizan, que en 
el código fundamental tienden a asegurar los beneficios de la libertad, a garantizar la 


seguridad y a fomentar tranquilidad ciudadana frente a la acción arbitraria de la 
autoridad (…)’’ (Cabanellas, 1993, pág. 102). 

 

Imputar: El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales define el imputar 
de la siguiente manera: ‘‘En derecho penal, atribuir un delito o falta a determinada 
persona, capaz moralmente’’ (Ossorio, 2006, pág. 479). 

Indefensión: El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales define a la 
indefensión de la siguiente manera: ‘‘Es la situación en la que se encuentra quien no 
ha sido defendido o no se ha defendido, sin culpa por su parte, en un juicio que lo 
afecta (…)’’ (Ossorio, 2006, pág. 487). 

Medios de Prueba: El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales define 
a los medios de prueba de la siguiente manera: ‘‘Llámese así las actuaciones que, 
dentro de un procedimiento judicial, cualquiera que sea su índole, se encaminan a 
confirmar la verdad o a demostrar la falsedad de los hechos aducidos en el juicio’’ 
(Ossorio, 2006, pág. 591). 

Nulidad: El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales define a la nulidad 
de la siguiente manera: ‘‘Ineficacia en un acto jurídico como consecuencia de carecer 
de las condiciones necesarias para su validez, sean ellas de fondo o de forma (…)’’ 
(Ossorio, 2006, pág. 628). 

Prueba: El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales define a la prueba 
de la siguiente manera: ‘‘Conjunto de actuaciones que, dentro de un juicio, cualquiera 
que sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la falsedad de los hechos 
aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus respectivas pretensiones 
litigiosas’’ (Ossorio, 2006, pág. 791). 

 

 

 

 

 


 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio de caso trata sobre un accidente de tránsito, donde por 
medio de un parte policial se da a conocer de este particular a la Fiscalía General del 
Estado del Cantón Guaranda, Provincia de Bolívar, a fin de que se ordene la respectiva 
apertura de investigación previa por el presunto delito de daños materiales el mismo 
que se encuentra tipificado en el Art. 380 inciso primero del Código Orgánico Integral 
Penal (COIP). 

Dentro de la presente investigación llevada por la Fiscalía como titular de la 
acción penal pública, existe irregularidades donde también se produce una afectación 
al derecho de la defensa del procesado ya que este no contó con un abogado que vele 
por sus justos intereses en el momento del reconocimiento del lugar de los hechos del 
accidente de tránsito provocando de esta manera una vulneración grave al debido 
proceso y a la tutela judicial efectiva. 

Es importante resaltar que el Ecuador es considerado como un ‘‘Estado 
constitucional de derechos y justicia’’, ya que la misma carta magna lo describe de esa 
manera, es así que todas las demás leyes tienen que tener una relación estrecha con la 
mencionada norma suprema a fin de que todos los principios y garantías contenidos 
en dicho cuerpo legal sean cumplidos y así poder garantizar una justicia oportuna y 
eficaz. 

Partiendo de aquello, es necesario tomar en consideración al Código Orgánico 
Integral Penal el mismo que establece una finalidad la misma que va relacionada 
directamente con un sinnúmero de principios penales los mismos que tratan de mejorar 
todo el sistema legal garantizando de esta forma una correcta aplicación de la justicia 
en el ámbito penal. 

En el actual sistema penal acusatorio, el juez al ser un ente dotado de poder 
suficiente para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado debe asumir una actitud imparcial 
entre las partes en conflicto, ya que solo a través de la valoración de los hechos que 


irán relacionadas directamente a las pruebas que hayan sido aportadas en juicio se 
podrá fundamentar una decisión a fin de brindar una correcta aplicación de las normas 
para la realización de la justicia.


CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL CASO A SER INVESTIGADO 

 

TEMA: “ANÁLISIS DE LA CAUSA N.º 02281-2019-00313 TRAMITADO EN LA 
UNIDAD JUDICIAL PENAL DEL CANTÓN GUARANDA POR EL DELITO DE 
DAÑOS MATERIALES, RESPECTO A LA AFECTACIÓN AL DERECHO A LA 
DEFENSA Y EL ACTUAR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO COMO 
TITULAR DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA”. 

 

CAUSA JUZGADO N.º 02281-2019-00313. 

 

INVESTIGACIÓN PREVIA / INSTRUCCIÓN FISCAL: 020101819020064 

 

UNIDAD JUDICIAL: UNIDAD JUDICIAL PENAL DEL CANTÓN GUARANDA. 

 

ACTOR: FISCALÍA DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO DISTRITO DE BOLÍVAR 
Y POLICÍA NACIONAL SUBZONA BOLÍVAR N.º 2. 

 

PROCESADO: ANDRÉS SEBASTIÁN CHIMBO PAZMIÑO. 

 

TIPO DE DELITO: DAÑOS MATERIALES, ART. 380 INCISO PRIMERO COIP. 

 

AÑO DE LA CAUSA: 2019. 

 

AÑO DEL ESTUDIO DEL CASO PRÁCTICO: 2021 

 

AREA DEL CONOCIMIENTO: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS. 

 

 

LINEA DE INVESTIGACION: DERECHO PENAL. 

 


1.1 Presentación del Caso 

 

El presente estudio de caso número 02281-2019-00313 tiene como fin jurídico 
llegar a determinar la afectación al derecho a la defensa del imputado en un delito de 
daños materiales por accidente de tránsito en donde la Fiscalía General del Estado 
como titular de la acción penal pública tiene que cumplir con su actuación procesal 
acorde a lo que establece la normativa penal vigente. 

El proceso judicial 02281-2019-00313, tramitado en la Unidad Judicial Penal 
del Cantón Guaranda, trata directamente sobre un delito culposo de tránsito el cual se 
encuentra tipificado y sancionado dentro del Código Orgánico Integral Penal, 
específicamente el inciso primero del artículo 380 habla sobre los daños materiales 
producto de un accidente de tránsito. 

Esta investigación se va enfocar en analizar el accionar de la Fiscalía como 
titular de la acción penal pública, ya que los procedimientos deben ser acorde a lo 
establecido por la norma legal pertinente a fin de que no exista vulneración alguna de 
derechos y garantías básicas del debido proceso. 

Es menester indicar que en el presente caso nos encontramos frente a una 
afectación del derecho a la defensa en la realización del reconocimiento del lugar de 
los hechos, ya que el artículo 76 numeral 7 literal e de la carta magna claramente 
establece que ningún individuo puede ser interrogado por la Fiscalía, autoridad judicial 
o cualquier otra sin que se cuente con la presencia de un profesional del derecho sea 
este particular o público, ni aun con fines de investigación (Constitución de la 
República del Ecuador, 2008, pág. 37). 

Dicha actuación realizada en la diligencia del reconocimiento del lugar de los 
hechos por parte de un agente de la policía nacional, al entrevistar al señor Andrés 
Sebastián Chimbo Pazmiño sin la presencia de un abogado particular o defensor 
público que vele por los justos intereses del mencionado ciudadano, trajo como 
consecuencia la vulneración de un derecho primordial como es el derecho a la defensa, 
por ende, también existió una afectación directa al debido proceso. 

Conviene resaltar que en la respectiva audiencia evaluatoria y preparatoria de 
juicio de la presente causa celebrada con fecha 27 de junio del 2019 a las 09H00, el 


señor juez de la Unidad Judicial Penal del Cantón Guaranda, Provincia de Bolívar, 
Edgar Efraín del Salto Dávila, resolvió declarar la nulidad del proceso a partir de fojas 
42 la que la propia carta suprema establece que se prohíbe la indefensión de forma 
absoluta, total, ilimitada e incondicionada, ya que el señor agente de tránsito al 
procesado lo ha dejado en un estado de indefensión lo cual influye en la decisión de la 
causa. 

Previo a la declaratoria de nulidad, Fiscalía como titular de la acción penal 
pública retoma sus actuaciones nuevamente y más delante se pide al juzgador 
competente que se convoque a la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en 
contra del señor Andrés Sebastián Chimbo, siendo esta celebrada con fecha 2 de 
septiembre del 2020 a las 10H30, en donde el agente fiscal emite dictamen acusatorio 
en contra del referido ciudadano, en calidad de autor del delito de Daños Materiales 
previsto en el artículo 380 inciso primero del COIP; es así que en relación al dictamen 
acusatorio, se resolvió en audiencia dictar auto de sobreseimiento a favor del señor 
Andrés Sebastián Chimbo Pazmiño debido a que se concluyó indicando que los 
elementos en los que el agente fiscal sustentó su acusación, no son suficientes para 
presumir la existencia del delito o participación de la persona procesada. 

Es importante destacar que una vez que se declaró la nulidad a costa del señor 
perito Edwin Vinicio Andrade Oviedo, la pericia de reconocimiento del lugar de los 
hechos y avalúo no tiene validez alguna, ya que el perito queda impedido de actuar en 
la presente causa objeto de análisis. 

La Constitución de la Republica del Ecuador vela por la correcta aplicación de 
las normas, garantizando de esta manera que se cumplan obligatoriamente los derechos 
y garantías de los individuos. Tanto la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica 
forman parte esencial de todo lo que trata el derecho en general pues se busca impartir 
una verdadera justicia dentro de toda la legislación ecuatoriana evitando vulneraciones 
que afecten el debido proceso. Los principios emanados de la carta suprema son 
importantes en el desarrollo del derecho ya que nos encontramos frente a un sistema 
penal acusatorio en donde el juzgador competente es un ente imparcial dotado de poder 
el mismo se encuentra obligado a cumplir con todos y cada uno de los enunciados de 
la norma correspondiente a fin de lograr una paz social. 


1.2 Objetivos del Análisis o Estudio de Caso 

 

1.2.1 Objetivo General: 

 

. Determinar cuál fue la actuación de la Fiscalía como titular de la acción penal 
pública en la causa número 02282-2019-00313, tomando en consideración la 
nulidad dictada por el juzgador en relación a la afectación del derecho a la 
defensa del imputado. 


 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 

. Analizar de forma técnica, jurídica y doctrinaria todo lo correspondiente sobre 
el derecho a la defensa. 


 

. Establecer cuál es el rol que cumple la Fiscalía como titular de la acción penal 
pública. 


 

. Analizar si en el presente caso de estudio signado con el número 02282-2019-
00313 existió vulneración de derechos y garantías básicas del debido proceso. 


 

. Determinar de forma jurídica en que consiste el auto de sobreseimiento. 


 

 

 

 

 

 


CAPÍTULO II 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL CASO 

 

La presente investigación en relación al proceso judicial 02282-2019-00313, 
tiene como fenómeno jurídico la vulneración del derecho a la defensa y el actuar de la 
Fiscalía como titular de la acción penal pública en un delito de daños materiales por 
accidente de tránsito, tipificado y sancionado en el artículo 380 del Código Orgánico 
Integral Penal, el cual es tramitado en la Unidad Judicial Penal del Cantón Guaranda. 

Es importante tomar en consideración que toda infracción penal es considerada 
como una acción que va en contra del derecho, es por ello que el Código Orgánico 
Integral Penal regula los diferentes tipos penales imponiendo una pena o sanción al 
sujeto quien ejerza dicha actuación antijuridica. 

La Constitución de la Republica del Ecuador que es la carta suprema del 
Estado, hace mención que la Fiscalía General del Estado forma parte de la Función 
Judicial, lo cual brinda a este órgano autónomo varias atribuciones específicas que 
deben ser cumplidas a cabalidad. Los agentes fiscales como titulares de las acciones 
penales públicas, deben regirse siempre bajo los lineamientos establecidos por la 
norma suprema y la norma penal, respetando de esta manera garantías y principios que 
forman parte esencial de la tutela judicial efectiva. 

El derecho a la defensa en la legislación ecuatoriana es considerado como una 
garantía primordial, con la cual el sistema legal se desarrolla de forma correcta, 
cumpliendo de esta manera con lo requerido en la normativa legal vigente dentro del 
Estado, ya que se brinda la protección directa de igualdad de oportunidades dentro de 
todo proceso judicial, garantizando de esta manera el debido proceso que trae consigo 
una correcta administración de justicia. 

La carta suprema de la legislación ecuatoriana, en el capítulo octavo habla 
sobre los derechos de protección, específicamente el artículo 75 determina que todo 
individuo tiene derecho al acceso a la justicia de forma gratuita, además de aquello se 
garantiza una correcta aplicación de la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 
derechos e intereses, bajo la aplicación de ciertos principios considerados 


fundamentales para la sustanciación de las causas judiciales (Constitución de la 
República del Ecuador, 2008, pág. 37), es así que el derecho a la defensa toma un rol 
importante en el sistema de justicia, pues en ningún caso un individuo puede quedar 
en indefensión en cualquier etapa del proceso en la que se encuentre, ya que esto atenta 
contra la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la seguridad jurídica. 

Por, otro lado dentro del mismo capítulo octavo de la carta suprema del 
Ecuador, específicamente en el artículo 76, se determina que en todo proceso o causa 
judicial en la que se determinen derechos y obligaciones, el Estado a través de las 
autoridades judiciales competentes asegurará el derecho al debido proceso 
(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 37), es decir que la carta 
suprema se encuentra garantizado el respeto de los derechos legales que posee un 
individuo según las disposiciones enunciadas en las normas legales en donde se toma 
en consideración garantías mínimas que aseguran un resultado justo y equitativo. 
Conviene subrayar que, entre las garantías básicas que se dan a conocer en el 
mencionado artículo, nos enfocaremos en analizar el derecho a la defensa el cual será 
desarrollado en párrafos posteriores, ya que este derecho forma parte esencial del 
análisis de la presente causa 02282-2019-00313. 

Con ello queda establecido que el debido proceso es una garantía de carácter 
constitucional por medio de la cual se otorga a las personas una serie de garantías 
mínimas que deben ser aplicadas en todo proceso judicial, ya que a través de ellas se 
brinda la oportunidad a las partes procesales de ser escuchadas oportunamente y con 
ello se hace valer sus pretensiones legítimas frente al órgano judicial competente. 

Por otro lado, es necesario indicar que la seguridad jurídica es un derecho que 
se fundamenta en el respeto de la carta magna y de los demás cuerpos legales en donde 
las normas jurídicas aplicadas en un proceso deben estar establecidas previamente, 
además de ser claras, públicas, a fin de que sean aplicadas directamente por los órganos 
judiciales competentes (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 42), es 
decir por los juzgadores, los cuales son individuos dotados de poder para juzgar y hacer 
ejecutar lo juzgado considerando siempre la medida de su competencia, pues la 
competencia limita el poder que posee un juzgador, lo cual da lugar a que este pueda 
conocer y resolver solo un grupo determinado de causas o procesos judiciales. 


2.1 Antecedentes del Caso 

 

En el presente estudio de caso 02282-2019-00313 existe una afectación directa 
al derecho a la defensa del procesado por lo cual es necesario realizar un análisis 
profundo y minucioso de todas y cada una de las actuaciones realizadas por Fiscalía 
como titular de la acción penal pública. 

El 15 de febrero del 2019, a eso de las 06H55, en las calles: Selva Alegre y 
Convención de 1884, se produce un accidente de tránsito entre los vehículos de placas 
BEA – 1519, conducido por el señor policía Washington Daniel Córdova Erazo, en 
este vehículo tipo patrullero iba en la parte posterior el señor Andrés Sebastián Chimbo 
Pazmiño, quien sin percatarse que venía un vehículo en la parte de atrás, abre la puerta 
y se ocasiona un accidente de tránsito, este acto tiene antecedente porque el señor 
Andrés Chimbo estaba siendo auxiliado por la Policía Nacional en relación a un 
presunto delito de robo o hurto, es por ello que es necesario resaltar y considerar que 
el mencionado ciudadano venia como pasajero en el vehículo patrullero de la Policía 
Nacional, por lo cual al momento de abrir la puerta ocasiona un accidente de tránsito 
con un bus de placas TAS 0556, conducido por el señor Henry Danilo Serrano Camino, 
producto de aquello se producen daños materiales. 

Con fecha 18 de febrero del 2019 el Agente Fiscal de Accidentes de Tránsito 
número 1 del Cantón Guaranda, Provincia de Bolívar conoce de un parte policial y 
apertura una investigación previa por un delito de daños materiales causados en un 
accidente de tránsito, entre un patrullero de la Policía Nacional y un Bus perteneciente 
a la Cooperativa ‘‘Universidad de Bolívar’’. 

Fiscalía como titular de la acción penal pública, con fecha 18 de febrero del 
2019, siendo las 12H02, mediante impulso del agente fiscal Rommel Gustavo Haro, 
dispone la práctica de varias diligencias, entre ellas consta que se realice el 
reconocimiento técnico mecánico y avaluó de daños materiales sobre los vehículos 
objetos del siniestro de tránsito, además de realizarse la diligencia del reconocimiento 
del lugar de los hechos. Así mismo dispone textualmente lo siguiente: ‘‘El jefe del 
JSZAV-B-2 designará un perito para luego nombrarlo y posesionarlo (…)’’ 
(EXPEDIENTE FISCAL 020101819020064, 2019, pág. 22). 


Siendo las 12H50 y 13H20, de fecha 18 de febrero del 2019, dentro de la 
investigación previa 020101819020064 objeto de análisis, el agente fiscal nombra 
como perito al señor agente de policía Edwin Vinicio Andrade Oviedo, a fin de que 
practique la diligencia de reconocimiento técnico mecánico y avaluó de daños 
materiales sobre los vehículos de placas BEA – 1519 y TAS – 00556 respecto al 
siniestro de tránsito que se encuentra siendo investigado, concediéndole el plazo de un 
día, a partir de su posesión, para que presente el respectivo informe. 

Con fecha 18 de febrero del 2019, a las 13H30, el agente de policía Edwin 
Vinicio Andrade Oviedo, pone en conocimiento del señor agente fiscal Gustavo Haro 
Sarabia, el informe pericial de Reconocimiento Técnico Mecánico y Avaluó de Daños 
Materiales de los vehículos de placas BEA – 1519 y TAS – 00556, dentro de las 
respectivas conclusiones respecto al vehículo de placas BEA – 1519, se llega a 
establecer lo siguiente: 

‘‘6.1.- Se desprende que la reparación de los daños materiales del 
vehículo alcanzaría un monto aproximado de: MIL DÓLARES 
AMERICANOS (USD. 1.000,00); sin considerar posibles daños que se 
descubran al reparar el móvil. 6.2.- Del peritaje técnico mecánico 
efectuado al móvil, se desprende que participó en un accidente de 
tránsito, observándose los daños materiales en el tercio posterior y 
medio lateral izquierdo del móvil’’ (EXPEDIENTE FISCAL 
020101819020064, 2019, pág. 38). 

Respecto al vehículo de placas TAS – 00556, en la parte textual de las 
conclusiones se llega a establecer lo siguiente: 

‘‘6.1.- Se desprende que la reparación de los daños materiales del 
vehículo alcanzaría un monto aproximado de: CIEN DOLARES 
AMERICANOS (USD. 100,00); sin considerar posibles daños que se 
descubran al reparar el móvil. 6.2.- Del peritaje técnico mecánico 
efectuado al móvil se desprende que participó en un accidente de 
tránsito, observándose los daños materiales en el tercio anterior del 
lateral derecho del móvil’’ (EXPEDIENTE FISCAL 
020101819020064, 2019, pág. 41). 


Así mismo con fecha 18 de febrero del 2019, el agente de policía Edwin Vinicio 
Andrade Oviedo, pone en conocimiento del señor agente fiscal, el informe de 
Inspección Ocular Técnica del Accidente de Tránsito investigado, en la cual dentro de 
su parte textual respectiva del numeral 2 en donde se dispone las consideraciones 
técnicas o metodología a aplicarse por medio de la inspección ocular técnica, se hace 
referencia a que se ha basado en una: ‘‘(…) Entrevista verbal realizada en el Lugar de 
los Hechos al Sr. Chimbo Pazmiño Andrés Sebastián, pasajero del vehículo de placas 
BEA – 1519’’ (EXPEDIENTE FISCAL 020101819020064, 2019, pág. 42). 

Es menester indicar que, en base a lo descrito en el párrafo anterior, respecto a 
la parte textual dispuesta en el informe de Inspección Ocular Técnica del Accidente de 
Tránsito de la presente causa judicial, es evidente que se llega a vulnerar una de las 
garantías básicas del debido proceso como es el derecho a la defensa, específicamente 
el contemplado en el artículo 76 numeral 7 literal e de la Constitución de la República 
del Ecuador, ya que se realizó una entrevista al señor Andrés Chimbo Pazmiño sin la 
presencia de un abogado ya sea público o privado que vele por sus justos intereses. 

Con fecha 10 de abril del 2019 el agente de policía Edwin Vinicio Andrade 
Oviedo, pone en conocimiento del señor agente fiscal, que la diligencia de 
Reconocimiento del Lugar de los Hechos no se puedo efectuar por cuanto el señor 
Andrés Chimbo Pazmiño se encontraba sin su abogado patrocinador. 

Con fecha 29 de abril del año 2019 siendo las 10H30, se llevó a efecto la 
audiencia de Formulación de Cargos en donde se dio inicio a etapa de instrucción fiscal 
en contra del señor Andrés Sebastián Chimbo Pazmiño por considerar Fiscalía que 
existen elementos suficientes de convicción de que el procesado es autor directo del 
delito de daños materiales, tipificado y sancionado en el artículo 380 inciso primero 
del Código Orgánico Integral Penal. 

El elemento principal con el que se formula cargos e inicia la etapa de 
instrucción fiscal, es en base a un informe de inspección ocular técnica de tránsito, en 
el cual se incurren en violaciones procesales ya que en el informe se hace constar que 
el agente de policía Edwin Vinicio Andrade Oviedo, por disposición del ECU 911, 
acude al lugar de los hechos producto del siniestro de tránsito, en donde toma contacto 
con los señores Washington Daniel Córdova Erazo, Henry Danilo Serrano Camino y 


Andrés Sebastián Chimbo Pazmiño, previo a ello en base a una entrevista realizada al 
señor Andrés Chimbo, se presenta un informe determinante que es la causa basal, 
existiendo violación conforme lo determina el artículo 76 numeral 7 literal e de la carta 
suprema de la Legislación Ecuatoriana. 

Dicho de otra manera, en el presente caso se hace mención que el agente de 
policía Edwin Vinicio Andrade Oviedo, acudió al lugar de los hechos y procede a 
entrevistar al señor Andrés Chimbo, en base a esa información obtenida sin estar 
asistido por un profesional del derecho que vele por sus justos intereses, se llega a 
emitir un informe en la cual se determina la causa basal, además de un informe de 
inspección ocular técnica lo cual conlleva a una violación constitucional, además es 
importante aclarar que la información que proporciona el señor perito, fue ingresado 
en el proceso judicial como pericia sin haber sido dispuesta u ordenada por el señor 
agente fiscal. 

Es así que el señor agente fiscal desconocía si existía o no dicho informe 
conforme se desprende del primer decreto de fojas 22, de fecha 18 de febrero del 2019, 
emitido por el señor fiscal, en donde se manifiesta ‘‘Ofíciese al señor jefe de la 
Jefatura Sub Zonal de Accidentología Vial No. 2, a fin de que en caso de existir el 
Informe Tipo C, del accidente donde se encuentra involucrado el vehículo patrullero 
marca Kia Sportage de placas BEA-1519, y el vehículo de placas (…) (EXPEDIENTE 
FISCAL 020101819020064, 2019, pág. 22)’’, dejándose constancia que la pericia 
Tipo ‘‘C’’ no fue dispuesta por el señor fiscal, violentándose de esta manera el Código 
de Entidades de Seguridad Ciudadano y el Ente Público ya que las pericias deben 
realizarse a pedido de Fiscalía y más no por el ECU 911; es por ello que bajo estas 
circunstancias analizadas, se acarrea la nulidad de todo lo actuado a partir de fojas 42 
por cuanto se ha vulnerado el derecho a la defensa del señor Andrés Sebastián Chimbo 
Pazmiño, por haberse realizado un informe donde se determina una causa basal siendo 
entrevistado el mencionado ciudadano sin contar con la presencia de un abogado 
patrocinador. 

 

Una vez concluida la instrucción fiscal, se ingresa a la Unidad Judicial Penal 
un oficio número FPB-FEATI-0887-2019-001110-0 de fecha 02 de junio del 2019, 


suscrito por el Dr. Gustavo Haro, Fiscal de Bolívar, donde solicita que se señale día, 
hora y fecha para la Audiencia Evaluatoria y Preparatoria de Juicio en contra del señor 
Andrés Sebastián Chimbo Pazmiño, por lo que la autoridad competente mediante 
decreto de fecha martes 18 de junio del 2019 convoca a la audiencia solicitada para el 
día jueves 27 de junio del 2019 a las 09H00. 

Es importante resaltar que, en dicha audiencia preparatoria y evaluatoria de 
juicio, se declaró la nulidad del proceso a partir de fojas 42 por existir en la 
sustanciación del proceso un vicio de procedimiento que afecta la validez de la causa 
conforme lo determina el artículo 652 numeral 10 literal c del Código Orgánico 
Integral Penal, por existir una violación de un derecho fundamental como es el derecho 
a la defensa, en lo que respecta a la existencia de requisitos de procedimiento que 
puedan afectar la validez del proceso se encuentra contemplado en el artículo 604 
numeral 2 del mencionado cuerpo legal, en donde la doctrina indica que son vicios de 
procedimiento las actuaciones realizadas fuera de las reglas trazadas en el 
procedimiento penal, lo cual da lugar a que el resultado del proceso pueda ser otro. 

En relación al asunto objeto de la resolución emitida por el juzgador 
competente, debemos señalar que la parte perjudicada en la fundamentación de la 
nulidad precisó con claridad cuál es el vicio o incumplimiento de la formalidad que le 
causa agravio, existiendo violación del artículo 76 numeral 7 literal e de la 
Constitución de la República del Ecuador, ya que en el presente caso se ha entrevistado 
al señor Andrés Chimbo sin la presencia de su abogado defensor, y previo a ello se 
llega a presentar un informe de inspección ocular técnica lo que conlleva a una 
violación constitucional, añadiendo que dicho informe ha sido ingresado en el proceso 
como pericia sin haber sido dispuesta u ordenada por Fiscalía como titular de la acción 
penal pública. Es importante señalar que el efecto de la nulidad consiste en retrotraer 
las actuaciones hasta el momento en que se produjo dicho vicio. 

Una vez que el expediente ha sido devuelto a Fiscalía, el agente fiscal Rommel 
Gustavo Haro, retoma la investigación y dispone la recepción de versiones y que se 
practique el reconocimiento del lugar de los hechos. 

Con fecha 24 de julio del 2019, el agente fiscal Rommel Gustavo Haro, dentro 
de la investigación objeto de análisis, dispone nombrar como perito al señor Sgos. 


Diego Allauca Mosquera del JSZAV-B-2, a fin de que practique la diligencia de 
Reconocimiento del lugar de los hechos (accidente de tránsito), experticia la cual debe 
ser efectuada el día 24 de julio del 2019 a las 11H00. Es así que en la referida fecha el 
agente procede a realizar dicha diligencia, en la cual dentro del informe respectivo 
hace constar que no se pudo llevar a cabo el reconocimiento del lugar de los hechos 
debido a que no se presentó uno de los participantes, por lo cual quedó suspendida. 

Con fecha 20 de agosto del 2019, el agente fiscal señala nuevo día, hora y fecha 
para que se realice la diligencia de reconocimiento del lugar de los hechos para el 05 
de septiembre del 2019, diligencia que fue realizada por el señor Sgos. Diego Allauca 
Mosquera del JSZAV-B-2, según se desprende del informe emitido por dicho perito, 
se hace constar que no se presentaron las partes interesadas, únicamente acudiendo a 
dicha diligencia el conductor del vehículo patrullero de placas BEA – 1519. 

Con fecha 13 de septiembre del 2019, mediante oficio número 2019-552–
UDATH–DG–SZB–2, emitido por la teniente de policía Jenny Elizabeth Minda Chala, 
jefe de talento humano de la Sz Bolívar número 2, da a conocer al agente fiscal 
Rommel Gustavo Haro, que una vez que se ha revisado el sistema informático de la 
Policía Nacional, se ha podido constatar que el señor Sgos. Holger Duberli Carvajal 
Barcenes, se encuentra con cese de funciones de las filas policiales desde el 30 de abril 
del 2019, razón por la cual no es posible comunicarle que asista al Reconocimiento del 
lugar del Accidente de Tránsito a realizarse nuevamente el 18 de septiembre del 2019, 
fecha en la cual tampoco se llevó a cabo la diligencia establecida ya que no acudió el 
señor Andrés Sebastián Chimbo Pazmiño ni su abogado defensor. 

Mediante impulso del agente fiscal Rommel Gustavo Haro, de fecha 25 de 
septiembre del 2019, se dispuso que se realice el Reconocimiento del Lugar de los 
Hechos del Accidente de Tránsito, para el cumplimiento de dicha diligencia se remitió 
oficio al Ab. Danny Echeverria, persona encargada del sorteo y designación de peritos, 
a fin de que sea sorteado un perito con conocimiento de accidentes de tránsito de la 
Policía Nacional, de la base datos del Consejo de la Judicatura, para lo cual mediante 
el respetivo sorteo se da a conocer mediante memorando al agente fiscal, que el señor 
perito William Marcelo Changuan Morillo, es especialista en accidentes de tránsito, 
por lo cual este deberá ser nombrado por el agente fiscal una vez que se verifique si 
cumple los requisitos y experiencia necesaria para la investigación. 


Con fecha 11 de octubre del 2019, el señor perito William Marcelo Changuan 
Morillo, mediante parte policial número 2019101111011622708, da a conocer que no 
se realizo la diligencia del Reconocimiento del Lugar de los Hechos ya que no asistió 
ninguna de las personas interesadas. 

Con fecha 20 de enero del 2020, el agente fiscal nombra como perito al señor 
Sgos. Edison Martín Galarza Pérez, quien es el encargado en practicar la diligencia de 
Reconocimiento del Lugar de los Hechos, diligencia que fue realizada en 28 de enero 
del 2020 a las14H30, en el mencionado informe puesto en conocimiento del agente 
fiscal con fecha 13 de febrero del 2020, se hace referencia que el participante (uno) no 
toma las medidas de seguridad tendientes a evitar un accidente de tránsito al abrir la 
puerta posterior del móvil (dos) ante la presencia del móvil (tres), impactando móvil 
(tres) a móvil (dos), el participante (uno) en forma clara y concreta hace referencia que 
es el señor Andrés Sebastián Chimbo Pazmiño, quien abrió intempestivamente la 
puerta del automotor (EXPEDIENTE FISCAL 020101819020064, 2019, pág. 327). 

Con fecha 03 de marzo del 2020, el agente fiscal solicita al juez de la Unidad 
Judicial Penal del Cantón Guaranda, se convoque a la audiencia de Formulación de 
Cargos en contra del señor Andrés Sebastián Chimbo Pazmiño, por el presunto delito 
de daños materiales, ya que dentro de la investigación previa realizada por Fiscalía han 
aparecido elementos de convicción que hacen presumir de la participación en calidad 
de autor del delito antes mencionado. 

Con fecha 09 de marzo del 2020, a las 16H00, es celebrada la audiencia de 
Formulación de Cargos en contra del señor Andrés Sebastián Chimbo Pazmiño, en 
donde Fiscalía con base a varios elementos recogidos en la etapa investigativa como 
informes técnicos mecánicos, informes de reconocimiento del lugar de los hechos y 
versiones de distintos sujetos, decide dar inicio a la etapa de Instrucción Fiscal en 
contra del referido ciudadano, es menester indicar que el delito por el cual Fiscalía 
inicia la etapa de Instrucción Fiscal se encuentra previsto en el artículo 380 numeral 1 
del Código Orgánico Integral Penal, en relación a la duración de la instrucción fiscal 
se estableció un plazo de 45 días, por otro lado en base a la disposición contenida en 
el artículo 522 en relación con el artículo 519 del COIP, se dictó como medida de 
carácter personal en contra del señor Andrés Chimbo, la prohibición de ausentarse del 
país. 


Con fecha 21 de julio del 2020, el agente fiscal dispone el cierre de la 
Instrucción Fiscal, por lo cual solicita al juez de la Unidad Judicial Penal del Cantón 
Guaranda, se señale día, hora y fecha para realizarse la respectiva audiencia evaluatoria 
y preparatoria de juicio en contra del señor Andrés Sebastián Chimbo Pazmiño. 

Con fecha 2 de septiembre del 2020, es celebrada la audiencia Preparatoria y 
Evaluatoria de Juicio en contra del señor Andrés Sebastián Chimbo Pazmiño, una vez 
confirmada la comparecencia de las partes, el juez consultó a los sujetos procesales 
para que se pronuncien sobre los vicios formales respecto a lo actuado hasta ese 
momento procesal que pudieran afectar la validez del proceso, coincidentemente 
mencionaron en dicha audiencia que no tienen nada que alegar respecto a vicios 
formales o cuestiones de procedimiento que pudieran afectar la validez del proceso 
pues se han respetado las normas y garantías constitucionales y procedimentales del 
debido proceso, por lo cual se declaró la validez del mismo. Acto seguido se pronunció 
fiscalía en donde se llegó a emitir dictamen acusatorio en contra del referido 
ciudadano, en calidad de autor del delito de daños materiales (tránsito) previsto en el 
artículo 380 inciso primero del COIP; en relación al dictamen acusatorio, en relación 
a los elementos que presento fiscalía para su acusación, el parte policial que hace 
referencia que el ECU 911 dio auxilio al señor Andrés Chimbo, los informes técnicos 
mecánicos y avalúos de los vehículos producto del siniestro de tránsito, versiones de 
distintos sujetos, y, el informe del reconocimiento del lugar de los hechos; previo a 
ello se pronuncio el procesado a través de su defensa técnica Dr. Cristian Ortiz, quien 
manifestó que se deben analizar los elementos probatorios con los que cuenta fiscalía, 
pues el agente fiscal en la investigación ha dispuesto varias diligencias, entre ellas la 
diligencia de reconocimiento técnico mecánico y avaluó de daños materias, y, el 
reconocimiento del lugar de los hechos mediante decreto emitido con fecha 18 de 
febrero del 2019, disponiendo que el jefe de la JSZA-V-B-2, designe un perito para 
luego nombrarlo y posesionarlo, es así que para diligencia del reconocimiento del lugar 
de los hechos, el agente fiscal no designo al perito sino que se dispuso que la jefatura 
sub zonal de Accidentología vial de Bolívar número 2, sea quien nombre al perito y 
realice el reconocimiento y el avalúo técnico mecánico; posterior a ello Fiscalía se 
contradice para las siguientes diligencias haciendo constar los sorteos como debe ser, 
esto se realiza a fojas 277 en donde consta el sorteo de peritos a través del formulario 


del Consejo de la Judicatura, de fojas 294 y 309 se realiza esta actividad, pero para el 
reconocimiento y avaluó técnico mecánico se incumplió con las disposiciones legales. 

Es importante recalcar que, a costa del señor Sgos. Edwin Oviedo se declaró 
una nulidad constante a fojas 201, nulidad a partir de fojas 42 en adelante, es por ello 
que, si se encuentra declarada la nulidad en contra del mencionado perito, 
prácticamente la pericia de reconocimiento y avaluó no tiene validez, conforme el 
artículo 572 del COIP, se establece causa de excusa y recusación, esto en relación al 
artículo 511 como reglas generales para las y los peritos en su numeral 3, conforme al 
artículo 572 numeral 9 en íntima relación con el artículo 511 numeral 4, el perito debió 
excusarse. Es así que como exclusión de prueba tenemos el testimonio del Sgos. Edwin 
Andrade Oviedo, así como el informe pericial del reconocimiento técnico mecánico y 
avaluó de daños materiales de los vehículos. 

Es por esta razón que, en la referida audiencia, el juzgador una vez escuchadas 
a las partes y analizados los argumentos de las partes procesales, resolvió dictar 
sobreseimiento a favor del señor Andrés Chimbo Pazmiño, conforme lo dispone el 
numeral 2 del artículo 605 del COIP, esto es, cuando se concluyan que los hechos no 
constituyen delito o que los elementos en los que el fiscal sustento su acusación no son 
suficientes para presumir la existencia del delito o participación de la persona quien 
está siendo procesada. En la referida audiencia, el agente fiscal se pronunció sobre la 
decisión emitida por la autoridad competente, presentando en forma oral el Recurso 
de Apelación para ante la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de 
Bolívar. 

 

 

 

 

 


2.2 Fundamentación Teórica del Caso 

 

2.2.1 El Delito de Daños Materiales en Accidentes de Tránsito 

 

El presente estudio de caso signado con el número 02282-2019-00313, trata de 
un delito de daños materiales producido en un accidente de tránsito en la ciudad de 
Guaranda, Provincia de Bolívar, por lo cual es importante iniciar desarrollando un 
análisis jurídico sobre el tipo penal mencionado. 

El Código Orgánico Integral Penal en la sección segunda habla sobre los delitos 
culposos de tránsito, específicamente el inciso primero del artículo 380 del 
mencionado cuerpo legal hace referencia a los daños materiales producidos en el 
accidente de tránsito del cual vamos a realizar la investigación, llegándose a 
determinar lo siguiente: 

 

‘‘La persona que como consecuencia de un accidente de tránsito 
cause daños materiales cuyo costo de reparación sea mayor a dos 
salarios y no exceda de seis salarios básicos unificados del 
trabajador en general, será sancionada con multa de dos salarios 
básicos unificados del trabajador en general y reducción de seis 
puntos en su licencia de conducir, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil para con terceros a que queda sujeta por causa 
de la infracción’’ (Código Orgánico Integral Penal, 2021, pág. 124). 

 

Tomando en consideración lo enunciado en el párrafo anterior, se puede llegar 
a establecer que la norma penal hace mención a ciertos perjuicios que afectan 
directamente a los autores, generándose de esta manera daños materiales provocados 
por dicho accidente de tránsito en donde al infractor se le impone una sanción de 
carácter pecuniaria y la respectiva reducción de puntos. 

 

 


2.2.2 La Fiscalía como titular de la Acción Penal Pública 

 

Es importante partir indicando que, desde el inicio del Estado bajo el modelo 
político y social, la Fiscalía ha representado a la sociedad como titular de la acción 
penal pública garantizando dentro del sistema legal el cumplimiento de los derechos 
que poseen todos y cada uno de los individuos. 

El destacado abogado y jurista penal Claus Roxin, nos da a conocer su criterio 
en relación a la Fiscalía, definiéndola como un ‘‘(…) Órgano estatal competente para 
la persecución penal’’ (Derecho Procesal Penal, 2003, pág. 50). Partiendo de esta 
definición es necesario remitirnos a la norma suprema que es la Constitución de la 
Republica del Ecuador, específicamente el artículo 194 del mencionado cuerpo legal 
determina lo siguiente: 

 

‘‘La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la 
Función Judicial, único e indivisible, funcionará de forma 
desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y 
financiera. La Fiscal o el Fiscal General es su máxima autoridad 
y representante legal y actuará con sujeción a los principios 
constitucionales, derechos y garantías del debido proceso’’ 
(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 70). 

 

De lo enunciado por Claus Roxin en párrafos anteriores y relacionándolo 
directamente con la norma suprema, se puede llegar a establecer que la Fiscalía 
General del Estado es una institución autónoma que tiene características propias como 
la desconcentración, la indivisibilidad y la unidad, es por esta razón que todos los 
agentes fiscales deben respetar el cumplimiento de los principios y garantías con las 
cuales cuentan las personas, a fin de que al momento de realizar la dirección de la 
investigación preprocesal y procesal penal todas sus actuaciones sean acordes al 
debido proceso. 

 


El tema del actuar de la Fiscalía como titular de la acción penal pública ha sido 
considerado dentro del presente estudio de caso del proceso judicial 02282-2019-
00313 ya que es necesario tomar en consideración como antecedente el impulso fiscal 
número 1 de fecha 18 de febrero del 2019 constante en fojas 22 donde el agente fiscal 
dispone que se realice el reconocimiento técnico mecánico y avaluó de daños 
materiales en los vehículos objetos del siniestro, además también el reconocimiento 
del lugar de los hechos del accidente de tránsito, haciendo constar que el señor Jefe 
del JSZA V sea quien designe un perito para luego nombrarlo y posesionarlo 
legalmente. De lo enunciado anteriormente, es necesario indicar que la norma 
determina que los jueces y fiscales son los que procederán por sorteo a la designación 
de peritos a través del sistema informático pericial con el cual cuenta la Función 
Judicial. 

Los agentes fiscales que conocen de procesos pre procesales o de una 
investigación previa según el Reglamento del Sistema Pericial Integral son los 
obligados a designar los peritos que por sorteo corresponda. Con ello queda 
establecido que el agente fiscal no puede disponer a una persona particular como el 
señor jefe del JSZA V para que sea el quien designe un perito para la práctica de cierta 
diligencia. 

Efectivamente en el caso objeto de análisis se da este particular, donde el actuar 
del agente fiscal como titular de la acción penal pública no se adecua a lo establecido 
en la norma, ya que esta obligación propia del agente fiscal no puede ser delegada. 

Es así que podemos manifestar que, la Fiscalía hoy en día asume un rol 
importante en el sistema de justicia dentro de la legislación ecuatoriana, ya que a través 
de él los agentes fiscales como titulares de la acción penal pública están facultados 
para iniciar una investigación, respetando siempre lo enunciado en la norma penal 
donde un individuo puede ser procesado penalmente por el cometimiento de un hecho 
delictivo. 

De esta manera en la legislación ecuatoriana, confieren a la Fiscalía el oficio 
relacionado a promover y perseguir toda acción referente a un delito de acción pública 
lo cual trata directamente el derecho penal. 


Con ello queda evidenciado que la Fiscalía en base a su titularidad actúa 
siempre respetando las garantías y derechos emanados de la Constitución y las demás 
normas legales considerando siempre la rama del derecho sobre la cual se esté tratando 
una causa judicial. 

Por otro lado, debemos tomar en consideración el argumento jurídico emitido 
por el abogado y académico Julio B. J. Maier, el mismo que nos indica que el 
Ministerio Público como se le conocía anteriormente, hoy llamado Fiscalía, es un 
‘‘Acusador estatal distintivo de los jueces y encargado de ejercer ante ellos la llamada 
acción penal pública’’ (Derecho Procesal Penal II , 2004, pág. 294). Con estas 
consideraciones es necesario remitirnos al capítulo tercero del Código Orgánico 
Integral Penal ya que se habla sobre la Fiscalía, específicamente el artículo 442 
menciona lo siguiente: 

 

‘‘La Fiscalía dirige la investigación preprocesal y procesal penal 
e interviene hasta la finalización del proceso. La víctima deberá 
ser instruida por parte de la o el fiscal sobre sus derechos y en 
especial, sobre su intervención en la causa’’ (Código Orgánico 
Integral Penal, 2021, pág. 210). 

 

De lo enunciado por Julio B. J. Maier y relacionándolo con el concepto 
establecido en el artículo 442 del COIP, se puede llegar a establecer que existe una 
demarcación en la cual se plantean dos lineamientos de la Fiscalía, el primero de ellos 
responde a la investigación preprocesal y procesal como fundamento básico, mientras 
que el segundo lineamiento va relacionado a la acción del agente fiscal de promover 
la actuación en el sistema legal brindando a la víctima conocimiento de todos sus 
derechos que están contenidos en la norma. 

Prácticamente lo que la Fiscalía se plantea es brindar a la sociedad un correcto 
acceso a la justicia bajo la garantía de cumplir con el principio de oportunidad y 
mínima intervención penal, donde los operadores de justicia solo podrán actuar bajo 
el sistema legal punitivo que determina la norma limitando de esta forma la 


interposición de la ley penal al máximo, brindando así una protección especial a los 
sujetos procesales ya que no existirá de por medio vulneración de sus derechos. 

Todo hecho delictivo conlleva a que se genere una responsabilidad penal sobre 
el individuo imputado, es ahí donde el agente fiscal en base a los elementos de 
convicción encontrados podrá fundamentar teóricamente un caso ejerciéndose de esta 
manera la acción penal. 

El artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador establece un 
límite en el accionar y actuación de la Fiscalía General como órgano de la Función 
Judicial en la cual se determina lo siguiente: 

 

‘‘La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la 
investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso 
ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de 
oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al 
interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito 
acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e 
impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal. Para 
cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema 
especializado integral de investigación, de medicina legal y 
ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación civil y 
policial; dirigirá el sistema de protección y asistencia a víctimas, 
testigos y participantes en el proceso penal; y, cumplirá con las 
demás atribuciones establecidas en la ley’’ (Constitución de la 
República del Ecuador, 2008, pág. 70). 

 

De lo enunciado en el párrafo anterior, se puede manifestar que la Fiscalía 
General del Estado por pertenecer a la Función Judicial cuenta con varias funciones 
que deben ser cumplidas; como la de dirigir la investigación tanto preprocesal como 
procesal en el ámbito penal; otra de sus funciones va relacionada directamente al 
ejercicio de sus atribuciones y funciones como titular de la acción penal pública ya que 
se obliga a que el agente fiscal cumpla con los principios enunciados en la carta magna, 


los principios de los instrumentos internacionales y los que contiene la norma penal 
sobre todo se hace énfasis al principio de oportunidad y mínima intervención penal; la 
otra función está relacionada al fundamento legal ya que es necesario que el agente 
fiscal para procesar y posteriormente acusar a un individuó debe poseer de suficientes 
elementos de convicción que permitan presumir de la responsabilidad penal por la 
comisión de un delito, lo cual deberá ser evaluado por el juzgador competente; la 
última función se enfoca en impulsar, inducir y promover la acusación de un tipo penal 
contenido en la norma penal para la respectiva sustanciación del juicio penal. 

Según los juristas Emilio Gómez Orbaneja y Vicente Herce Quemada 
determinan que ‘‘Lo que exige el sistema acusatorio es que para que haya proceso y 
sentencia alguien lo pida, que la actividad jurisdiccional se promueva desde fuera de 
ella misma (…)’’ (Derecho Procesal Penal, 1968, pág. 49). De este criterio se puede 
establecer que la actuación de Fiscalía como titular de la acción penal publica busca 
encontrar la verdad de los hechos y de existir suficientes elementos de convicción se 
procederá a acusar formalmente lo cual será conocido por un juzgador imparcial tal y 
cual como lo establece el sistema penal acusatorio. 

La actividad realizada por el agente fiscal se profundiza bajo un carácter 
objetivo el cual va vinculado directamente a la honestidad y ética con la cual se 
desarrolla este individuo al momento de encontrar y presentar al juzgador los 
elementos de convicción ya sean de cargo o de descargo lo cual genera un cambio 
positivo o negativo de la situación jurídica del imputado. 

Es así que toda la actuación ejercida por los agentes fiscales se realizará con 
estricto cumplimiento de la ley para una correcta administración de justicia ya que es 
eso lo que se busca garantizar en el actual sistema penal acusatorio. 

De todo lo enunciado en el artículo 195 de la Constitución de la Republica del 
Ecuador cuando hace referencia a las funciones de la Fiscalía, es necesario hacer 
énfasis al ejercicio de la acción penal pública ya que el derecho en si otorga a este 
término jurídico un alcance bastante amplio donde toda la actuación que ejerce el 
agente fiscal va ligado al estricto cumplimiento de la ley penal. 

Por otra parte, el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 443 determina 
cuatro atribuciones con las que cuenta Fiscalía, estas son: 


 

‘‘(…) 1. Organizar y dirigir el Sistema especializado integral de 
investigación, de medicina legal y ciencias forenses. 2. Dirigir el 
Sistema de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros 
participantes en el proceso. 3. Expedir en coordinación con las 
entidades que apoyan al Sistema especializado integral de 
investigación, medicina legal y ciencias forenses o con el 
organismo competente en materia de tránsito, los manuales de 
procedimiento y normas técnicas para el desempeño de las 
funciones investigativas. 4. Garantizar la intervención de fiscales 
especializados en delitos contra la integridad sexual y 
reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo 
familiar, crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas y 
adultos mayores y, en las materias pertinentes que, por sus 
particularidades, requieren una mayor protección. En estos casos, 
además, se dará prioridad para las investigaciones’’ (Código 
Orgánico Integral Penal, 2021, pág. 210). 

Todas estas atribuciones a las cuales hace mención la norma penal son 
complejas y surgen a fin de que se brinde una protección correcta de los intereses que 
la sociedad en general necesita frente al nuevo sistema penal acusatorio donde se trata 
de evitar cualquier tipo de vulneración de derechos. 

Por ello, es fundamental que el agente fiscal dentro de su rol como titular de la 
acción penal pública busque el conocimiento de la verdad a fin de esclarecer todos los 
hechos y de existir una acción antijuridica se consagra a través del organismo 
jurisdiccional es cual dispondrá el restablecimiento del bien jurídico lesionado a través 
de una correcta aplicación de las normas que da como resultado un proceso judicial 
eficaz y oportuno. 

Es fundamental indicar que en el sistema penal de nuestra legislación 
ecuatoriana se hace mucha referencia a los diferentes tipos penales ya que de aquella 


actuación contraria a derecho surge la acción penal como un deber que tiene el Estado 
de realizar una persecución de toda infracción penal a fin de que esta sea sancionada. 

 La principal cuestión que engloba un proceso judicial penal es aquella 
acusación que realiza el agente fiscal dando a conocer al juzgador su teoría del caso 
que surge de una investigación minuciosa y objetiva en la cual se determinan de forma 
contundente los hechos relacionados a una actuación antijuridica configurándose de 
esta manera una conducta típica la cual hace creer de la responsabilidad que tiene un 
individuó por su actuar, es así que la norma penal impone una responsabilidad relativa 
a la infracción cometida. 

El agente fiscal como lo determina la norma penal es considerado como uno de 
los sujetos procesales el mismo que tiene la potestad de realizar la investigación 
necesaria por el supuesto cometimiento de un delito, realizar la imputación 
correspondiente al individuo infractor y acusar directamente del cometimiento de un 
delito, todo esto surge desde la implantación del sistema penal acusatorio. 

El sistema actual acusatorio brinda atribuciones al agente fiscal como titular de 
la acción penal pública el mismo que bajo las funciones conferidas por el órgano de 
justicia tendrá que perseguir los delitos que sean parte del interés público y a su vez 
brindar la oportunidad al afectado de intervenir en la acción penal planteando una 
acusación particular tal y cual como lo determina el Código Orgánico Integral Penal. 

Como último punto es necesario hacer mención que en el momento que se llega 
a instaurar un proceso penal, la Fiscalía como titular de la acción pública penal debe 
hacer conocer al individuo procesado sobre los hechos que se le imputan para que 
ejerza su derecho a la defensa y pueda contar con un profesional del derecho durante 
todo el juicio. 

 

2.2.3 La Mínima Intervención Penal en el actuar de la Fiscalía como titular de la 
acción penal pública 

 

Por otro lado, al hablar de la mínima intervención penal es necesario tomar en 
consideración lo enunciado por el jurista Carlos Alberto Elbert, el mismo que nos 
manifiesta lo siguiente: 


‘‘La mínima intervención significa que el Estado debía actuar 
únicamente en los casos más graves y proteger los bienes jurídicos 
de mayor importancia, y sería el derecho penal la última o extrema 
ratio, cuando ya hubieran fracasado las restantes alternativas del 
derecho’’ (Manual Básico de Criminología, 2005, pág. 111). 

Del criterio emitido por Carlos Alberto Elbert, se hace constar que la 
intervención del agente fiscal debe ser mínima, generándose una discrecionalidad 
absoluta lo cual tiene relación con lo enunciado en el artículo 195 de la carta suprema 
ya que ahí se determina la actuación de la Fiscalía como titular de la acción penal 
pública lo cual fue analizado en párrafos anteriores. 

El artículo 3 del Código Orgánico Integral Penal habla sobre la mínima 
intervención penal, en donde se llega a determinar lo siguiente: ‘‘La intervención penal 
está legitimada siempre y cuando sea estrictamente necesaria para la protección de 
las personas. Constituye el último recurso, cuando no son suficientes los mecanismos 
extrapenales’’ (Código Orgánico Integral Penal, 2021, pág. 10). De la definición 
emitida por el COIP, se puede llegar a establecer dos puntos importantes a considerarse 
cuando se habla de la mínima intervención penal, la primera de ellas va enfocada a que 
sea estrictamente necesaria; es decir, que no exista otra vía o mecanismo alterno para 
solucionar el conflicto planteado, y, el segundo punto va relacionado a exigir que el 
Estado considere como último recurso la ley penal para sancionar a las personas ya 
que sin duda alguna el objetivo de que sea reprimida con privación de libertad una 
conducta del ser humano es estrictamente de carácter penal bajo las reglas que la norma 
determina. 

El jurista italiano Luigi Ferrajoli define a la mínima intervención penal de la 
siguiente manera: 

‘‘La expresión derecho penal mínimo, designa una doctrina que 
justifica el derecho penal si y solo si puede alcanzar dos objetivos: 
la prevención negativa o, al menos, la minimización de las 
agresiones a bienes y derechos fundamentales, y la prevención y 
minimización de las penas arbitrarias (…)’’ (Derecho y Razón, 
2014, pág. 55). 


De los dos objetivos planteados por Luigi Ferrajoli debemos tener claro que 
mínima intervención penal obliga al derecho penal a recurrir como último recurso 
restringiendo de esta manera al máximo la intervención de la ley penal ya que puede 
existir otra vía por la cual conducirse para solucionar el conflicto que se haya 
producido. Al hablar de otra vía legal se hace referencia a los diferentes mecanismos 
que la ley provee como son la mediación, arbitraje o los acuerdos extrajudiciales que 
son válidos para la solución de conflictos acortándose de esta manera tiempo y 
recursos al Estado. 

Según el jurista Ramiro García Falconí, al hablar de la mínima intervención 
penal señala que ‘‘Cuando el ataque no sea muy grave o el bien jurídico no sea muy 
importante, o cuando el conflicto pueda ser solucionado con medidas menos radicales 
que las sanciones penales propiamente dichas, deben ser aquellas las aplicables (…)’’ 
(Código Orgánico Integral Penal comentado: Tomo I, 2014, pág. 47). De lo enunciado 
por Ramiro García, se puede establecer que cuando el bien jurídico objeto de lesión no 
es considerado muy importante cabe una acción de mínima intervención penal, esto se 
lo impone a fin de no aplicar directamente una medida rigurosa ya que se debe tomar 
como referencia las diferentes soluciones básicas y alternas que la ley considere 
oportunas para cada situación. 

El Estado se enfoca en brindar una protección a toda la sociedad a través del 
estricto cumplimiento de las normas legales donde se muestran herramientas tanto 
civiles como administrativas que pueden solucionar un conflicto sin la necesidad de 
recurrir a la norma penal por la afectación de un bien jurídico. 

Por otro lado, los juristas Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Arán 
establecen que ‘‘El poder punitivo del Estado debe estar regido y limitado por el 
principio de intervención mínima’’ (Derecho Penal: Parte General , 2010, pág. 72). De 
este criterio emitido por los juristas antes mencionados, se muestra la importancia de 
limitar la actuación fiscal. Con ello queda fundamentado que la mínima intervención 
penal surge con la idea de poner un límite a todo el sistema judicial ya que no toda 
conducta contraria a derecho debe ser sancionada con una pena privativa de libertad 
debido a la existencia de otras formas de solución, es así que no se permite tomar 
acciones desmedidas que generen represión absoluta, sino que se tome en 


consideración alguna forma indirecta de poder solucionar los conflictos entre las partes 
bajo una mínima intervención de la ley penal. 

Por ende, la decisión de no iniciar un proceso de acción penal pública recae 
sobre el agente fiscal, el mismo que realizara diferentes actuaciones con la única 
finalidad de hallar la verdad de un hecho acontecido procurando siempre cumplir con 
lo que determina la norma legal para la realización de la justicia. 

Con todas las argumentaciones expresadas en párrafos anteriores se puede 
concluir manifestando que, el poder punitivo que tiene el Estado ecuatoriano se 
encuentra limitado por el principio de mínima intervención penal, donde la norma 
penal estrictamente aparece para sancionar aquellas acciones u omisiones graves que 
atenten sobre los bienes jurídicos protegidos. 

Es por esta razón, que el actuar de la Fiscalía como titular de la acción penal 
pública debe ser bajo el lineamiento de una correcta actuación, apegada a derecho tal 
y cual como se plantea en el nuevo sistema judicial a través de la aplicabilidad del 
principio de oportunidad y mínima intervención penal debido a que ambos están 
relacionados directamente a cumplir los objetivos específicos del derecho penal que 
buscan garantizar a través de la norma que todo proceso sea justo. 

Al vivir dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia tal y cual 
como lo establece la carta suprema, el ente legislador tiene que velar por el fiel 
cumplimiento de todo lo que establece la norma. 

El agente fiscal debe estar en constante preparación, ya que al estar a cargo de 
la titularidad de la acción pública penal pública este tiene que solventar todo tipo de 
inquietudes de carácter doctrinarias que surjan cuando se trate de aplicar los principios 
mencionados por la norma penal. 

 Como último punto, es necesario indicar que el ejercicio del poder del Estado 
para sancionar conocido como Ius Puniendi opera siempre y cuando ya no existan otras 
vías alternas del derecho pues de ahí surge la denominada mínima intervención penal 
permitiendo solucionar conflictos sin tener que llegar a tomar cuestiones drásticas para 
hallar la justicia. 

 


2.2.4 El Principio de Objetividad en el actuar de la Fiscalía como titular de la 
acción penal pública 

 

El numeral 21 del artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal hace referencia 
al principio penal de objetividad en el cual se llega a determinar lo siguiente: 

‘‘En el ejercicio de su función, la o el fiscal adecuará sus actos a 
un criterio objetivo, a la correcta aplicación de la ley y al respeto 
a los derechos de las personas. Investigará no solo los hechos y 
circunstancias que funden o agraven la responsabilidad de la 
persona procesada, sino también los que la eximan, atenúen o 
extingan’’ (Código Orgánico Integral Penal, 2021, pág. 11). 

De lo enunciado en la norma penal queda claro que la actuación de la Fiscalía 
como titular de la acción penal pública debe adecuar correctamente su actuación bajo 
las formalidades exigidas por la ley para garantizar de esta manera los derechos 
inherentes al ser humano. 

El agente fiscal encargado de una investigación deberá recabar todos los 
elementos de convicción de cargo y de descargo, es ahí donde se configura la 
objetividad con la que actúa el agente fiscal debido a que dicha actuación forma parte 
esencial de todo proceso ya que a través de ello se podrá llegar a formular cargos o 
requerir fundamentadamente el archivo de una causa; y, si ya se formuló cargos, debe 
emitir un dictamen acusatorio. 

Bajo este lineamiento se puede identificar que el Estado busca garantizar una 
convivencia pacífica entre todos los habitantes configurándose un sistema judicial apto 
donde en todo proceso se imponga la aplicación de las garantías básicas del debido 
proceso. 

Es menester indicar que el principio de objetividad se encuentra siempre ligado 
al control de la legalidad, ya que el agente fiscal al ejercer su actuación en la acción 
penal debe velar por el cumplimiento de garantías básicas que forman parte del debido 
proceso tomando en consideración la característica propia que hace alusión el principio 
de oportunidad que es la discrecionalidad dentro de una persecución penal. 


Es importante mencionar que en la presente causa objeto de análisis, no se 
cumplió con el principio de oportunidad que tanto se hace mención en la norma penal, 
ya que el agente fiscal llegó a formular cargos en contra del señor Andrés Sebastián 
Chimbo Pazmiño por un delito de daños materiales ocasionados en accidente de 
tránsito en base a unos informes periciales los cuales se encontraban viciados, lo cual 
representa prueba negativamente obtenida en la etapa correspondiente. 

Es importante resaltar la doctrina del fruto del árbol envenenado, ya que, en el 
presente estudio de caso, se puede hacer notar dicha metáfora legal, en donde la prueba 
fue obtenida de forma ilegal, es por ello que en la norma penal surgen las reglas de 
exclusión para desestimar un medio probatorio el mismo que ha sido obtenido de 
forma ilegal. 

Además, posterior a la declaratoria de nulidad, la Fiscalía pese a saber que la 
nulidad fue dictada a costa del perito Edwin Vinicio Andrade Oviedo, el mismo que 
realizo tanto el reconocimiento del lugar de los hechos como el reconocimiento y 
avaluó de daños materiales, se vuelve a formular cargos en contra del señor Andrés 
Sebastián Chimbo Pazmiño, cuando lo correcto era que el Fiscal en base a los lo 
mencionado actuara con objetividad en la presente investigación. 

 

2.2.5 El Debido Proceso 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos denomina al Debido Proceso 
como un derecho de defensa procesal debido a su importancia donde toda la sociedad 
cuenta con la protección de garantías dentro del sistema judicial las cuales deben ser 
consideradas por el juzgador o tribunal competente para la sustentación de cualquier 
tipo de acusación en materia penal. 

Es necesario tomar en consideración el tema del debido proceso para el 
presente estudio de caso ya que al existir una vulneración al derecho a la defensa se 
desprende también una afectación al debido proceso. Es así que el artículo 169 de la 
Constitución de la República del Ecuador hace mención a lo siguiente: 

 


‘‘El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. 
Las normas procesales consagrarán los principios de 
simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 
economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido 
proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 
formalidades’’ (Constitución de la República del Ecuador, 2008, 
pág. 62). 

De lo enunciado en la carta magna se puede llegar a establecer que el Estado 
es el ente encargado de respetar los principios fundamentales que se encuentran 
consagrados en la Constitución de la República del Ecuador ya que a través de ellos se 
fomentara una correcta realización de justicia desprendiéndose de esta manera un 
sistema procesal oportuno que protege a toda la sociedad en general. 

El debido proceso trata de abarcar ciertas condiciones que el propio Estado 
impone en el sistema judicial para una correcta administración de justicia, ya que es 
necesario la aplicación directa de lo enunciado en la norma legal para cumplir y 
asegurar una defensa oportuna de los derechos que poseen los individuos. 

Cuando existe un proceso judicial, el conjunto de garantías que hace alusión la 
carta suprema deben aparecer como un medio de protección directo de los derechos 
primordiales que gozan las personas para promover una justicia verdadera la misma 
que asegura el trámite que debe seguirse tal y cual como lo dispone la normativa legal 
vigente. Cumpliéndose todo lo enunciado en la norma suprema se puede hablar de un 
juicio justo que el mismo aparato legal reconoce para la realización de la justicia en 
todo el territorio. 

El abogado, profesor y jurista colombiano, Mario Madrid-Malo Garizábal 
emite un criterio en relación al debido proceso en el que determina lo siguiente: 

‘‘(…) Es el que en todo se ajusta al principio de juridicidad propio 
del Estado de derecho y excluyente, y, por consiguiente, cualquier 
acción contra legem o praeter legem. Como las demás potestades 
del Estado, a la de administrar justicia está sujeta al imperio de lo 
jurídico (…)’’ (Derechos fundamentales , 1997, pág. 146). 

 


Del criterio emitido por Mario Madrid-Malo Garizábal es necesario indicar que 
las garantías que han sido creadas por la Constitución, Instrumentos internacionales y 
demás normas legales han sido creadas con el fin de brindar dentro del sistema de 
justicia a los sujetos procesales una sentencia justa la cual será emitida por una 
autoridad competente, imparcial e independiente que hará efectivo todo lo enunciado 
en la normativa legal. 

De esta forma el hecho de garantizar la eficacia de los derechos de las personas 
es el fin que busca cumplir el debido proceso tomando siempre en consideración las 
pautas y condiciones que establece la normativa legal. A través de la intervención del 
órgano judicial se plantea una correcta aplicación del debido proceso ya que el 
juzgador de manera independiente e imparcial es el encargado de determinar si las 
actuaciones procesales han sido las correctas en base al principio de legalidad. 

El articulo 77 de la carta suprema también habla sobre ciertas garantías básicas 
que deben ser consideradas en todo proceso penal cundo se trate de privar a una 
persona de su libertad, específicamente el numeral 7 del mencionado artículo hace 
mención que todas las personas tienen derecho a la defensa en las que se incluyen 
reglas que deben ser cumplidas para un debido proceso penal (Nacional, Constitución 
de la República del Ecuador, 2008, págs. 38 - 39). 

Es oportuno indicar que el debido proceso está relacionado directamente con 
el derecho a la defensa el cual es el tema principal objeto del presente estudio de caso, 
ya que en un proceso judicial penal se observa siempre la aplicación de las garantías 
debido a que el mismo Estado de derechos en el que vivimos establece mecanismos 
para la protección de los individuos limitando de esta forma el poder punitivo a fin de 
evitar cualquier tipo de arbitrariedad en el sistema judicial. Es necesario tener presente 
que el derecho a la defensa no es una simple y pura garantía que conlleva a generar un 
debido proceso sino más bien esta se instaura como una garantía de excelencia que el 
aparato legal brinda para que todas las personas puedan contar con una defensa en 
igualdad de condiciones. 

De todo lo enunciado en párrafos anteriores y para concluir con el tema del 
debido proceso, es necesario indicar que desde el margen constitucional es 
fundamental ya que su deber es observar de forma detenida y rigurosa las diferentes 


actuaciones que forman parte de un proceso judicial ya que estos deben conducirse de 
acuerdo a las reglas que exige la normativa vigente. 

 

2.2.6 La Tutela Judicial Efectiva 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 11 determina que 
todos los derechos brindados al ser humano deberán regirse por diferentes principios 
demostrando de esta manera que el Estado busca una correcta aplicación de la justicia 
en todo el territorio, por lo cual es importante tomar en consideración lo enunciado en 
dicho artículo ya que en su parte pertinente establece que ‘‘El Estado será responsable 
por (…) inadecuada administración de justicia, violación al derecho a la tutela 
judicial efectiva, y por violaciones de los principios y reglas del debido proceso’’ 
(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 12). 

Del enunciado emitido por la norma suprema se puede mencionar que el Estado 
a través del sistema actual de justicia se encuentra pendiente de brindar la protección 
adecuada al ser humano evitando cualquier tipo de violación sobre la tutela judicial 
efectiva cumpliendo así con las reglas del debido proceso para una correcta 
administración de justicia. 

El tema de la tutela judicial efectiva es importante plasmarlo dentro del 
presente estudio de caso ya que a través de ella se brinda a los sujetos procesales un 
acceso gratuito y oportuno para la defensa de sus justos intereses ya que por la 
vulneración de un derecho obviamente surgirá un litigio que debe ser resuelto en base 
a las reglas que determina la norma. 

La justicia trata de dar a cada quien lo que le corresponde, de este enunciado 
surgen varios planteamientos que la doctrina estudia constantemente ya que es un tema 
amplio y complejo para su desarrollo debido a la existencia de varios principios que 
deben ser cumplidos en la actuación procesal. 

A través de la organización del sistema judicial se provee al ser humano 
herramientas adecuadas que puedan ser utilizadas en un proceso a fin de solucionar 
todo tipo de controversias apareciendo de esta manera la tutela judicial efectiva como 


un derecho esencial que posee todo individuo para acceder al órgano jurisdiccional, el 
mismo que deberá cumplir con las reglas del debido proceso para resolver conforme a 
derecho las pretensiones que exigen las partes procesales. 

Es así que la tutela judicial efectiva surge con el fin de cumplir con las garantías 
mínimas que hace alusión la carta suprema fomentando de esta manera con el debido 
proceso ya que los jueces están en la obligación de acatar lo descrito en la Constitución 
de la República, Instrumentos Internacionales y demás normas promoviendo una tutela 
judicial efectiva. 

Tomando en consideración lo establecido en la carta suprema, el Estado asume 
la responsabilidad por cualquier tipo de error judicial, inadecuada administración de 
justicia y violación del derecho a la tutela judicial efectiva ya que esto afecta 
directamente al trámite de una causa, es por ello que el juzgador debe tomar en cuenta 
las reglas del debido proceso a fin de que al momento de tomar una decisión y emitir 
una sentencia esta sea pronunciada legalmente bajo una correcta motivación. 

La tutela judicial efectiva hace posible que todo individuo cuando se encuentre 
frente al órgano de justicia pueda recibir un trato justo e igualitario el mismo que se 
adecua directamente a la protección de los derechos inherentes al ser humano 
garantizando una efectiva aplicación de las normas lo cual conlleva a que se genere un 
gran alto de certeza de toda actuación procesal. 

El hecho de que se produzca un litigio, es el resultado que proviene de una 
supuesta vulneración del derecho, apareciendo un juzgador imparcial para escuchar 
todas las argumentaciones jurídica que planteen los sujetos procesales a través de sus 
respectivos defensores técnicos donde dichos criterios pueden ser controvertidos para 
que el juzgador pueda conocer la verdad de los hechos suscitados y así que todo este 
mecanismo denominado tutela judicial efectiva se configure como un mecanismo 
propio del sistema de justicia para resolver los conflictos que se generan en la sociedad. 

Como último punto es menester indicar que el Estado con el único fin de 
garantizar la tutela judicial efectiva de todos los individuos ha considerado necesario 
establecer ciertas formalidades y solemnidades, las mismas que deben seguirse a 
cabalidad dependiendo del trámite determinado, por lo que los juzgadores se 
encuentran en la obligación de acotar y respetar lo enunciado por la ley. 


2.2.7 El Derecho a la Defensa 

 

Es necesario partir indicando que el derecho a la defensa ha venido 
evolucionando constantemente desde la concepción de varios pensamientos filosóficos 
de épocas antiguas donde se otorga a las personas el derecho a defenderse dentro de 
un proceso judicial. Prácticamente el derecho obliga al legislador a tomar ciertas 
medidas que sirven para garantizar en todo proceso una correcta aplicabilidad de los 
derechos otorgados a la sociedad en general. 

El capítulo octavo de la carta suprema habla sobre los derechos de protección 
con los cual cuentan todos los individuos en el sistema de justicia, específicamente el 
artículo 75 del mencionado cuerpo legal menciona lo siguiente: 

 

‘‘Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 
tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, 
con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún 
caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las 
resoluciones judiciales será sancionado por la ley’’ (Constitución 
de la República del Ecuador, 2008, pág. 34). 

 

De lo enunciado en el párrafo anterior se puede llegar a establecer que el 
sistema legal brinda a la sociedad un acceso gratito a la justicia a fin de que puedan 
hacer valer sus derechos, llegándose a cumplir de esta forma una correcta aplicación 
del debido proceso, tema este que ya fue tratado en la sección anterior, lo cual va 
relacionado de forma directa con la tutela judicial efectiva en la cual el Estado asegura 
el respeto de las garantías y principios otorgados a la sociedad en general. 

Los instrumentos internacionales de derechos humanos se manifiestan 
expresando que en toda causa o proceso judicial se deben cumplir con las formalidades 
establecidas para asegurar el ejercicio de los derechos de los individuos. 

Existe una relación directa entre el derecho a la defensa y el debido proceso ya 
que existe una conexión directa entre estas garantías donde el derecho trata de que todo 


procedimiento sea legal conforme lo establece la normativa vigente cumpliendo de 
esta manera con lo que establece la Constitución de la República del Ecuador. 

Por su lado la doctrina establece que la defensa es un derecho especial y 
fundamental con la cual cuentan todos los individuos el mismo que se encuentra 
reconocido por los diferentes Estados democráticos y con la ayuda del derecho 
internacional y los derechos humanos se busca constantemente garantizar su 
aplicación a fin de que no exista vulneración o indefensión en un proceso judicial. 

Por estas consideraciones, Julio B. J. Maier describe el derecho a la defensa 
como un pilar fundamental que se otorga a las partes en la tramitación de un proceso 
judicial ya que permite a la parte contraria plantear una antítesis de la tesis que haya 
sido planteada por la parte acusadora la misma que será evaluada por el juzgador 
competente en la etapa de juicio a fin de poder emitir sentencia (Derecho Procesal 
Penal II , 2004, pág. 122). 

Es por ello que el denominado derecho a la defensa es una garantía que debe 
cumplir el Estado a favor de una persona física o jurídica para que pueda defenderse 
en el sistema de justicia en igualdad de oportunidades frente a los cargos que se le 
estén imputando como presunto responsable, es por esta razón que las garantías de 
igualdad e independencia sobresalen del resto para brindar protección absoluta cuando 
se trata de respetar el derecho a la defensa. 

Es menester indicar que el derecho que tienen los individuos a una defensa 
oportuna consta como una garantía básica de lo que trata el debido proceso, es por ello 
que el artículo 76 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador determina 
varias garantías relacionadas al derecho a la defensa con el fin de asegurar la correcta 
aplicación de las normas configurándose de esta manera un debido proceso legal, entre 
estas garantías es necesario indicar lo que se menciona en los literales a), c) y e) ya 
que en el presente estudio de caso existió una indefensión sobre el imputado, dichos 
literales establecen lo siguiente: 

‘‘Art 76.- (…) 7) (…) a) Nadie podrá ser privado del derecho a la 
defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. (…) c) Ser 
escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 
(…) e) Nadie podrá ser interrogado, ni aun con fines de 


investigación, por la Fiscalía General del Estado, por una 
autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia de un 
abogado particular o un defensor público, ni fuera de los recintos 
autorizados para el efecto. (…)’’ (Constitución de la República del 
Ecuador, 2008, pág. 34). 

Se han tomado en consideración estas garantías del derecho a la defensa ya que 
van relacionadas una con la otra directamente, pero en especial hay que hacer notar la 
garantía del numeral e) por que forma parte fundamental del estudio de caso del 
proceso 02282-2019-00313 ya que el agente de tránsito dejo en estado de indefensión 
al imputado debido ya que se realizó una entrevista al momento de realizar el 
reconocimiento del lugar de los hechos, es así que no se contó con la presencia de un 
profesional del derecho que vele por los justos intereses del señor Andrés Sebastián 
Chimbo Pazmiño, previo a ello presenta un informe de inspección ocular técnica 
produciéndose de esta manera una vulneración grave contra las garantías del debido 
proceso. 

Según lo enunciado por la norma se encuentra totalmente prohibido interrogar 
a una persona sin la presencia de un abogado, ya que es necesario un defensor técnico 
sea público o privado dentro de un interrogatorio para que pueda guiar al individuo, 
de existir esta violación del derecho a la defensa como se ha podido plantear en el 
presente proceso judicial, hace que exista una vulneración del debido proceso donde 
dicho interrogatorio realizado por el agente de policía no tiene validez alguna. 

La garantía establecida en el literal ‘‘e’’ del artículo 76 de la carta suprema nos 
da a conocer que no es posible lesionar de ninguna manera las garantías 
constitucionales con el fin de obtener un medio de prueba ya que en un interrogatorio 
que plantea a un individuó sin defensa técnica provoca que la prueba que se obtenga 
en ese momento sea considerada como ilegal ya que carece de validez tal y cual como 
lo determina la norma legal. 

Todas estas garantías que hace mención la Constitución de la República del 
Ecuador también están ligadas al derecho internacional ya que existen tratados 
internacionales que el Estado debe cumplir por estar suscrito a instrumentos de carácter 
internacional donde se establece que el derecho a la defensa es un derecho 


irrenunciable por lo cual el individuo que está siendo imputado por la supuesta 
comisión de un delito debe ser asistido gratuitamente por un abogado por parte del 
propio Estado, si este no cuenta con los recursos necesarios para contratar un defensor 
particular. 

El abogado quien ejerce la defensa técnica del imputado goza de todos y cada 
uno de los derechos que la ley le otorga a fin de velar por los justos intereses de su 
representado ejerciendo de esta manera las funciones pertinentes que garanticen una 
adecuada defensa. 

El jurista Manuel Jaén Vallejo emite un criterio en relación al derecho a la 
defensa determinando lo siguiente: 

‘‘El derecho fundamental de defensa se integra con todo un 
catálogo de derechos también fundamentales, que reconoce 
principalmente la asistencia del letrado, la cual tiene como 
finalidad asegurar la efectiva realización de los principios de 
igualdad de las partes (…)’’ (Derechos Fundamentales del Proceso 
Penal, 2006, pág. 76). 

De lo enunciado por Manuel Jaén Vallejo se puede llegar a establecer que el 
derecho a la defensa es una actividad procesal que proviene de un gran inventario de 
derechos que ayudan a llegar a determinar si un hecho suscitado puede ser considerado 
como una infracción contribuyendo de esta forma a despejar cualquier tipo de duda 
que exista sobre la supuesta comisión de un delito atribuyéndosela a una determinada 
persona. 

Por otra parte, es necesario indicar que la defensa técnica debe ser oportuna 
con el fin de que el abogado que asista y asesore al imputado pueda representar a su 
defendido y preparar su teoría del caso con tiempo ya que necesitará probar dichos 
argumentos bajo ciertas actuaciones procesales que se requieren por parte del sistema 
de justicia. 

Es evidente e incuestionable que el derecho a la defensa es una herramienta 
que ayuda a sustentar las pruebas que se obtienen dentro de una investigación penal, 
por lo cual la misma norma exige que todo el ejercicio de la acción debe ser 
obligatoriamente ligado a la legalidad con la que es obtenida una prueba ya que si se 


llega a determinar que ha sido obtenida ilegalmente, esta es considerada como 
contaminada lo cual puede generar nulidad del proceso tal y cual como se suscitó en 
la presente causa obtento de análisis. 

Durante todas las etapas del proceso el Estado se encuentra obligado a respetar 
el derecho a la defensa del imputado, es así que se cumple con las normas del debido 
proceso para una correcta administración de justicia donde la viabilidad del proceso 
penal es indispensable para la realización de la justicia. 

En el ámbito penal como en las demás materias existentes todas las personas 
tienen derecho a una defensa adecuada es por esta razón que el Estado no puede 
permitir que en ninguna etapa surja un estado de indefensión ya que la propia norma 
penal lo prohíbe. 

Para el abogado y catedrático Luis Martí Mingarro existe un límite que el 
Estado está obligado a cumplir imponiéndose de esta forma en el derecho la 
transparencia de una adecuada garantía del derecho a la defensa legal oportuna lo cual 
forma parte de un bloque o escudo protector en cada actuación que provenga de la 
rama del derecho (Crisis del Derecho de Defensa , 2010, pág. 21). Es así que el derecho 
a la defensa con el cual cuentan los sujetos procesales hace que se puedan enfrentar en 
igualdad de armas, es decir que ambos contaran con la defensa técnica de un abogado 
ya sea público o privado que pueda guiar el proceso y garantice la aplicación de todo 
lo enunciado en la norma legal. 

De igual forma es necesario para el presente estudio de caso tomar en 
consideración el criterio jurídico emitido por el abogado y académico Julio B. J. Maier 
en relación al derecho a la defensa, el mismo que manifiesta lo siguiente: 

‘‘El derecho a la defensa del imputado comprende la facultad de 
intervenir en el procedimiento penal abierto para decidir acerca 
de una posible reacción penal contra él y de llevar a cabo en él 
todas las actividades necesarias para poner en evidencia la falta 
de fundamento (…)’’ (Derecho Procesal Penal II , 2004, pág. 547). 

Del criterio emitido por Julio B. J. Maier se desprende que existe una pauta 
legal que nos da el Estado para que se configure una correcta administración de justicia 
dentro de todo proceso judicial ya que se prohíbe toda forma de vulneración sobre el 


derecho a la defensa, es por ello que para el Estado a más de ser un deber el respetar 
los derechos y garantías que establece la norma, se debe evaluar el ejercicio de la 
acción penal ya que su actuación de los entes debe ser conforme a derecho. 

Según el Dr. Freddy Hernández Rengifo determina que todo abogado debe 
cumplir con sus deberes profesionales dentro del sistema de justicia, demostrando y a 
su vez garantizando una defensa técnica oportuna (El derecho a la Defensa, 2012, pág. 
215). No es suficiente que el derecho a la defensa que tiene una persona dentro del 
ámbito legal sea obligatorio, ya que según la doctrina también es necesario que dicha 
defensa técnica ejercida por el abogado litigante tiene que brindar un grado alto de 
efectividad que permita controvertir la acción penal. 

Dentro de todo proceso penal se configura una acción estratégica y planificada 
sobre las cuestiones que se van a analizar por la supuesta comisión de un delito, es ahí 
donde los abogados defensores de las partes van a poder controvertir cada 
argumentación jurídica de la parte contraria a fin de que se obtenga una resolución 
donde no exista vulneración alguna del debido proceso. 

Debido a que el derecho a la defensa es una garantía de carácter constitucional 
que desprende un gran interés en el cumplimiento de su objetivo ya que en todo 
proceso se debe contar con una defensa técnica que permita proteger con eficiencia los 
intereses del imputado. 

Una efectiva participación de la defensa técnica realizada por un abogado 
permite garantizar la igualdad de derechos entre las partes generándose de esta forma 
un equilibrio en el sistema judicial donde el juzgador competente es un órgano 
imparcial que vela por el cumplimiento de todo lo enunciado en la norma. 

 

2.2.8 La Nulidad por violación al debido proceso 

 

El tema de la nulidad es importante analizarlo en el presente estudio de caso ya 
que, por el hecho de existir una violación al derecho a la defensa del imputado por 
parte del señor agente de tránsito, se genera un estado de indefensión atentando contra 
las garantías del debido proceso, por lo que se llega a verificar que evidentemente 


existe una nulidad por vicio de procedimiento la misma que afectaba directamente a la 
validez de la causa. 

El acto que represento la vulneración al derecho a la defensa del ciudadano 
Andrés Sebastián Chimbo Pazmiño, surge al momento en el que el agente de policía 
realiza una entrevista al mencionado ciudadano sin que este contará con un abogado, 
es así que de fojas 42 a 48 consta el respectivo informe pericial de inspección ocular 
técnica del accidente de tránsito objeto de estudio, en el cual se establece como causa 
basal la entrevista de forma verbal realizada al señor Andrés Chimbo, el mismo que 
no contaba con la presencia de un abogado defensor particular o público, y por el 
estado de indefensión en el que se encontraba no se podía haber realizado ninguna 
entrevista o declaración, sino que debía ser trasladado inmediatamente ante el agente 
fiscal para que en presencia de un abogado defensor se produzca su primera 
declaración. 

El momento procesal en el que se requiere la nulidad es en la respectiva etapa 
evaluatoria y preparatoria de juicio ya que una de las finalidades en esta audiencia es 
llegar a establecer la validez procesal, es por ello que la defensa técnica del señor 
Andrés Chimbo Pazmiño dio a conocer al juzgador sobre el vicio de procedimiento en 
que se había incurrido en la presente investigación, esto es la violación del artículo 76 
numeral 7 literal e de la Constitución de la república del Ecuador. 

Es así que el juzgador llego declarar la nulidad del proceso a partir de fojas 42, 
fundamentación en la cual se dio a conocer que en la sustanciación del proceso existe 
un vicio de procedimiento el cual afecta la validez de la causa que ha conllevado a la 
violación de un derecho a la legitima defensa; nulidad la cual se declara acosta del 
señor Sgos. Edwin Vinicio Andrade Oviedo. 

La nulidad que hace mención el derecho en general es un entorno que ocasiona 
invalidez de la actuación procesal lo cual también afecta de forma concreta a los 
diferentes efectos jurídicos que se hayan producido ya que se invalida y se retrotrae al 
momento de su celebración tal y cual como se planteó en el presente caso quedando 
nulo todo lo actuado a partir de fojas 42 donde se produjo la indefensión del imputado. 

Es importante establecer que toda persona que está siendo procesada por el 
supuesto cometimiento de un delito tiene el derecho a ser juzgado con todas las 


garantías que el mismo Estado impone para una correcta administración de justicia, y 
si bien aparece una nulidad durante el proceso puede ser subsanable reparando los 
derechos afectados y estableciendo un ámbito de garantías tal y cual como se espera 
del nuevo sistema penal acusatorio, pero por otro lado queda aquella circunstancia de 
la existencia de una vulneración al debido proceso, relacionando esta argumentación 
al caso objeto de estudio se puede llegar a establecer que el imputado en una cierta 
parte del proceso quedo en indefensión producto de aquello se genera la nulidad 
retrotrayéndose hasta el momento en donde se produjo dicha afectación. 

Una vez que se declara la nulidad y se retrotrae las actuaciones, el agente fiscal 
Rommel Gustavo Haro, retoma la investigación y dispone la recepción de versiones y 
que se practique el reconocimiento del lugar de los hechos, previo a ello nuevamente 
se llega a formular cargos el 09 de marzo del 2020, en contra del señor Andrés Chimbo 
Pazmiño por el delito de daños materiales ocasionados en accidente de tránsito, 
estableciéndose que la instrucción fiscal durará 45 días, una vez finalizada la 
instrucción fiscal por pedido de fiscalía, el juzgador competente convoca a la audiencia 
preparatoria y evaluatoria de juicio en donde la defensa técnica del procesado en el 
momento procesal oportuno solicito la exclusión de la prueba como es el testimonio 
del Sgos. Edwin Vinicio Andrade Oviedo que fiscalía solicito para la audiencia de 
juicio y el informe del reconocimiento del lugar de los hechos, el mismo que tampoco 
puede ser utilizado por parte de Fiscalía debido a que se encontraba viciado. Por tales 
consideraciones, se puede llegar a concluir que sin prueba no hay forma de justificar 
la existencia material del delito, es por ello que el juzgador competente decidido dictar 
auto de sobreseimiento contra el ciudadano Andrés Sebastián Chimbo Pazmiño, 
resolución la cual fue apelada de forma oral por el agente fiscal para ante la Corte 
Provincial de Justicia de Bolívar. 

Es importante considerar lo resuelto por la Sala Multicompetente de la Corte 
Provincial de Justicia de Bolívar, quien dentro de su parte textual respectiva menciona 
que en la presente causa se debieron probar los hechos alegados, ya que en la doctrina 
se conoce que cada parte está obligada a probar los hechos que alega, 
consecuentemente es importante resaltar que la carga de la prueba debe ser entendida 
como el imperativo que pesa sobre el denunciante de justificar los hechos materia de 
litigio a efecto de obtener un pronunciamiento favorable. 


De conformidad a lo que dispone el artículo 9 y 19 del Código Orgánico de la 
Función Judicial, bajo los principios de congruencia y legalidad, en concordancia con 
el principio de imparcialidad, los jueces están en la obligación de resolver las 
pretensiones de las partes, por lo que es necesario considerar los elementos de cargo 
como de descargo recabados por Fiscalía. 

Bajo estos lineamientos, el juez no puede limitarse a hacer una mera 
descripción de los elementos de convicción con los que cuenta Fiscalía para sustentar 
su acusación, con grave quebranto del derecho a la defensa, pues corresponde al 
juzgador evaluar los elementos de convicción de acuerdo con las reglas de la sana 
crítica. 

En el caso objeto de análisis, tomando en consideración los elementos de 
convicción expuestos por el agente fiscal que se constatan en el expediente, no se 
desprende presunciones sobre la existencia de la participación del procesado, esto es 
que hayan realizado actos voluntarios consientes con el fin de cometer el delito de 
daños materiales en materia de tránsito y no coincide con las actuaciones procesales 
realizadas por fiscalía en cuanto a los indicios de participación del procesado Andrés 
Sebastián Chimbo Pazmiño como autor directo del delito tipificado y sancionado en 
el artículo 380 inciso primero del Código Orgánico Integral Penal, ya que la 
información obtenida por fiscalía no es suficiente para presumir del delito antes 
señalado. 

Por tales consideraciones, la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de 
Justicia de Bolívar, negó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía con la cual 
se pretendía revocar el sobreseimiento dictado por el juez de la Unidad Judicial Penal 
del Cantón Guaranda, Edgar Efraín Del Salto Dávila. 

 

2.2.9 El Sobreseimiento 

 

Cuando hablamos de sobreseimiento debemos entender que esta es considerada 
dentro del mundo del derecho como una institución jurídica creada bajo ciertas normas 
de carácter coactivas con el fin de hallar la justicia de manera eficaz, es por ello que el 


Código Orgánico Integral Penal regula al sobreseimiento en su artículo 605 en el cual 
se menciona lo siguiente: 

 

‘‘La o el juzgador dictará auto de sobreseimiento en los siguientes 
casos: 1. Cuando la o el fiscal se abstenga de acusar y de ser el 
caso, dicha decisión sea ratificada por el superior. 2. Cuando 
concluya que los hechos no constituyen delito o que los elementos 
en los que la o el fiscal ha sustentado su acusación no son 
suficientes para presumir la existencia del delito o participación de 
la persona procesada. 3. Cuando encuentre que se han establecido 
causas de exclusión de la antijuridicidad’’ (Código Orgánico 
Integral Penal, 2021, pág. 217). 

 

De lo enunciado por el Código Orgánico Integral Penal, se puede llegar a 
establecer que el sobreseimiento es una resolución a la que llega el juzgador la misma 
que se iguala y representa a una sentencia ya que pone fin al proceso por haberse 
configurado cualquiera de las 3 causas que se encuentran establecidas en la disposición 
jurídica del artículo 605 del mencionado cuerpo legal. 

El tema del sobreseimiento ha sido objeto de análisis en la presente causa ya 
que el juzgador considero que no existían elementos de convicción suficientes para 
presumir de la existencia del delito de daños materiales y la participación del señor 
Andrés Sebastián Chimbo Pazmiño como responsable del tipo penal antes indicado. 

Es oportuno indicar que Fiscalía inobservó ciertas particularidades 
relacionadas al hecho de que en un inicio existió nulidad por afectación al derecho a 
la defensa del imputado por la pericia practicada del reconocimiento y avaluó la misma 
que fue realizada por el agente de policía Edwin Vinicio Andrade, produciéndose de 
esta forma un efecto jurídico que conlleva a retrotraer el proceso hasta el momento 
procesal en donde se incurrió el vicio de procedimiento. 

El artículo 572 numeral 8 del Código Orgánico Integral Penal hace mención a 
las causas de excusa y recusación en donde se manifiesta que son causas de excusa y 


recusación de los juzgadores el ‘‘8. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con 
alguno de los sujetos procesales’’ (Código Orgánico Integral Penal, 2021, pág. 272), 
lo cual está relacionado directamente con el artículo 511 donde la norma penal 
establece reglas generales para los peritos, en consecuencia, de lo enunciado se 
desprende que agente de policía Edwin Vinicio Andrade debió haberse excusado ya 
que específicamente el numeral 3 y 4 del artículo 511 menciona lo siguiente: 

‘‘3. La persona designada deberá excusarse si se halla en alguna de 
las causales establecidas en este Código para las o los juzgadores. 4. 
Las o los peritos no podrán ser recusados, sin embargo, el informe no 
tendrá valor alguno si el perito que lo presenta, tiene motivo de 
inhabilidad o excusa, debidamente comprobada’’ (Código Orgánico 
Integral Penal, 2021, pág. 245). 

En base a lo argumentado en párrafos anteriores, se aceptó la exclusión de 
prueba por cuanto dicha pericia no tiene valor alguno y como consecuencia Fiscalía se 
quedó sin un elemento primordial para justificar la materialidad de la infracción como 
es el reconocimiento y avaluó de daños o el reconocimiento técnico mecánico de los 
vehículos producto del siniestro. Con ello queda claro que el informe presentado por 
el perito no tiene validez alguna ya que el juzgador en su respectivo momento declaro 
la nulidad a costa del mencionado agente de policía el cual queda impedido por la ley 
para actuar en la presente causa 02281-2019-00313 objeto de análisis. 

Es por esta razón que el juzgador competente una vez que analizó el expediente 
fiscal y considerando los elementos de convicción obtenidos dentro de la fase de 
investigación previa como en la respectiva etapa de instrucción fiscal, consideró que 
estos elementos no son suficientes para llegar a la presunción material del delito de 
daños materiales, ni la participación del procesado señor Andrés Sebastián Chimbo 
Pazmiño como autor del delito antes mencionado. 

 

 

 


CAPÍTULO III 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO INVESTIGATIVO REALIZADO 

 

3.1 Redacción del Cuerpo de Estudio de Caso 

 

Dentro del presente capítulo se encuentra detallado el proceso judicial número 
02282-2019-00313 el mismo que trata sobre la afectación del derecho a la defensa del 
imputado y el actuar de la Fiscalía General del Estado como titular de la acción penal 
pública. 

El estudio de caso referente al proceso judicial 02282-2019-00313 trata sobre 
un accidente de tránsito, donde por medio de un parte policial se da a conocer de este 
particular a la Fiscalía General del Estado del Cantón Guaranda, Provincia de Bolívar 
a fin de que se ordene la respectiva apertura de investigación previa por el presunto 
delito de daños materiales el mismo que se encuentra tipificado en el Art. 380 inciso 
primero del Código Orgánico Integral Penal (COIP); dentro de la presente 
investigación llevada por la Fiscalía como titular de la acción penal pública existe una 
afectación al derecho de la defensa del procesado ya que este no conto con un abogado 
que vele por sus justos intereses en el momento de reconocimiento del lugar de los 
hechos provocando de esta manera una vulneración grave al debido proceso y a la 
tutela judicial efectiva, con estos antecedentes es necesario detallarla minuciosamente 
para tener conocimiento de causa y así poder desarrollar un análisis jurídico amplio en 
relación al caso planteado, por ello es importante partir indicando las circunstancias 
de los hechos según el parte policial No. PTACP118258075, en la que se detalla lo 
siguiente: 

 

‘‘Por medio del presente me permito poner en su conocimiento Mi 
Capitán, que encontrándonos como TANGO CENTRO, como jefe de 
Patrulla Sgop. de Policía Holger Carvajal Barcenes y como 
conductor el Sgos. De Policía Willian Rodríguez Cabrera en el 
vehículo patrullero de placas BEA – 0266; por disposición del Ecu 


911, avanzamos a verificar un posible accidente de tránsito en el 
sector antes indicado, ya constituidos en el lugar se pudo constatar 
que se trataba de un accidente de tránsito de tipología 
ESTRELLAMIENTO, entre el vehículo patrullero marca KIA 
SPORTAGE de placas BEA – 1519, color blanco perteneciente al 
circuito 15 de mayo 1 de la Subzona Bolívar No 2; conducido por el 
Sr. Sgos. de Policía Córdova Erazo Washington Daniel con C.C 
0201660313 y el vehículo tipo bus perteneciente a la Cooperativa 
de Transportes Universidad de Bolívar marca Hino de placas TAS 
– 0556 conducido por el Sr. Serrano Camino Henry Danilo con C.C 
0201796901; en el lugar se encontraba el Sr. Guardian de turno de 
amanecida Sbte. De Policía Jorge Luis Urrego Cueva el mismo que 
indico que se encontraba colaborando en un auxilio (Presunto Robo 
de celular) dispuesto por el ECU 911 al señor Andrés Sebastián 
Chimbo Pazmiño, C.C 0201936887 en las calles Convención de 
1884 y Selva Alegre procediendo a subir al Sr. Andrés Sebastián 
Chimbo Pazmiño al vehículo patrullero para tratar de localizar a 
los causantes del presunto robo del teléfono, en ese instante había 
sacado los seguros de la puerta izquierda de la parte posterior y 
abre la puerta intempestivamente sin darse cuenta que en ese 
momento se encontraba circulando el bus anteriormente indicado 
sobre la calle Selva Alegre por lo cual se produce el evento de 
tránsito tipo estrellamiento causando únicamente daños materiales 
en los dos vehículos, en el vehículo patrullero destrucción de la 
puerta posterior izquierda y en el vehículo tipo bus leves; los dos 
conductores fueron trasladados hasta la jefatura de tránsito para 
realizarles la respectiva prueba de alcohotest donde libre y 
voluntariamente aceptaron realizarse, marcando como resultados 
de los dos conductores 0.00.G/L, así mismo me permito informar que 
los vehículos accidentados fueron trasladados hasta los patios de 
Retención Vehicular de Laguacoto por sus propios medios donde 
quedan bajo custodio del Sr. Cbop. de Policía John Rodríguez, 


Encargado de los Patios de Retención Vehicular’’ (EXPEDIENTE 
FISCAL 020101819020064, 2019). 

El presente accidente de tránsito se suscitó con fecha 15 de febrero del año 
2019 a eso de las 06H55. El agente fiscal de accidentes de tránsito Dr. Gustavo Haro 
Sanabria, una vez que conoce del parte policial inicia la respectiva investigación previa 
con fecha 18 de febrero del 2019 donde se dispone realizar varias diligencias como es 
el reconocimiento técnico mecánico de los vehículos, el reconocimiento del lugar de 
los hechos y las versiones de los involucrados en el accidente de tránsito. 

Dentro de la respectiva investigación previa 020101819020064, con fecha 18 
de febrero del 2019 se nombró como perito al señor Sgos. Edwin Vinicio Andrade 
Oviedo, miembro del JSZAV-B-2, quien practicaría la diligencia de Reconocimiento 
Técnico Mecánico y Avaluó de los daños materiales de los vehículos involucrados en 
el accidente de tránsito. El mismo día son presentados los Informes Periciales de 
Reconocimiento Técnico Mecánico y Avalúos de Daños Materiales. 

Del vehículo de placas BEA-1519 en el respectivo informe pericial existen las 
siguientes conclusiones: 

‘‘6.1.- Se desprende que la reparación de los daños materiales del 
vehículo alcanzaría un monto aproximado de: MIL DOLARES 
AMERICANOS (USD. 1000,00); sin considerar posibles daños que 
se descubran al reparar el móvil. 6.2- Del peritaje técnico mecánico 
efectuado al móvil, se desprende que participo en un accidente de 
tránsito, observándose los daños materiales en el tercio posterior y 
medio del lateral izquierdo del móvil’’ (EXPEDIENTE FISCAL 
020101819020064, 2019, pág. 38). 

Del vehículo de placas TAS-0556 en el respectivo informe pericial existen las 
siguientes conclusiones: 

‘‘6.1.- Se desprende que la reparación de los daños materiales del 
vehículo alcanzaría un monto aproximado de: CIEN DOLARES 
AMERICANOS (USD. 100,00); sin considerar posibles daños que 
se descubran al reparar el móvil. 6.2.- Del peritaje técnico mecánico 
efectuado al móvil, se desprende que participo en un accidente de 


tránsito, observándose los daños materiales en el tercio anterior del 
lateral derecho del móvil’’ (EXPEDIENTE FISCAL 
020101819020064, 2019, pág. 41). 

Además de los Informes Periciales de Reconocimiento Técnico Mecánico y 
Avalúos de Daños Materiales, es presentado en la misma fecha el Informe de 
Inspección Ocular Técnica de Accidentes de Tránsito suscrito por el mismo Sgos. 
Edwin Vinicio Andrade Oviedo, el cual dentro de las conclusiones en relación a la 
causa basal establece lo siguiente: 

‘‘El participante (1) no toma las medidas de seguridad al abrir la 
puerta del móvil (2) ante la presencia y proximidad del móvil (3), 
quien impacta al móvil 2’’ (EXPEDIENTE FISCAL 
020101819020064, 2019, pág. 47). 

De lo enunciado en los párrafos anteriores, se hace referencia a que el señor 
Andrés Sebastián Chimbo Pazmiño abrió intempestivamente la puerta del automotor 
patrullero lo cual es corroborado con las diferentes versiones tomadas por el agente 
fiscal el mismo que acusa directamente al mencionado ciudadano como autor directo 
del delito de daños materiales basándose en el informe emitid por el Sgos. Edwin 
Vinicio Andrade Oviedo. 

En el mismo informe de reconocimiento técnico mecánico y avaluó de daños 
materiales, dentro de las consideraciones técnicas o metodología que se llegó aplicar 
consta lo siguiente: ‘‘Entrevista verbal realizada en el lugar de los Hechos al Sr. 
Chimbo Pazmiño Andrés Sebastián, pasajero del vehículo de placas BEA-1519’’ 
(EXPEDIENTE FISCAL 020101819020064, 2019, pág. 42). El así que el perito, 
Edwin Vinicio Andrade Oviedo, menciona que su causa basal se sustenta en la 
información proporcionada por el señor Andrés Sebastián Chimbo Pazmiño quien en 
ese momento no se encontraba siendo asistido por un abogado defensor. 

Con fecha 04 de marzo del 2019 el agente investigador de la Policía Judicial 
Cbop. Wilson Guido Gavilánez Calero eleva un parte signado con el número 
PJUCP118435834 en la que se detalla lo siguiente: 

‘‘Por medio del presente me permito poner en su conocimiento mi 
teniente, que mediante oficio No. FPD-FEATI-0887-2019-000274-


O, de fecha 18 de febrero del 2019, emitido por el Sr. Dr. Gustavo 
Haro, Agente Fiscal de Accidentes de Tránsito 1 del Canton 
Guaranda, dentro de la Investigación Previa No. 
020101819020064, así mismo me permito hacerle conocer que en el 
sistema SIIPNE 3W, el señor de nombres Andrés Sebastián Chimbo 
Pazmiño, no registra dirección exacta y número de teléfono para 
poder realizar la notificación, por la cual no se pudo realizar la 
entrega de la notificación’’ (EXPEDIENTE FISCAL 
020101819020064, 2019). 

Con fecha 6 de marzo del 2019 comparecen los señores Washington Daniel 
Córdova Erazo, Sargento Segundo de la Policía Nacional y Jorge Luis Urrego Cueva, 
Subteniente de la Policía Nacional, a rendir sus versiones de forma libre y voluntaria. 
Con fecha 10 de abril del 2019 comparece el señor Henrry Danilo Serrano Camino, 
Chofer de la Unidad ‘‘Universidad de Bolívar’’ a rendir su versión de forma libre y 
voluntaria. 

A las 15H40 del 6 de marzo del 2019 el agente fiscal dispone nombrar al señor 
Edwin Andrade Oviedo como perito encargado de realizar la diligencia del 
Reconocimiento del lugar de los hechos del accidente de tránsito. Dicha diligencia no 
pudo ser realizada debido a que los señores Henrry Danilo Serrano Camino y Andrés 
Sebastián Chimbo Pazmiño y sus abogados defensores no acudieron al lugar del 
accidente. 

Con fecha 01 de abril del 2019 mediante impulso fiscal se requiere y se solicita 
que los señores Henrry Danilo Serrano Camino y Andrés Sebastián Chimbo Pazmiño 
se acerquen a rendir sus versiones a fin de establecer la forma en cómo se dieron los 
hechos. Además de ello se solicita que se realice el reconocimiento del lugar de los 
hechos el 10 de abril del 2019 a las 15H00. 

Con fecha 10 de abril del 2019 se dispone nombrar al señor Sgos. Fernando 
Guanotuña Chasi como perito encargado de realizar el Reconocimiento del Lugar de 
los Hechos (Accidente de Tránsito). El mismo día siendo las 16H08 el mencionado 
sargento de policía presenta el parte policial número PJUCP118824574 en el que 
detalla lo siguiente: 


‘‘Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento mi 
Sgos que fui designado para realizar la diligencia de 
Reconocimiento del Lugar de los Hechos (Accidente de Tránsito), 
en el Cantón Guaranda, el día miércoles 10 de abril del 2019 a las 
15H00, con oficio número FPB-FEATI-O887-2019-000416-O, por 
lo que me traslade hasta la Fiscalía del Cantón Guaranda, una vez 
posesionado, nos trasladamos conjuntamente con el Sr. Fiscal Dr. 
Gustavo Haro y la Sra. secretaria de la Fiscalía Ab. Verónica 
Bonilla, hasta la calle Selva Alegre y Convención de 1884, sector 15 
de mayo, lugar donde había suscitado el accidente de tránsito, 
constituidos en el mismo, se encontraban presentes los señores 
Serrano Camino Henrry Daniel acompañado de su representante 
legal Dr. Ramírez Washington con matrícula No. 02-2003-3 del foro 
de abogados, Córdova Erazo Washington Daniel, Chimbo Pazmiño 
Andrés Sebastián, sin su abogado patrocinador, motivo por el cual 
no se pudo dar cumplimiento a la diligencia antes dispuesta por la 
Fiscalía, por lo que solicito de la manera más comedida se eleve el 
presente ante la autoridad competente, para que se designe nueva 
hora y fecha’’ (EXPEDIENTE FISCAL 020101819020064, 2019). 

Con fecha 16 de abril del 2019 el señor Andrés Sebastián Chimbo Pazmiño 
autoriza al Ab. Cristian Ortiz, Defensor Público como su abogado defensor a fin de 
que lo represente en favor de sus justos intereses dentro de la investigación por el 
presunto delito de daños materiales. 

A las 09H36 del 23 de abril del 2019 mediante impulso fiscal se solicita la 
presencia del señor Andrés Sebastián Chimbo Pazmiño el en la Fiscalía de Accidentes 
de tránsito el día 25 de abril del 2019 a las 10H00, a fin de que rinda su versión y poder 
establecer la forma de cómo se dieron los hechos para obtener elementos de 
convicción. 

Con fecha 23 de abril del 2019 siendo las 09H54, el Agente Fiscal Dr. Gustavo 
Haro solicita al juzgador competente se convoque a la audiencia de Formulación de 
Cargos en contra de Andrés Sebastián Chimbo Pazmiño por existir suficientes 
elementos de convicción que hacen presumir la participación en calidad de autor del 


delito de daños materiales. Según el respectivo sorteo de ley, la competencia radica en 
la Unidad Judicial Penal del Cantón Guaranda, conformado por el Juez Ab. Jorge 
Oswaldo Yánez Vásquez que reemplaza al Dr. Edgar Efraín del Salto Dávila, el mismo 
que mediante providencia emitida a las 15H19 de fecha 24 de abril del 2019 señala 
que la audiencia de Formulación de Cargos será efectuada a las 10H30 del día lunes 
29 de abril del año 2019. 

Con fecha 25 de abril del 2019, siendo las 10H10, la Ab. Verónica Bonilla, 
secretaria de Fiscalía sienta una razón indicando que el señor Andrés Sebastián 
Chimbo Pazmiño no ha comparecido al despacho de la Fiscalía a rendir su versión 
libre y voluntaria. 

Con fecha 29 de abril del 2019 siendo las 10H30 se instala la audiencia de 
Formulación de Cargos en la misma que se da inicio a la instrucción fiscal 
procediéndole a notificar al señor Andrés Sebastián Chimbo Pazmiño sobre la 
instrucción por haberse adecuado presuntamente su conducta a lo que está establecido 
en el artículo 380 inciso primero del COIP, esto es accidente de tránsito con resultado 
de daños materiales, por ello se establece que el tiempo de duración de la instrucción 
fiscal será de 45 días. Además de aquello se ordenó la medida cautelar establecida en 
el numeral 1 del artículo 522, esto es la prohibición de salida del país para el señor 
Andrés Sebastián Chimbo Pazmiño. 

Con fecha 20 de mayo del 2019 el agente fiscal provee el escrito presentado 
por el señor Andrés Sebastián Chimbo Pazmiño disponiendo que se emita al despacho 
de esa Fiscalía una copia certificada de la póliza de seguro con la que se encontraba 
asegurado el vehículo patrullero de placas BEA-1519. Además, se dispone que sea 
emitido una certificación en la que se indique si se ha tenido que cancelar algún valor 
económico en relación a la reparación del vehículo patrullero antes mencionado. 

Con fecha 23 de mayo del 2019 el coronel de la Policía Miguel Ángel Bravo 
Zambrano en ejercicio de la delegación conferida por el señor ministro del interior y a 
través de su abogado defensor emite una cotización signada con el número 0000099 
por parte de ‘‘Ambato Colisiones’’ donde se da a conocer que la mano de obra y 
repuestos para el automotor patrullero asciende al monto de mil ciento veinte y dos 
dólares americanos. 


Con fecha 27 de mayo del 2019 el agente fiscal solicita nuevamente al señor 
jefe del comando subzona de bolívar número 2, Miguel Ángel Bravo Zambonino, que 
en un plazo no mayor a 72 horas se remita al despacho de Fiscalía las copias 
certificadas de toda la documentación del seguro que posee el vehículo policial 
involucrado en el accidente de tránsito. 

Con fecha 28 de mayo del 2019 ‘‘Seguros Sucre’’ emite un certificado al 
Ministerio del Interior indicando que el automotor patrullero de placas BEA-1519 se 
encuentra asegurado a la póliza de vehículos 10008638 hasta el 19 de marzo del 2020 
el mismo que es puesto en conocimiento del señor agente fiscal con fecha 30 de mayo 
del 2019. 

Con fecha 31 de mayo del 2019 el agente fiscal solicita nuevamente al jefe del 
comando subzona bolívar número 2 que en el plazo de 72 horas se emita copias 
certificadas de toda la documentación de la póliza del seguro que posee el vehículo 
policial involucrado en el accidente de tránsito. 

Con fecha 04 de junio del 2019 el señor Andrés Sebastián Chimbo Pazmiño 
mediante su abogado patrocinador solicita al agente fiscal la práctica de varias 
diligencias como es la ampliación de la versión de los señores policías Washington 
Daniel Córdova Erazo y Jorge Luis Urrego Cueva; se recepte la versión de Omar 
Patricio García Guevara ya que él se encontraba presente en el momento que se suscitó 
el hecho que se encuentra investigando; la fijación de hora y fecha para la versión libre 
y voluntaria del suscrito y, que se emita una copia certificada del Parte Policial elevado 
respecto al auxilio brindado por parte de la Policía Nacional. Además de aquello en el 
referido escrito en su parte pertinente se hizo constar lo siguiente: 

‘‘Dejo constar señor Fiscal que, pese al requerimiento de la 
Defensa, así como la insistencia de usted señor Fiscal; por parte de 
los señores representantes de la Policía Nacional en Bolívar, NO se 
ha remitido la información requerida respecto a la Póliza de Seguro 
con la que se encontraba asegurado el vehículo patrullero (…); así 
como no se ha emitido la certificación en la que se establezca si por 
la reparación del vehículo patrullero indicado, la Policía Nacional 


ha tenido que cancelar algún valor económico’’ (EXPEDIENTE 
FISCAL 020101819020064, 2019). 

El señor Mayor de Policía Luis del Pozo Sierra mediante oficio número 2019-
281-P4-SZB de fecha 04 de junio del 2019 dirigido al Sr. Coronel de Policía Miguel 
Ángel Bravo, Jefe de la Subzona de Bolívar número 2, establece que la documentación 
requerida por el Agente Fiscal no se encuentra dentro de los archivos ya que dicha 
información maneja directamente el Ministerio del Interior, siendo la encargada de 
seguros del Ministerio del Interior la Ing. Amparito Lastra por lo que se pone en 
conocimiento de este particular al Fiscal Gustavo Haro con fecha 06 de Junio del 2019, 
el cual mediante impulso fiscal de fecha 07 de junio del 2019 dispone de que por el 
hecho de tener presentada acusación particular la Policía Nacional dentro de la 
presente investigación, se insiste con la petición requerida de que remitan oficio a la 
persona correspondiente y así poder obtener las copias certificadas de la póliza de 
seguros del vehículo patrullero de involucrado en el accidente de tránsito. 

Con fecha 07 de junio del 2019 mediante oficio número MDI-CGAF-DA-US-
CERT-218, la Ing. Inés Amparo Lastra, Responsable de la Unidad de Seguros del 
Ministerio del Interior pone en conocimiento al señor Fiscal que el vehículo patrullero 
perteneciente a la Policía Nacional involucrado en el accidente de tránsito de fecha 15 
de febrero del 2019 si cuenta con Seguro Vehicular bajo la cobertura de Póliza vigente 
suscrita con ‘‘Seguros Sucre’’ el mismo que cubre el 100% de los daños materiales a 
consecuencia de siniestros, sin que el conductor del automotor policial ni la institución 
tengan que pagar valor económico alguno por concepto de deducible. 

Con fecha 10 de junio del 2019 la Ing. Inés Amparo Lastra, Responsable de la 
Unidad de Seguros del Ministerio del Interior mediante un correo electrónico da a 
conocer al Agente Fiscal que se ha enviado mediante dicho medio electrónico 
respaldos adjuntos del certificado de cobertura suscrito por Seguros Sucre, Certificado 
de Deducible suscrito por la Unidad de Seguros, Acta de Finiquito y Recibo de 
Indemnización del siniestro donde se encuentra inmerso el vehículo de palcas BEA-
1519, y, Orden de salida del vehículo cuando culmino su reparación. 

Con fecha 10 de junio del 2019 ante el Dr. Cristian Lucio, Fiscal de Bolívar 
comparecen los señores Andrés Sebastián Chimbo Pazmiño y Omar Patricio García 


Guevara a rendir sus versiones de forma libre y voluntaria. También se presentaron el 
mismo día los señores Sargento de Policía Washington Daniel Córdova Erazo y el 
Subteniente de Policía Jorge Luis Urrego Cueva a fin de rendir la ampliación de sus 
versiones ratificándose en lo suscrito dentro del parte policial pertinente. 

Con fecha 17 de junio del 2019 el Agente Fiscal, Dr. Gustavo Haro mediante 
impulso fiscal dispone el cierre de la instrucción fiscal y solicita al juzgador 
competente de la Unidad Judicial Penal de Guaranda se digne en señalar día, hora y 
fecha para que se lleve a efecto la Audiencia Preparatoria de Juicio en contra del señor 
Andrés Sebastián Chimbo Pazmiño. 

Mediante decreto de fecha 18 de junio del 2019 conforme al agendamiento de 
la Unidad Judicial se convoca a la audiencia solicitada para el día 27 de junio del 2019 
a las 09H00 en la misma que se resolvió declarar la nulidad del proceso a partir de 
fojas 42 en los siguientes términos: 

‘‘(…) 5.3.- Con la disposición constitucional anotada up supra se 
prohíbe la indefensión en forma absoluta, total, ilimitada e 
incondicionada, por lo tanto ninguna forma inferior le puede 
condicionar, porque la indefensión de por si influye poderosa y 
decisivamente en la decisión de la causa, no hay forma de 
indefensión que no influya en la decisión de la causa (El Debido 
Proceso de Luis Cueva Carrión), el señor agente de tránsito al 
procesado le había dejado en un estado de indefensión atentando las 
garantías del debido proceso. (…) SEXTO. - DECISION: Al haberse 
inobservado las disposiciones legales en análisis se ha afectado al 
principio constitucional del derecho a la defensa, protegido por el 
artículo 75, 76 numeral 7 de la Constitución de la República del 
Ecuador en sus literales a), c) y e) causando indefensión (…)’’ 
(EXPEDIENTE FISCAL 020101819020064, 2019). 

Con ello queda expuesto que dentro del proceso existió un vicio de 
procedimiento lo cual afecta directamente a la validez de la causa lo que ha conllevado 
a la violación de un derecho a la defensa, nulidad está declarada a costa del señor Tglo. 
Edwin Vinicio Andrade Oviedo, Sargento de Policía, Perito Investigador de 


Accidentes de Tránsito. Debido a la nulidad del proceso también se revocó la medida 
cautelar de Ausentarse del País que fue aceptada por el juzgador en la respectiva 
audiencia de Formulación de Cargos en contra del señor Andrés Sebastián Chimbo 
Pazmiño. 

Es necesario indicar que la nulidad a la cual se hace mención trae consigo el 
efecto jurídico de retrotraer el proceso hasta el momento procesal en donde se incurrió 
el vicio de procedimiento. Con ello quede claro que hasta fojas 41 es válida toda la 
actuación procesal, retomándose desde ese punto nuevamente la investigación previa. 

Con fecha 15 de julio del 2019 a fin de continuar con la investigación previa 
por el delito de daños materiales el Fiscal Dr. Gustavo Haro solicita la versión de los 
Agentes de Policía Washington Daniel Córdova Erazo y Henrry Daniel Serrano 
Camino; y, del señor Andrés Sebastián Chimbo Pazmiño para la fecha 24 de julio del 
2019. Es preciso indicar que el señor Andrés Chimbo no se presentó a rendir la versión 
mientras que los agentes de policía si se acercaron a rendir sus versiones el día, hora y 
fecha señalado. Además, se solicitó que se realice el Reconocimiento del Lugar de los 
Hechos para el día 24 de Julio del 2019, donde según el parte policial 
2019072411524288613 suscrito por el agente investigador del SIAT, Diego Javier 
Allauca Mosquera, se llegó a establecer que la diligencia se suspendió debido a que 
uno de los participantes (Andrés Sebastián Chimbo Pazmiño) no se presentó. 

Con fecha 20 de agosto del 2019 mediante impulso fiscal, el Dr. Gustavo Haro, 
Agente Fiscal de Accidentes de Tránsito solicita al jefe del Comando Subzona Bolívar 
número 2 designe un perito a fin de que se lleve a efecto la diligencia del 
Reconocimiento del Lugar de los Hechos el 05 de septiembre del 2019. 

Con fecha 05 de septiembre del 2019 siendo las 09H00, comparece el señor 
Andrés Sebastián Chimbo Pazmiño con su abogado patrocinador a fin de rendir su 
versión de forma libre y voluntaria el mismo que manifiesta que después de los hechos 
suscitados por el accidente de tránsito se trasladaron donde el Jefe del Comando a 
solucionar el problema de daños materiales el mismo que había indicado que no se iba 
emitir ningún parte en razón de que el vehículo patrullero de la Policía Nacional 
involucrado en el accidente cuenta con seguro el mismo que cubre los gastos al referido 
automotor y a terceros perjudicados. El mismo día a las 15H21 es ingresado un escrito 


por parte del señor Andrés Sebastián Chimbo Pazmiño en la que se da a conocer al 
señor Agente Fiscal que su abogado defensor tiene otra diligencia establecida con 
anterioridad por lo cual no puede acudir la fecha señalada para el Reconocimiento del 
Lugar de los Hechos. 

Según el parte policial número 2019090609332933114 de fecha 06 de 
septiembre del 2019 el señor Sgos. Diego Javier Allauca Mosquera da a conocer al 
Agente Fiscal, Dr. Gustavo Haro que se trasladó hasta el lugar del accidente de tránsito 
la fecha establecida para realizar el Reconocimiento del Lugar de los Hechos dejando 
constancia de que no se presentaron las partes interesadas, únicamente el conductor 
del vehículo tipo patrullero de placas BEA-1519. 

 Con fecha 11 de septiembre del año 2019 mediante impulso fiscal, el Dr. 
Gustavo Haro, solicita que se realice el respectivo Reconocimiento del Lugar de los 
Hechos del accidente de tránsito a las 15H00 del 18 de septiembre del 2019 para lo 
cual deberán estar presentes todos los involucrados. 

Con fecha 12 de septiembre del 2019, el coronel de Policía y subdirector 
General de personal de la Policía Nacional subrogante, Jhony Fabian Jurado Bolaños 
da a conocer mediante oficio número 2019-3892-DGP-DIF-C, al Agente Fiscal Dr. 
Gustavo Haro que revisado el sistema informático no es posible comunicar la 
comparecencia del señor Holger Duberli Carvajal Barcenes y William Vinicio 
Rodríguez Carrera en razón que no registran como servidores policiales. 

Con fecha 13 de septiembre del 2019 la jefe de Talento Humano de la Subzona 
Bolívar número 2, Jenny Elizabeth Minda Chala mediante oficio dirigido al Agente 
Fiscal, Dr. Gustavo Haro, da a conocer que el señor Sgop. Holger Duberli Carbajal 
Barcenes se encuentra con el cese de sus funciones de las filas policiales desde el 30 
de abril del 2019, por tales circunstancias no es posible comunicar para que asista al 
Reconocimiento del Accidente de Tránsito previsto a realizarse a las 15H00 del 18 de 
septiembre del 2019. 

 Con fecha 17 de septiembre del 2019 el señor Andrés Sebastián Chimbo 
Pazmiño por medio de su abogado defensor presenta un escrito ante la Fiscalía de 
Accidentes de Tránsito número 1 manifestando lo siguiente: 


‘‘(…) 2.2. Teniendo en cuenta señor Fiscal, que dentro del caso que 
se investiga está involucrado personal de la Policía Nacional; 
además, el día de los hechos siendo un caso en el que existió 
solamente daños materiales y por tratarse de un accidente donde 
estaba involucrado un vehículo de la institución policial, el personal 
de la Jefatura Subzonal de Accidentologia de Bolívar, acudió al 
lugar del siniestro con la finalidad de realizar el Reconocimiento 
Pericial de Inspección Ocular Técnica de Accidentes de tránsito, 
diligencia que por haberse desarrollado con vulneración a derechos 
constitucionales del compareciente, fue motivo para que el señor 
Juez de la Unidad Judicial Penal del Cantón Guaranda, Dr. Efraín 
del Salto Dávila, declare la nulidad de todo lo actuado a partir de 
este acto procesal. En consideración a lo expuesto y con el fin que 
se garantice el principio de imparcialidad, solicito se disponga la 
práctica del Reconocimiento del Lugar d ellos Hechos con peritos 
especializados en accidentes de tránsito de la Comisión de Tránsito 
del Guayas’’ (EXPEDIENTE FISCAL 020101819020064, 2019). 

Con fecha 20 de septiembre del 2019 el señor miembro de la Policía Nacional 
Cbop. Wilson Guido Gavilánez Calero eleva un parte policial indicando que el 18 de 
septiembre del 2019 no se pudo llevar a efecto la diligencia del Reconocimiento del 
Lugar de los Hechos ya que no se presentó el señor Andrés Chimbo ni su representante 
legal. 

Con fecha 25 de septiembre del año 2019 mediante impulso fiscal, el Dr. 
Gustavo Haro, solicita que se realice el respectivo Reconocimiento del Lugar de los 
Hechos del accidente de tránsito a las 10H00 del 10 de octubre del 2019 para lo cual 
deberán estar presentes todos los involucrados. 

Con fecha 11 de octubre se eleva un parte policial suscrito por el Cbos. William 
Marcelo Changuan Morillo en la que se indica que no se realizó el Reconocimiento 
del Lugar de los Hechos debido a que no se presentó ninguna de los pates interesadas. 

Con fecha 08 de noviembre del 2019 mediante impulso fiscal, el Dr. Gustavo 
Haro, solicita que se realice el respectivo Reconocimiento del Lugar de los Hechos del